Los indígenas que cultivan amapola no son sólo víctimas pasivas de la “guerra contra las drogas”, también pueden negociar tanto con el Estado como con los grupos criminales para defenderse de las amenazas que ambos actores plantean a su modo de vida, a sus tierras, a su autonomía política y a su seguridad física y la de sus familias

Texto: Nathaniel Morris

Foto: Isael Rosales

Hoy en día, para muchos campesinos de algunos de los rincones más montañosos y marginados del país, la producción de opio es el único negocio que sigue pagando bien. Pero, ¿de qué sirve el dinero si no sobrevives para gastarlo?

Cultivar amapola en México es un negocio peligroso. Mis notas de campo de las comunidades indígenas de El Nayar —el municipio más grande y pobre de Nayarit, donde se destruyeron más hectáreas de amapola que en cualquier otra parte el estado entre 2000 y 2020—11. Elaborado con datos de MUCD, Base de datos 2021. están llenas de referencias a violencia, asesinatos, secuestros y desapariciones:

12/04/2014: “Llegué justo cuando el cortejo salió de la iglesia hacia el panteón para enterrar a [X]… asesinado el miércoles, aunque oficialmente se haya declarado accidente: una bala perdida. 22. Todo lo que esté en cursivas aparece en español en el original. [Z] me dice que en realidad fue un altercado con los cuidadores del campo de amapola a donde él y unos amigos entraron a robar goma. Lleno de plomazos, fue como [Z] describió el cuerpo de su sobrino”.

5/04/2019: “¿Qué más ha pasado? Bueno, mataron a mucha gente el año pasado, creo que se puso muy feo a partir del verano. Mataron a un tipo llamado [Y] —creo que fue su propio primo— en una bronca por la venta local de metanfetamina. También mataron a [V], a quien también conocí, pero no me acuerdo de su cara. Tal vez fue al mismo tiempo que al hijo de [M]. En fin, al parecer hubo muchos asesinatos y balaceras por las noches, pero ahora todo está más tranquilo”.

De hecho, mientras escribía este artículo, me enteré de que hace tres meses mataron a uno de mis mejores amigos de la región, un agricultor náayari de amapola que había sido mi guía, intérprete y compañero de muchas aventuras en la sierra. Sigo sin saber qué pasó exactamente, lo único que oí fue que “se metió con la maña y lo mataron”.33. Entrevista telefónica con [G], Sierra del Nayar, 6 de abril de 2021.

Las estadísticas oficiales demuestran que la conexión entre la producción de opio y la violencia es más que anecdótica. Es sistémica. En el pico de la erradicación, en 2018, se destruyeron 1,163 hectáreas de plantíos ilegales de amapola en El Nayar, lo equivalente a un tercio de campo de futbol por cada hombre, mujer y niño del municipio. Ese mismo año, los habitantes de El Nayar tenían la segunda probabilidad más alta del estado de morir asesinados y, de hecho, el municipio tuvo la tercera cifra más alta de homicidios,44. México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Atlas de Homicidios 2018, disponible en https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2019/12/MUCD-2019-Atlas-de-homicidios-2018.pdf. entre cuyas víctimas estuvo el jefe de la policía municipal.55. Redacción (11 de julio de 2018), “Autoridades confirman asesinato de director de la Policía de El Nayar y revelan detalles del crimen”, El Sol de Nayarit.

El riesgo que vive la región se ha confirmado durante la mayor parte de las últimas dos décadas con la sorprendente tasa de homicidios: 100 de cada 100,000 habitantes en promedio en El Nayar. Y eso tampoco es ninguna coincidencia. Es el resultado directo de la nada metafórica “guerra” del Estado mexicano contra la producción de drogas y el narcotráfico, y de los intentos simultáneos de políticos, policías y ejército por controlar el comercio de droga ya sea en oposición o en alianza con otros grupos de traficantes. Los pequeños sembradores de amapola terminan cargando con el costo de la represión estatal militarizada y de la violencia criminal que se deriva de esa situación contradictoria. Yo lo vi con mis propios ojos en El Nayar en 2018:

