Un modelo de desarrollo que sigue basado en la extracción de bienes o la apuesta para volver a entornos austeros que proponen pueblos indígenas; ambas visiones se enlazan o contraponen en la búsqueda casi desesperada por detener la crisis que expulsa a millones de personas de sus países, porque no encuentran cómo resolver sus necesidades básicas
Texto: Ángeles Mariscal
Foto: Jesús García / Archivo Cuartoscuro
Cómo ser un buen salvaje
Mi abuelo Simón quiso ser un buen salvaje,
aprendió castilla
y el nombre de todos los santos.
Danzó frente al templo
y recibió el bautismo con una sonrisa.
Mi abuelo tenía la fuerza del Rayo Rojo
y su nagual era un tigre.
Mi abuelo era un poeta
que curaba con las palabras.
Pero él quiso ser un buen salvaje,
aprendió a usar la cuchara,
y admiró la electricidad.
Mi abuelo era un chamán poderoso
que conocía el lenguaje de los dioses.
Pero él quiso ser un buen salvaje,
aunque nunca lo consiguió.
Mikeas Sánchez, indígena zoque de Chiapas
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.- Hace poco más de 7 años, en la zona norte de Chiapas, habitada por indígenas zoques, la población se organizó para impedir la apertura de 12 pozos petroleros que iban a impactar 84 mil hectáreas de tierra, también se opuso a la extracción minera, una de ella propiedad de Carlos Slim-, así como la inundación de terrenos por la ampliación de la presa Chicoasén; además de la construcción de una planta geotérmica en las faldas del volcán Chichonal. Estos proyectos impactarían 170 mil hectáreas de tierra al menos durante los próximos 30 años.
Los pobladores de esa región colindante con Tabasco, crearon el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (Zodevite), y ahora trabajan para recuperar un modelo de vida donde los bienes naturales no son propiedad de particulares, y sí en cambio pueden hacer un uso racional de los recursos que a la larga les permitiría, por ejemplo, la soberanía alimentaria.
Mikeas Sánchez, una de las voces que han tenido estos procesos de resistencia a los proyectos extractivos, explica: “a nosotros que tenemos un modo de vida diferente, nos miran con desdén porque piensan que nos falta esto, nos falta aquello, pero tenemos otras cosas”.
“Se hace creer que los que no queremos los megaproyectos, que no queremos el progreso, que somos gente que está en contra del desarrollo, que somos gente muy egoísta que no quiere que el país progrese. Es un discurso que se usa para desacreditarnos, para hacernos quedar como gente retrasada, que no tiene ambiciones, que se conforma y no quiere salir de la pobreza”.
“Eso es bastante ridículo -añade- porque nosotros no somos pobres. Si lo fuéramos, careciéramos de agua, careciéramos de alimentos; y no tenemos problema de seguridad alimentaria, tenemos tierras fértiles y tenemos agua para cubrir nuestras necesidades. Tenemos conocimientos ancestrales que están en la cultura, en los saberes comunitarios, en la medicina tradicional”.
Para los zoques, la imposición de mediciones que los colocan en altos índices de retraso “ha sido porque nos han impuesto un tipo de medicina, un tipo de educación, un tipo de vivienda, un tipo de alimentación, un tipo de conocimientos que no teníamos, ni tenemos, porque en nuestras comunidades se vive de otra manera”.
Mikeas insiste:
“Esa idea de la pobreza ya hay que quitársela de la cabeza, porque no somos pobres. No estamos en contra del presidente ni del gobierno, pero este supuesto desarrollo del que se habla no es para nosotros los pobladores que vivimos en los territorios, es para las empresas y el gran capital que va a invertir en esos proyectos.
Desarrollo. Desarrollo sostenible. Desarrollo humano. Desarrollo social. Las palabras se han enunciado durante décadas, más como una utopía que como una realidad.
La utopía propuesta sostenía que las condiciones de vida de la humanidad iban a mejorar luego de la toma conciencia de que podía cambiarse el mundo y modificarse la naturaleza desde la razón y la ciencia; la aplicación del sistema de producción masiva y libre mercado, se planteaba, generaría riqueza y bienestar para todas las personas.
Bajo esa lógica, ante todo económica, tras la Segunda Guerra Mundial las naciones se clasificaron en “desarrolladas” o “en vías de desarrollo”, según su acceso a bienes y recursos que, idealmente, generarían bienestar. Su antítesis sería la pobreza, que implica la falta de los artículos necesarios para el bienestar material.
Casi un siglo después de la implementación de este modelo de desarrollo acordado por las naciones, los resultados no son los esperados. En esta segunda década del Siglo XXI al menos 3 de cada 20 personas en el mundo –mil 200 millones– tienen problemas para acceder a alimentos y agua limpia; situación a la que se suma la pérdida de ecosistemas y los espacios habitables por el aumento de la temperatura global.
