El alto precio de la prohibición

30 abril, 2021

El prohibicionismo de drogas en Sinaloa ha tenido costos económicos, políticos y sociales. Este análisis toma como caso de estudio no solo el contexto histórico de las décadas de 1930 a 1970, cuando inició el prohibicionismo y se consagró con la “Operación Cóndor”, sino las décadas del 2000 al 2020, tiempo en que se mantuvo la llamada ‘Guerra contra las drogas’

Texto: Marcos Vizcarra Ruiz*

Fotos: Fernando Brito

Entras y no hay nadie, solo vitrinas con ‘tortillas’ y conos para forjar cigarros. Hay sabores y formas distintas. Se tienen bachichas o pipas graciosas, pero no hay nadie que te atienda. Al fondo una puerta que debes abrir si quieres comprar marihuana.

Hay cámaras por todos lados y un hombre dentro de una habitación completamente distinta, con alacenas, refrigeradores, frascos con hierba y un catálogo impresionante. Hay una mota de California, sabor vainilla, potenciada, de vivero o de campo abierto. Según la que escojas es el precio por gramo. Todo depende de los gustos y el dinero que traigas en la bolsa.

Quizás quieras ‘ponerte arriba’ y para eso está la Sativa o a lo mejor es que quieres que te baje y para eso es la Índica.

Si no sabes forjar, podrás comprarles los cigarros y puedes escoger, hay con filtro o sin filtro, hay suaves y combinados. Pero quizás no quieras marihuana. También hay mercado para ti.

“¿Éxtasis?, ¿chiva blanca?”, dice un hombre que confirma que aquí se vende cualquier cosa. Detrás de él hay un cartel con una leyenda de promoción, como las de los supermercados pero con un producto nada ortodoxo “Ya hay LSD”. Este es el paraíso de las drogas que hoy siguen siendo prohibidas, vendidas incluso con promociones: puedes llevarte tres cigarros de marihuana por 200 pesos.

No tienes que irte lejos, es una tienda en una plaza comercial de Culiacán -como todas estas tiendas- en colonias populares con el nombre de Smokeshop. Son aparadores comunes, como los de California, Estados Unidos, pero con una fachada distinta, al menos hasta que deje de ser tabú y el mercado sea lícito.

Aunque eso no importa. Tanto es así que si no quieres ir a la Smokeshop puedes mandar mensaje a tu dealer de confianza y él te la enviará con otra persona a quien le pagará una comisión por ser un repartidor que combina su trabajo oficial entregando comida y droga con la misma mochila cuadrada y adaptada para guardar el frío o el calor.

Este mercado ya está abierto y a los ojos de cualquiera, ya sea para uso medicinal o recreativo.

Aquí, en Culiacán, la ciudad capital de Sinaloa y el epicentro popular del tráfico de drogas en México, no es legal comprar cualquiera de esos productos, pero sí es algo que precede al mercado que ha consumido a esta ciudad, que se remonta a otras drogas y que resulta ser la explicación perfecta para comprender el costo social, político, administrativo y de violencia que se ha tenido que asumir por el prohibicionismo en México iniciado a partir de 1920 sobre la marihuana y que en 1926 se extiende con la amapola.

Codeína, morfina, heroína… los opiáceos que crearon un mercado

En 1919 el tráfico de opio era una realidad cotidiana. Era fácil hablarlo entre los vecinos sinaloenses, tanto como cuando se habla del maíz o el frijol. Las farmacias trabajaban con el producto de la amapola con previa autorización del gobierno mexicano y se podía vender bajo receta médica hasta por 400 pesos (20 dólares americanos).

Pero había opositores de esa práctica. En la década de 1930 el entonces alcalde de Culiacán, Guillermo Bátiz, informaba sobre la detención de 30 personas originarias de China por hacer tráfico de marihuana y opio para promover “vicios exóticos”; también calificó a esas personas como de “razas indeseables”, según se documentó.