El año pasado, para estas fechas, después del arresto del fiscal general de Nayarit [por tráfico de drogas], seguía sin haber plaza [en El Nayar], el precio [del opio] estaba más alto que nunca, todos estaban de buen humor y comiendo bien (aunque inevitablemente bebiendo mucho). Pero parecía que todo mundo sabía que, tarde o temprano, un cártel u otro llegaría a reclamar la plaza, y estaban conscientes de que con ello llegaría por lo menos cierto nivel de violencia. Y, desafortunadamente, no se equivocaron: el pasado octubre, llegaron unos hombres armados buscando a los compradores locales [de opio]… Los compradores huyeron, pero los sicarios amenazaron a sus familias,  balacearon algunas casas y parece que [los compradores] se terminaron entregando. No los han vuelto a ver. Y ahora, quien sea que controle el ‘mercado’ local bajó los precios al mínimo en años (alrededor de 8-9 pesos por gramo), el ejército está tumbando [destruyendo plantíos de amapola] a diestra y siniestra (al parecer ahora son más eficientes con la ayuda de drones y sin tratos con el gobierno estatal), y la mayoría de la gente volvió a caer en una pobreza infernal. Aunque ahora esté tranquilo, la gente teme otros estallidos de violencia y muchas familias han huido.66. Notas de campo del autor, El Nayar, mayo de 2018.

Este fenómeno no se limita a Nayarit. Las comunidades indígenas de todo México cargan con los costos de la represión estatal por la producción de opio y con la violencia de los cárteles. En los territorios del sur de Durango donde se produce opio —y donde también he hecho trabajo de campo—, los habitantes del pueblo indígena o’dam son constantemente atacados, secuestrados y asesinados por grupos armados que buscan un control aún mayor sobre el comercio local de drogas. Al respecto, Selene Galindo, académica y cineasta o’dam, reportó en un discurso ante la Cámara de Diputados en 2019 que los propios fiscales estatales han reconocido que “se ha vuelto una costumbre ir y levantar a un grupo de o’dam, golpearlos, ‘armarlos hasta los dientes’ y luego sacar una nota periodística que los inculpa [como narcos] y dejarlos pudrirse tras las rejas tanto en Durango como en Jalisco”.77. Selene Galindo (3 de octubre de 2019), Discurso en Lengua O’dam ante la Cámara de Diputados, disponible en:

El hecho de que algunos de los centros más importantes de la producción de opio en México —y de la violencia que la acompaña— sean zonas indígenas es consecuencia de una historia larga y racista: la historia del país mismo. Los legados del colonialismo, los programas discriminatorios de desarrollo económico y cultural, los impulsos de urbanización mal concebidos y las reformas neoliberales extractivas perpetuaron la ruralidad y el subdesarrollo en algunas regiones de México, como el Gran Nayar en Nayarit, Durango y Jalisco; las sierras del sur de Chihuahua; las montañas costeras de Michoacán; la Mixteca oaxaqueña, y la montaña de Guerrero.

El opio: estrategia de supervivencia económica y cultural

Muchas veces, la única alternativa para ganar lo suficiente y poder seguir practicando algunas de las costumbres “tradicionales” sin tener que dejar sus comunidades en busca de trabajo en otro lado es entrando al mundo “moderno” del comercio de drogas. Para seguir siendo campesinos, han tenido que cultivar y vender la goma de opio que la amapola rezuma, preciosa como gotas de plata fundida, pero pegajosa como sangre a medio secar.

La ironía de la situación es que, para muchos pueblos indígenas, la producción de opio es una estrategia de supervivencia económica y cultural que trae consigo sus propios y aterradores peligros físicos.