Una de las consecuencias del impacto de este modelo es la migración de la población afectada; en 2022 había poco más de 281 millones de personas que abandonaron su país de origen por la falta de medios de vida como el acceso a alimentación, salud, seguridad y la pérdida de ecosistemas, de acuerdo a la Organización Internacional para la Migraciones (OIM). Se trata del 3.6 por ciento de la población mundial, y aunque el primer impacto ocurrió en los países “subdesarrollados”, el modelo ha ido escalando también en los países “desarrollados”.
Aún así, las naciones siguen apostando a lo mismo, como es el caso de la propuesta contenida en el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México, elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), a petición de los propios países.
El proyecto, que se hizo público en 2021, se enfoca en plantear estrategias de contención de la migración de los países del norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) y el sur-sureste de México que buscan llegar a Estados Unidos.
Reconoce como causas de la migración a la pobreza, la desigualdad, el desempleo y el impacto de los desastres naturales, entre otros, y dice que para atenderlos hay que tener “una perspectiva integral y en el marco de un nuevo estilo de desarrollo acciones concretas orientadas al crecimiento económico con empleo y al logro de mayores niveles de bienestar”.
Plantea a los países unas líneas generales de políticas públicas en las áreas de “desarrollo económico”, “bienestar social”, “sostenibilidad ambiental, cambio climático y adaptación, y reducción del riesgo de desastres” y “gestión integral del ciclo migratorio” que en realidad se refiere este último, a contener la migración irregular.
Si bien señala como propuesta “un nuevo estilo de desarrollo”, el planteamiento de la Cepal recoge los proyectos que desde décadas atrás se han estado implementando. En el caso de México enfoca en “la construcción y rehabilitación de proyectos de infraestructura ferroviaria, conectividad vial, portuaria y energética”; es decir, en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya, entre otros que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador puso en la mesa de la iniciativa privada en 2021 durante el llamado Pacto Oaxaca.
Y en el caso de Centroamérica, recupera los lineamientos del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, programa enfocado también en la contención migratoria que se propuso a iniciativa de Estados Unidos, desde 2015.
Las recomendaciones reviven proyectos que ya estaban contemplados en el Plan Mesoamérica de 2008; y su antecesor, el Plan Puebla Panamá de 2001. Con sus matices, son propuestas que sigue girando en torno a los llamados proyectos extractivos donde el mercado marca las pautas.
“El planteamiento económico sigue bordando sobre una estructura, que es por naturaleza expulsor de población. Pensar en un modelo extractivista cómo está planteado en los términos de la Cepal, evidentemente no favorece o no llega a favorecer a la clase trabajadora”, concluye Daniel Villafuerte Solís.
Especialista del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca), Villafuerte explica:
“No hay una orientación muy clara de qué beneficios van a obtener las poblaciones, porque finalmente toda construcción de represas va abonar al mercado eléctrico, al gran proyecto de este de interconexión eléctrica, y sabemos que ahí las empresas españolas tienen la hegemonía”.
Además, problemas de fondo como la recomposición de las estructuras de los Estados no están contempladas, tampoco, por ejemplo, un cambio en las políticas sobre la tenencia de la tierra y la reactivación del campo, considerando que esta región tiene una vocación agrícola.
“Yo no veo un planteamiento para reactivar realmente el campo, un proyecto incluyente participativo que cambie un poco ese modelo extractivista (…) no hay un cambio pues, radical, hacia una economía social”, dice el especialista.
Para la operación de este proyecto se necesitan 25 mil millones de dólares que ninguna de las naciones involucradas.
Desde mayo de 2022, a través de su embajador en México, Ken Salazar, el gobierno de Estados Unidos se ha dedicado a sostener reuniones con gobernadores del sureste y ha invitado una serie de empresas a ver esta región como “nichos de oportunidad para detonar proyectos futuros (…) utilizan todas las herramientas que tienen a su mano, hasta este discurso de la sustentabilidad, de energía renovable”, explica Villafuerte Solís.
“¿Cuál es finalmente el interés genuino de los gobiernos en resolver problemas sociales y políticos que están detonando, o que se están visibilizando en una migración cada vez más creciente. La Cepal tiene sus pies de barro porque no incorpora la visión política, la visión social en términos más amplios”, concluye el especialista.
Los parámetros del desarrollo que continúan usando las Naciones Unidas siguen siendo los mismos que han llevado a la actual crisis: el Producto Interno Bruto (PIB), o cuánto producen los países: y el Producto Per Cápita.
“Son dos cosas muy distintas quién lo produce y quién se queda con eso; tener una alta producción de bienes y servicios no significa que esa riqueza nos la quedamos nosotros, sino la empresa”, dice Gustavo Castro, director de la organización Otros Mundos.