Para ese tiempo ya había un número alto en cultivos de amapola sobre la región serrana de Sinaloa, que abarca prácticamente el 40 por ciento del territorio del estado y es clave para grupos criminales.

En el Archivo General de la Nación (AGN) se tiene una serie de documentos revisados por distintos investigadores como Luis Astorga y Froylán Enciso, quienes han dado cuenta de cómo en aquella época se estigmatizó a grupos sociales, sobre todo de origen chino, para condenar la siembra en Sinaloa.

Esa fama se trasladó tiempo después, para la década de 1960, hacia las y los campesinos de los pueblos enclavados en la sierra -continúa ahí-, de donde habían sido desplazados ya los migrantes chinos.

El otro mercado… que también floreció

En sus documentos, la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno estadounidense indican que la organización criminal imperante en Sinaloa es el llamado ‘Cártel del Pacífico’, liderado por Joaquín Guzmán Loera, «El Chapo», o Ismael Zambada García, «El Mayo», de acuerdo con las versiones oficiales.

Estos archivos no explican el funcionamiento de esta organización, pero sí incluyen términos discursivos sobre líderes, cabecillas y mandos, pero dentro de la organización narran una historia distinta: no hay una estructura piramidal, no hay un líder formal, ni debajo de este otros líderes que funjan como gerentes ni mucho menos.

Hay, sí, grupos criminales que se han adaptado a territorios y formas para la producción, comercialización, venta y ganancia sobre drogas con personajes visibles con una actuación independiente, pero no sujetas a un liderazgo totalitario.

Todos estos grupos actúan en conjunto en situaciones que los ponen en riesgo como organización. El ejemplo más cercano en la historia de Sinaloa es la movilización para evitar la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de «El Chapo».

Ese 17 de octubre

La tarde del 17 de octubre de 2019  hubo grupos armados que paralizaron Culiacán para evitar la detención del hijo de «El Chapo», quien el 12 de febrero de ese mismo año fue declarado culpable en una corte de Nueva York por delitos de narcotráfico.

Las autoridades perdieron el control de ese operativo, tanto que un día después lo calificaron como “fallido”, con inconsistencias desde su origen sin personas responsable del desastre en la capital de Sinaloa.

Ese día hubo 19 bloqueos, 14 enfrentamientos, centenas de balas disparadas, 13 personas asesinadas, entre ellos víctimas inocentes, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército. Hubo también amenazas contra familiares de soldados en la zona habitacional 21 de Marzo y en contra de militares en las bases de Cosalá, Badiraguato y San Ignacio, según informó Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa, el 30 de octubre.

Las personas que forman parte de esa organización, los que son pistoleros, quienes siembran, cosechan y producen drogas ilícitas o las fabrican en laboratorios describen un contexto contrario a la narrativa oficial.

“Aquí son varias familias que comparten un mismo territorio y a veces hacen negocios juntos”, señala un hombre entrevistado para esta investigación de nombre Marcelo.

«El Cártel es un concepto completamente de la DEA», agrega.

Ese concepto, según datos de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) se conforma de distintos grupos, entre ellos los de Ismael Zambada García, la familia Cázarez Salazar, la familia Flores Cacho, el grupo de Rafael Caro Quintero, la familia Fuentes Villa, la familia de Juan José Esparragoza Moreno, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, la familia de Héctor Román Angulo y la familia de Dámaso López Núñez, entre otros.

De estos, sobresalen nombres y personajes, como el de Ismael Zambada García, «El Mayo», y Rafael Caro Quintero, pero ninguno de ellos ha sido, a la fecha, seleccionado como un líder máximo. Ni siquiera el gobierno estadounidense o el mexicano se han aventurado a clasificarlos como tal.

«Hay muchos grupos independientes que no rinden cuentas a ningún grupo grande, sino que les pagan por el transporte de droga», explica un hombre productor de drogas sintéticas al que llamaremos Pablo.

«Por ejemplo, si tienen una avioneta que puede transportar mil kilos, pero un grupo lleva 500, entonces se juntan con otro y cada quién paga para completar, pero no es que sean las ganancias para alguien, sino para cada grupo».