Pero los indígenas que cultivan amapola no son sólo víctimas pasivas de la “guerra contra las drogas”, también tienen agencia: pueden negociar tanto con el Estado como con los grupos criminales para defenderse de las amenazas que ambos actores plantean a su modo de vida, a sus tierras, a su autonomía política y a su seguridad física y la de sus familias. A fin de cuentas, las comunidades indígenas han sobrevivido cinco siglos de dominación, intentos estatales de aniquilación cultural, étnica y, en muchos casos, física, además de los ataques de gente armada, desde conquistadores renegados hasta bandidos, paramilitares, revolucionarios y rebeldes de todo tipo. Por lo tanto, no es de sorprender que las estrategias de los pueblos originarios para resistir la presión violenta de los sicarios y de los guachos sean tan viejas como el país mismo, si no es que más, ni que dichas estrategias se puedan dividir a grandes rasgos en tres categorías tradicionales: negociaciones legales, resistencia pasiva y uso —o amenaza de uso— de la violencia.

Legalismo

Los pueblos indígenas de México han usado formas “legalistas” de negociación desde la Conquista, muchas veces en forma de peticiones y solicitudes “oficiales” de protección ante autoridades superiores.88. Romana Falcón (2006), “El arte de la petición: Rituales de obediencia y negociación”, HAHR, vol.86, no.3, p. 467.El éxito de las peticiones dirigidas al Estado no está garantizado en absoluto, pues depende de que haya algún individuo dentro del aparato estatal con quien se pueda negociar. Sin embargo, las maniobras legales siguen siendo una táctica fundamental y la forma de negociación menos riesgosa a la que pueden recurrir los agricultores indígenas de amapola.99. Para más detalles, véase Romain LeCour, Nathaniel Morris y Benjamin Smith (febrero de 2019),“No More Opium for the Masses: From US Fentanyl Boom to the Mexican Opium Crisis, Opportunities Amidst Violence?”, Noria/Justice in Mexico/Wilson Center, pp. 13-17.

En una de mis primeras visitas a las montañas de Nayarit, asistí a una junta de las autoridades tradicionales de una de las comunidades náayari donde redactaron una petición para el gobernador del estado. Denunciaban los abusos de los soldados durante redadas para buscar depósitos ocultos de opio. En el caso que mejor recuerdo, los soldados no encontraron drogas, pero de todas formas “confiscaron” varias piezas de joyería, una paca de ropa de mujer, un cinturón bordado, algunos jeans, dos piezas grandes de queso y, rayando en el patetismo, un paquete de sopas Maruchan, además de que golpearon a la familia, por no dejar.

La ironía de la situación es que, para muchos pueblos indígenas, la producción de opio es una estrategia de supervivencia económica y cultural que trae consigo sus propios y aterradores peligros físicos.

Aunque los locales supieran muy bien que la amapola era ilegal, buscaban protección denunciando los abusos de las fuerzas estatales en nombre de la “guerra contra las drogas” con la esperanza de que las autoridades transfirieran a esos elementos a otra parte. En muchas de esas peticiones, los locales también tratan de explotar la compleja estructura del Estado mexicano quejándose con el gobierno estatal de Nayarit de que las fuerzas federales los hostigan y les roban, denunciando ante el gobierno federal las golpizas que les propinan los policías municipales y estatales, y acusando a todos los anteriores con los medios y con quien los escuche de estar coludidos con los narcos de la región.1010. Por ejemplo, Patricia Dávila (27 de enero de 2018), “En Nayarit, cientos de desaparecidos ante la indolencia estatal”, Proceso, disponible en https://www.proceso.com.mx/520152/en-nayarit-cientos-de-desaparecidos-ante-la-indolencia-estatal.

A veces, esas quejas y peticiones legales —sobre todo cuando los medios las amplifican— provocan la intervención de autoridades superiores y han logrado darles un respiro de ciertos funcionarios particularmente abusivos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las solicitudes caen en oídos sordos, por lo que no tienen mayor efecto que dar a las comunidades que las emiten el consuelo ilusorio de haber recurrido a la justicia.