Explica que como los recursos no se dividen equitativamente, los indicadores que miden el “desarrollo” son falsos en términos de bienestar general; por ejemplo, en términos del turismo -otros de los proyectos del Plan Cepal- la mayor ganancia se la llevan las cadenas hoteleras, y la población local sólo es contratada con salarios mínimos que no le garantizan ni siquiera la subsistencia alimentaria.
Refiere que el actual sistema de desarrollo capitalista está en un punto de inflexión, “una crisis terminal desde lo política, social, alimentario, energético, medioambiental, y la migración de pueblos que van escapando de estas crisis”; porque se sigue la misma lógica del extractivismo de los recursos y la acumulación de bienes, además de una inequitativa distribución de los mismos.
David Lobatón, doctor en Derecho y asesor de Fundación para el Debido Proceso, coordina el programa de protección y defensa de las comunidades de Yucatán y en defensa de los cenotes, explica que hay otros modelos de desarrollo y estos vienen de los pueblos originarios (indígenas).
“Desde mediados del siglo XX el modelo extractivista y capitalista se desboca porque se ve a la tierra y los bienes naturales como propiedad de particulares, se deja de ver al ser humano como propietario de la naturaleza, y no como parte de ella.
“Sin embargo, la noción de que el ser humano es parte de la naturaleza y no poseedor de ella, nunca la perdieron los pueblos originarios, y por ello las ritualidades de pedir permiso a la Madre Tierra cuando se va a sacar un bien o recurso de ella. Porque todo lo que impacte a la naturaleza, también va a impactar a la humanidad”.
Refiere que si bien esto no es generalizado, cada vez hay mayor aceptación y conciencia de que en el uso de los bienes de la naturaleza debe ser sustentable, pensando en generaciones futuras, “pensando en el equilibrio y no la apropiación (…) actualmente, a medida que se ve con claridad los graves problemas en el planeta, es cuando cobra sentido esa concepción del mundo”.
Los zoques y el resto de la población indígena o no, coexisten y se interrelacionan en las dinámicas del mercado que marcan los precios de los productos y servicios; en las dinámicas que normal los modelos educativos y culturales, ¿cómo buscar en ese contexto una alternativa que alcance a quienes viven en las ciudades?
“Soy idealista y creo que sí es posible conciliar la modernidad y el respeto a la naturaleza. Confío mucho en la intuición y en la capacidad del ser humano para usar el sentido común. En realidad, es muy simple, el modelo económico está basado en la explotación ilimitada de recursos naturales y humanos, el punto es entender que no existe ningún recurso natural y humano ilimitado, todo se agota: el agua, el petróleo, los minerales, los árboles, las montañas, los ríos”, explica Mikeas Sánchez.
Añade que los cambios vienen desde la vida cotidiana, “por ejemplo, la tecnología es un aliado, pero requiere también un uso adecuado de ella como es el caso de los teléfonos móviles; sabemos que la producción de muchos de los componentes de los celulares tienen un alto costo por el impacto en los ecosistemas, el problema no sería igual si tuvieran una vía útil más extensa, y no la obsolescencia programada que obliga a comprar nuevos en periodos cortos de tiempo”.
“El estilo de vida que nos promete el sistema capitalista es insostenible, pero eso no significa el fin, podemos vivir de otras maneras, no necesariamente como vivimos los pueblos originarios, que tenemos la ventaja de ser inmensamente privilegiados por haber nacido en territorios con bienes naturales extraordinarios. El asunto es cambiar el chip del modelo extractivista”.
Por su parte, Gustavo Castro sostiene que no se puede conciliar, sino buscar alternativas fuera del modelo de desarrollo capitalista, “buscar la autonomía, autogestión en los territorios urbanos, explotar alternativas para descentralizadas de energía en las viviendas, producción de hortalizas y techos verdes, captación de agua de lluvia, alternativas comunitarias y barriales de educación, salud y organización”.
También -explica- el uso de moneda alternativa como el Tumin, que ya existe en varias poblaciones; la producción de gas doméstico, los tianguis comunitarios, trueques: la disminución de consumo de hidrocarburos, más uso de bicicleta y otras alternativas de movilidad, etc.
“Hay que saltar del tren del sistema, la solución no puede estar dentro del mismo sistema”, insiste, y al igual que Mikeas y algunos pueblos originarios y movimientos, ve imprescindible un cambio en las relaciones entre las personas, la sociedad y la naturaleza.
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Periodista independiente, fundadora del portal Chiapas Paralelo[www.chiapasparalelo.com] y colaboradora de CNN México y El Financiero. Tener en nuestro lugar de origen las condiciones para forjarnos una vida digna es un derecho, y migrar cuando esto no sucede, también lo es. Desde esta perspectiva cubro el tema migratorio.
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