Son grupos, la mayoría pequeños, que llegan a acuerdos para apoyarse en negocios ilícitos o para protegerse, como sucedió el 17 de octubre en Culiacán, cuando distintas bandas se unieron para evitar la detención de Ovidio Guzmán López.

«El Cártel como tal es un mito, son familias, son facciones», asegura Pablo.

Entonces ¿cárteles, líderes de plaza, sicarios, narcotraficantes, halcones o punteros, puchadores (narcomenudistas), células delictivas, operadores financieros, entre otras frases y palabras son palabras correctas o bien usadas?

Esas palabras y frases son parte del discurso introducido en notas de prensa, películas, series de televisión o servicio de streaming y narcocorridos. Todas, siempre, dichas primero por autoridades bajo anonimato con filtraciones habladas y documentos clasificados.

«Este lenguaje legitima las acciones de gobierno más brutales, como la militarización o la utilización de congelar cuentas bancarias, someter a examen a un país como México y también, por supuesto, la oportunidad que genera la militarización como negocio», aseguró Zavala en entrevista para el diario Reforma a este periodista.

«El Plan Mérida o el Plan Colombia fueron jugosísimos negocios para el Gobierno estadounidense, ni hablar de la circulación de armas. Este lenguaje legitima que haya partidas presupuestarias extraordinarias para agencias como la DEA, la CIA o el Ejército».

Para 2006, cuando inició la llamada ‘guerra contra las drogas’ por la administración de Felipe Calderón Hinojosa, se echó toda una maquinaria militar con el proyecto securitario de “recuperar el territorio”.

Los estados hicieron lo propio, sobre todo aquellos que se vieron mayormente afectados por la violencia y fue ahí que floreció un negocio rentable: el de la seguridad.

Empresas que se dedican a la tecnología en seguridad entendieron que las entidades federativas con problemas de violencia pagarían sumas millonarias por sus productos y servicios.

Y tuvieron razón. Para contratarlas, los gobiernos estatales lo hicieron de manera directa, sin concursos públicos ni mucho menos transparentes bajo la justificante administrativa y legal de ser “por seguridad nacional”.

En Sinaloa operó la empresa Comunicación Segura, que es filial del grupo empresarial Seguritech. La firma proporcionó distintos servicios en tres contratos diferentes, cuyo costo total fue de mil 307 millones 218 mil 146 pesos, pagados en el transcurso de 5 años como arrendamiento, entre 2011 y 2016, durante el sexenio del gobernador Mario López Valdez.

Ese grupo empresarial se instaló en otras entidades como Guanajuato, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Sonora, sólo que cada uno de esos estados tuvo peticiones y costos diferentes.

En total, por servicios para las 11 entidades, la empresa obtuvo 22 mil 307 millones 297 mil 718 pesos desde 2007 hasta 2018, según contratos obtenidos por transparencia y reportes de auditorías federales y locales.

La violencia, sin embargo, no cesó.

En 2012, con un cambio de gobierno presidencial, ahora a cargo del priista Enrique Peña Nieto, la decisión fue mantener al Ejército en las calles, pero con mayor poder. En distintas regiones del país se instalaron mandos militares para asumir la administración de la seguridad pública.

En el caso de Sinaloa, el empoderamiento del Ejército se formalizó para 2017, cuando también asumió la gubernatura el político priista Quirino Ordaz Coppel (2017 – 2021).

El 3 de enero de ese año llegó la primera parte de la hoy Tercera Brigada de Policía Militar, con cerca de mil elementos. Pasaron dos meses y llegaron otros 300 con un espectáculo aéreo en el hangar de la Fuerza Aérea en Culiacán. Después de dos años, ya sumaban 3 mil 200 policías militares conformados en una brigada.

En ese tiempo, el Gobierno del Estado les dotó con armas, patrullas y vehículos especiales.

“Mucho del procedimiento operativo que ya se ha implementado va a servir de base para replicarse en los estados para en coordinación, llevarse los operativos”, dijo Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad Pública en 2019 a este periodista.