Resistencia pasiva

Cuando las maniobras legales no funcionan para librarse de presiones externas, los productores indígenas de opio recurren a tácticas clásicas de “resistencia pasiva”, como retrasar procesos, desobedecer mandatos, evadir el tema y fingir incomprensión.1111. James C. Scott las ha definido como “armas del débil”, véase (1986), Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, New Haven: Yale University Press, xvi, pp. 29-35.En Nayarit, los agricultores de amapola usan su carácter de indígenas para que esas tácticas defensivas sean más efectivas. Por ejemplo, se comunican por walkie-talkie exclusivamente en lengua náayeri para que sus mensajes sean incomprensibles para cualquier extraño que los esté oyendo, ya sea soldado o sicario; otros fingen no hablar español para evitar que los interroguen soldados o policías.

Las mujeres o’dam de las comunidades productoras de opio del sur de Durango también han usado su etnia y su género para evitar problemas con las fuerzas del Estado, por ejemplo, explotando la intersección de códigos sociales antiguos con preocupaciones más modernas sobre violencia contra las mujeres, lo que las vuelve (un poco) menos vulnerables a los asesinatos arbitrarios que a los hombres. Así, cuando llegan miembros del Ejército para destruirlos [los sembradíos] los encaran en su lengua materna… [los soldados buscan] intérpretes para que les traduzcan lo que ellas les dicen y lo que ellos van a realizar, para así poder dialogar con las mujeres. […] [Ellas] argumentan que los plantíos no son propios, a pesar de estar en el patio de sus viviendas y a un metro de distancia de lo que es en sí la casa. […] curiosamente ahí no encontraron varones.1212. Saúl Maldonado, “En Durango mujeres indígenas plantan mariguana y amapola en sus patios”, La Jornada, 23 de octubre de 2016.

Pero otras veces incluso eso ha sido muy arriesgado, y mujeres y hombres o’dam simplemente han tenido que huir de sus comunidades, “atemorizados por la presencia de los militares enviados a erradicar plantíos de amapola. En la aldea permanecían únicamente maestros, empleados y niños del albergue. Pero como si no lo estuvieran, pues eran renuentes a opinar o dialogar. Mudos ante el temor de ser inculpados o amenazados”.1313. Yuri Alex Escalante Betancourt (2020), “La aldea militar. Una etnografía del estado de sitio”, Narrativas antropológicas, núm. 2, año 1, p.36.

Resistencia violenta

Como la violencia es la más peligrosa de todas sus estrategias de negociación, los agricultores de amapola tienden a usarla de manera defensiva y como último recurso, y sólo contra los grupos criminales más violentos o “corruptos”, o contra funcionarios públicos que no hayan reaccionado a las peticiones legales o a la resistencia pasiva. Pero aunque sea relativamente poco común, ese tipo de violencia se ha dado desde hace mucho tiempo en todo México.

En las montañas de Nayarit, por ejemplo, un corrido local llamado “Los doce coras” conmemora una batalla en los años ochenta entre agricultores indígenas de amapola y el ejército, durante la cual tiraron un helicóptero:

Con destino de la sierra, casi pegado a Durango

Un helicóptero pasa y todo iba reportando

Todo casi estaba listo. La amapola está floreando

Ya mataron 12 coras, por cuidar esos lugares

Pero no se fueron todos, quedaron seis militares

También tumbaron al “Mosco”, que los puso en sus lugares.

Desde entonces, el uso de la violencia de los campesinos contra fuerzas del Estado y grupos criminales en México no sólo se ha vuelto más común, sino también más organizado, sobre todo cuando se une a las milicias locales llamadas “policías comunitarias”.

Aunque los ejemplos paradigmáticos de policías comunitarias en México se encuentren en Guerrero, los casos no se limitan a ese estado. En 2015, durante mi trabajo de campo, hice estas observaciones en una comunidad indígena en Nayarit:

La situación ha sido más bien tensa los últimos años; mucha actividad del narco y, peor aún, abusos de la policía y del ejército, además de los pleitos habituales entre jóvenes borrachos… El comisario de un pueblo sigue en la cárcel; lo acusaron de tratar de organizar una policía comunitaria. Algunos locales dicen que estaba tratando de aumentar su poder; otros dicen que fue un intento genuino por reducir la tala ilegal y los abusos de todos los bandos de la guerra contra las drogas (sobre todo de la policía estatal de Nayarit). Sea como sea, el gobierno lo tomó como un intento de instaurar un movimiento de autodefensas en la Sierra [del Nayar]; obviamente, una amenaza a sus propios intereses y a los de sus cárteles aliados.1414. Notas de campo del autor, 24 de noviembre de 2015.