Una de las compras realizadas fue la de dos aviones no tripulados por un costo de 72 millones 199 mil 580.80 pesos a la empresa Hydra Technologies de México.

En un convenio que se firmó el 2 de marzo de 2017, obtenido a través de solicitudes de información, el Gobierno de Sinaloa estableció que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) debía hacerse cargo de la operación de los drones.

El gobierno del Estado se comprometió también a proporcionar alimentación, hospedaje, viáticos y estímulos económicos entre los 3 mil a los 8 mil pesos, según el grado militar.

El convenio se hizo junto con otro que implicó la construcción de la base militar en El Sauz, Culiacán. En total, se erogaron 1,053 millones de pesos, de los cuales 740 corresponden a recursos del gobierno de Sinaloa y 313 al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Esa obra consta de una unidad habitacional con 201 viviendas distribuidas en 12 edificios multifamiliares, una casa tipo 100-SDN y dos edificios multifamiliares tipo de dos niveles con dos viviendas por nivel. Su inauguración fue el 27 de noviembre de 2018, en una ceremonia en la que participó el entonces Presidente Enrique Peña Nieto, el ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

El entonces Presidente informó que durante su sexenio se construyeron 384 obras de infraestructura militar y naval, incluyendo 22 Cuarteles, entre los que destacan cinco Brigadas de Policía Militar, 13 Batallones de Infantería, un Regimiento de Caballería Motorizada, una Base Aérea, un Cuartel de Región Aérea y un Cuartel de Ingenieros de Combate.

Todas esas obras fueron hechas por la Sedena. Es decir, además de ser la encargada de la seguridad estatal, la dependencia militar también se convirtió en un aparato constructor. No necesita competir contra empresas privadas y los gobiernos pueden contratarla bajo convenios poco – o nada – transparentes.

Para 2019, en Sinaloa se signó otro convenio para que mandos militares se hicieran cargo de forma total del Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, conocido como C4i. Ese lugar es donde se concentra toda la información para comprender las causas de la violencia en Sinaloa.

Ese mismo año ocurrió aquella movilización para evitar la captura de Ovidio Guzmán López.

¿Dónde estaban aquellos 3 mil 200 policías militares? la respuesta fue dada por el gobernador Ordaz Coppel: ya no estaban.

Para mantener a esos policías, el Gobierno del Estado firmó tres convenios con la Sedena llamados “convenios de colaboración para la seguridad”. Cada año debían renovarse y en 2019 sucedió a causa de otro cambio en la política securitaria federal.

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, un político declarado de izquierda y opositor, según su discurso de campaña, a las estrategias securitarias de Calderón – y posteriormente de Enrique Peña Nieto – prefirió mantener al Ejército bajo una nueva modalidad de orden civil denominada “Guardia Nacional”.

Una de las primeras tareas de este nuevo organismo fue la de reforzar la política migratoria de México en la frontera sur, tras una serie de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para evitar el paso de personas migrantes hacia este país.

Fue así que de los 3 mil 200 elementos, solo se quedaron 60 habitando el complejo construido con mil 53 millones de pesos.

“No es decisión mía moverlos o no, nosotros el compromiso fue la construcción, la inversión de casi 800 millones para El Sauz, ellos la construyeron y ellos son quienes lo operan y administran, la Defensa y un comandante de la propia Policía Militar de El Sauz”, expresó Quirino Ordaz Coppel en noviembre de 2019 al semanario Ríodoce.

Los dos discursos sobre la violencia

La narrativa sobre la que se construye toda la estrategia de combate a los grupos del narcotráfico no ha bastado para detener la violencia en Sinaloa.

Esas organizaciones, que tienen, según la versión oficial, el control de la producción y tráfico de drogas ilegales han logrado obtener un poder que parece superior a todo ese gasto y militarización del Estado, con el objetivo de disminuir la violencia.

Para 2010, cuando los asesinatos se convirtieron en la medición específica para comprender la violencia, Sinaloa llegó a ocupar el primer lugar nacional con 2 mil 250 casos. Las policías civiles y militares hacen la comparativa con la situación actual, pues para 2020 solo se registraron 809 casos.

Bajo esa lógica podría entenderse que la razón atiende al discurso oficial.

Sin embargo, durante el mismo periodo crecieron otros delitos que explican una nueva lógica criminal, se trata de las desapariciones forzadas de personas y el desplazamiento forzado interno.

Sobre desapariciones de personas, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, en Sinaloa se han documentado hasta 10 mil 306 denuncias, de las cuales 4 mil 624 siguen vigentes, pues otras mil 119 fueron halladas asesinadas y otras 4 mil 563 con vida.

Las desapariciones de personas se convirtieron en un nuevo síntoma que revela otra problemática local y nacional, la forense.

Entre 2006 y 2019, miles de cadáveres fueron ingresados a los Servicios Médicos Forenses de todo el país, de acuerdo con datos obtenidos por Quinto Elemento Lab, los cuales revelan que a finales de 2019 quedaron sin ser identificados 38 mil 891 cuerpos. 

Ha sido un problema gradual que ha crecido con el paso de los años. Por ejemplo, en 2006 los cuerpos sin nombre (NN en el argot forense) fueron 178; al siguiente año se duplicaron a 433. El fenómeno se hizo cada vez más masivo: 2018 cerró con 4 mil 408 y para 2019, el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, otros 4 mil 905 se acumularon.

En esos 14 años el ingreso a los anfiteatros de cuerpos a los que no se les pudo devolver el nombre se incrementó en mil por ciento.

Para el caso de Sinaloa, la crisis es de un tamaño impresionante:

Del 2006 y hasta el 30 de septiembre este año 2020 se tiene un acumulado en la base de datos de 1,217 cadáveres y osamentas sin identificar, de los cuáles 880 corresponden a cadáveres y 337 osamentas, Sobre dichos cadáveres/osamentas se mantiene un registro de 695 en fosas comunes, 512 en instalaciones del Servicio Médico Forense y 10 en la osteoteca, Según informó la Fiscalía General del Estado a través de una solicitud de información.

Gran parte de este registro de personas no identificadas fue documentado en morgues de empresas funerarias.

Además de Sinaloa, al menos en 15 entidades del país las funerarias particulares sustituyen algunas de las funciones de los anfiteatros gubernamentales. Es así en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo según fuentes hemerográficas, expertos consultados y la confirmación directa con las propias fiscalías.

La desaparición de personas reveló esta crisis y al mismo tiempo la falta de estrategia para evitarlas.

Esta violencia, que sostiene un ritmo numérico a la alza en Sinaloa y todo el país, es solo una parte de las nuevas lógicas de acción de los grupos criminales. Otra también documentada es el desplazamiento forzado interno.

Violencias cíclicas

En 2011 Sinaloa comenzó a registrar un fenómeno similar al que sucedió entre 1975 y 1978, con la “Operación Cóndor”.

En aquellos años se hizo ese operativo en la zona serrana de Sinaloa por la llamada guerra contra las drogas en Estados Unidos. El gobierno de México decidió destruir cultivos ilícitos, principalmente amapola; también se persiguió a campesinos, algunos encarcelados, otros desaparecidos y unos más asesinados. De todo eso hay testimonios.

Los pueblos de la zona serrana de Sinaloa, entre ellos los de Badiraguato, tuvieron un éxodo importante hacia las ciudades, los campesinos prefirieron abandonar sus terrenos de cultivo y residir escondidos en casas de lámina y cartón en las periferias. A la fecha, se desconoce el número de personas que fueron expulsadas por la violencia.

Las comunidades quedaron en aislamiento y olvido – actualmente siguen así – y los habitantes que se quedaron asumieron también sobrevivir en situaciones extremas, sin una autoridad estable. En la década de 1970 la extinta Procuraduría General de la República se instaló en esa región hasta 2006. Ese año se envió al Ejército, aunque la situación no cambió.