Al final, los intentos por crear una institución comunal que legitimara el uso de la autodefensa violenta contra fuerzas externas abusivas fallaron, pues no resistieron el ataque de las fuerzas paramilitares que mandó el entonces fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia —narcotraficante él mismo—, para desmantelarlas y arrestar a sus líderes. Esto sólo ha ocasionado que la violencia desorganizada prolifere en la sierra, violencia que desde entonces ha tomado la vida de dos de los comandantes paramilitares de Veytia1515. Karla Méndez (3 de julio de 2019), “Secuestran y asesinan a dos policías en Nayarit”, Excélsior, disponible en https://www.excelsior.com.mx/nacional/secuestran-y-asesinan-a-dos-policias-en-nayarit/1322418. y la del jefe de la policía municipal.1616. Redacción (11 de julio del 2018), “Autoridades confirman asesinato de director de la Policía de El Nayar y revelan detalles del crimen”, El Sol de Nayarit, disponible en https://www.elsoldenayarit.mx/nota-roja/61023-autoridades-confirman-asesinato-de-director-de-la-policia-de-el-nayar-y-revelan-detalles-del-crimen. Entre más tiempo la violencia siga atormentando al campesinado náayari de la región, más probable será que sigan experimentando con autodefensas armadas contra policía, soldados y sicarios por igual.

Conclusiones

Pocos productores indígenas de opio son realmente miembros de algún “cártel”, pero tampoco son las víctimas eternas de esos grupos ni de las fuerzas estatales. Han recurrido a la producción de opio para tratar de impedir que la indiferencia gubernamental, la generalización de la violencia rural y la brutalidad de la economía global —en sus formas legales e ilegales— destruyan su modo de vida y sus tradiciones de autonomía cultural y política. Por lo tanto, reaccionan como campesinos indígenas —no como “narcos”— a las presiones que les imponen las fuerzas estatales y las organizaciones criminales, presiones similares a las que siempre les han impuesto bandidos, revolucionarios, rebeldes y, sobre todo, gobiernos que pretenden “modernizarlos” a costa de su existencia.

No es de sorprender que, para negociar tales conflictos en el contexto de la “guerra contra las drogas”, los productores indígenas de opio usen estrategias históricamente comprobadas. Y muchas veces tienen que recurrir simultáneamente a los tres tipos de tácticas —peticiones legales, resistencia pasiva y violencia— debido a la naturaleza difusa y fracturada del Estado mexicano y de sus instituciones, a las contradicciones inherentes a los intentos de prohibir las drogas y de controlar su comercio al mismo tiempo, y a la cantidad de grupos criminales distintos y de “franquicias” locales activas en todo el país. Tampoco se puede decir que tales manifestaciones de la agencia que tienen los indígenas hayan sido particularmente exitosas, como dijo Selene Galindo con respecto al daño físico y cultural que le ha causado la “guerra contra las drogas” al pueblo o’dam de Durango:

¿Quién hablará esas lenguas cuando a los hablantes los están matando? A los hablantes nos están despojando de todo aquello que nombramos ¡con esas lenguas! Y pareciera que nadie hace nada, porque los que luchan ya fueron asesinados antes de que algún periódico local lo registre. Nuestras lenguas están atadas a un territorio al que ya no podemos acceder, a una casa a la que ya no podemos volver, a todo lo que está o estaba ahí que ya no podemos volver.17

*Este trabajo fue realizado por la Revista Espejo.
Proyecto Amapola México fue realizado por Noria Research, en alianza con México Unido contra la Delincuencia (MUCD), el Center for US.-Mexican Studies at the University of California, San Diego (USMEX), la Revista Espejo y Pie de Página.