Además de la Operación Cóndor (1975 a 1978), hubo otros operativos militares que se desplegaron en la serra de Sinaloa, uno de nombre Fuerza de Tarea Marte (1985) y Operativo Sierra Madre (2006), diseñados con el mismo propósito en la región: erradicar la amapola y marihuana.

Tuvieron las mismas consecuencias, la de violaciones a derechos humanos, atestiguados con desplazamientos forzados por la falta de una política distinta a la prohibicionista.

Para 2011, el gobierno local decidió emplear un operativo similar y ordenó la destrucción de plantíos en los municipios de Cosalá, Badiraguato, Mocorito, Choix y El Fuerte, provocando así otra migración forzada interna.

El resultado: hubo más ataques y más personas desplazadas entre 2011 y 2016. Aunque no se hizo censo alguno, hay organizaciones como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, así como la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa han establecido que hubo entre 25 y 30 mil personas que abandonaron sus pueblos.

Hubo quienes se refugiaron con familiares en otros municipios, principalmente Culiacán, Mazatlán y Ahome, pero hubo otros que quedaron a merced de la supervivencia.

En 2017 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que urgió la protección inmediata de las personas desplazadas, la creación de viviendas y un censo que inició dos años después, en 2019.

La Secretaría de Desarrollo Social de Sinaloa hizo cargo de ese censo, al cual se declaró atemporal, asegurando que es la única forma de asegurarse que se seguirá contabilizando personas en otros momentos de violencia, como sucedió en 2020 en Concordia, Culiacán, Badiraguato y Choix.

Uno de esos casos ocurrió el 25 de junio de 2020 en Bagrecitos, un pueblo al norte de Culiacán, cuando fueron asesinadas 16 hombres de una forma grotesca: Hubo hombres que fueron mutilados y decapitados, algunos más fueron heridos con balas hasta que murieron.

Dos de esas personas viajaban en su motocicleta de un pueblo hacia otro, después de haber dado de comer al ganado, pero se encontraron con los hombres armados y terminaron siendo víctimas de un ataque organizado. Las autoridades informaron que eso sucedió por confrontaciones internas de la organización “Cártel del Pacífico”.

El censo ha servido para conocer un número aproximado de personas desplazadas de manera forzada. Bajo solicitudes de información se conoce que hasta 2020 se registraron casi 10 mil personas desplazadas que habitan en 15 municipios de Sinaloa y en lugares fuera de este Estado.

MunicipioNúmero de familias censadas
Culiacán932
Mazatlán601
Choix210
Sinaloa174
Guasave126
Concordia97
Salvador Alvarado124
Ahome46
Badiraguato81
El Fuerte27
Navolato10
Mocorito12
Elota5
Angostura8
El Rosario5
Cosalá4
Lugares diversos ( fuera del estado)17
Asentamiento desconocido22
TOTAL2,501 familias
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

La respuesta estatal a esta problemática es la construcción de casas en las ciudades donde ya habitan las personas desplazadas. Es decir, esas casi 10 mil personas no volverán a sus pueblos, lo único que les queda es aceptar vivir en esos lugares asignados por el gobierno en lugares a donde están forzados a vivir para no ser asesinadas.

El terror de las desapariciones y el desplazamiento superó ya a los asesinatos. Las dinámicas de violencia son completamente distintas al catálogo relacionado con la lógica estatal de medición violenta.

Quien produzca metanfetamina lo seguirá haciendo; el que trafica fentanilo u otro opiáceo se mantendrá en el mercado; los campesinos seguirán sembrando marihuana y amapola. Este mercado está, existe, sirve, se mantiene vivo y así seguirá con precios puestos en la misma lógica capitalista de oferta y demanda, con precios altos dados y definidos no por Wall Street o las bolsas de Tokio, Londres o Hong Kong. No. Obedece únicamente al valor de la sangre, de las desapariciones, el desplazamiento y el terror en los pueblos. Obedece al prohibicionismo impuesto hace ya casi 100 años en México.


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