18 septiembre, 2024
Después de 3 años, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, y por unanimidad, la ley de pueblos originarios y afromexicanos. Ahora, la ley pasará al Senado de la República
Texto: Kau Sirenio
Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro
CIUDAD DE MÉXICO. – El Congreso de la Unión aprobó con 492 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones la reforma a la ley de pueblos originarios y afromexicanos, diseñada desde 2021.
De acuerdo con los legisladores de Morena, «la reforma es el resultado de un proceso inédito de diálogo y consulta que involucró a más de 40 mil personas, lo que contrasta con la elaboración de leyes anteriores que no consideraban la voz del pueblo».
Y, aunque fue aprobada por unanimidad, las bancadas de la oposición criticaron que, aún con esta reforma, la violencia sigue azotando a las comunidades indígenas, y criticaron «las omisiones y la falta de garantías efectivas para sus derechos».
El documento establece que la nación mexicana tiene una composición multiétnica; reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Además crea una jurisdicción indígena que se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con los sistemas normativos de los pueblos y comunidades indígenas, dentro del orden jurídico vigente, en los términos de la Constitución y las leyes aplicables.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas en sus ámbitos de competencia fijarán las características de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en el marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, así como las bases y mecanismos para asegurar su reconocimiento como sujetos de derecho público, con respeto irrestricto a los derechos humanos.
Señala que los pueblos y comunidades indígenas podrán participar, en términos del artículo terecero constitucional, en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje.
Así como en desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, así como la partería para la atención del embarazo, parto y puerperio; se reconoce a las personas que las ejercen, incluidos sus saberes y prácticas de salud.
Otro aspecto que se reconoce es el derecho de las personas indígenas quienes tendrán en todo momento, el acompañamiento y la asesoría de personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas especializadas en derechos indígenas, para asegurar el pluralismo jurídico, la perspectiva de género y de diversidad cultural y lingüística.
El ejercicio de su derecho al desarrollo integral en sus formas de organización económica, social y cultural, con respeto a la integridad del medio ambiente y recursos naturales; ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas.
A los pueblos y comunidades afromexicanas se les reconoce como los descendientes de personas originarias de poblaciones del continente africano, trasladados por la fuerza, asentados en el territorio nacional desde la época colonial, con formas propias de organización social, económica, política y cultural, que afirman su existencia como colectividades culturalmente diferenciadas.
Los pueblos y comunidades afromexicanas tendrán el carácter de sujetos de derecho público, y tendrán derecho a la protección de su identidad cultural, modos de vida, expresiones espirituales y de todos los elementos que integran su patrimonio cultural, material e inmaterial y su propiedad intelectual colectiva, en los términos que establezca la ley.
Además se reconoce y garantiza el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígenas y afromexicanos a una atención adecuada, en sus propias lenguas, para hacer efectivo el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la educación, a la salud, a las tecnologías, al arte, la cultura, el deporte y la capacitación para el trabajo, entre otros. Asimismo, para garantizar una vida libre de exclusión, discriminación y violencia, en especial de la violencia sexual y de género.
El camino para llegar a este ley no fue sencillo, pues encontró oposición por parte del oficialismo, la oposición, y también de industrias extractivas y grandes capitales. Todo esto, aunque el presidente López Obrador enfatizó al inicio de su sexenio que su gobierno sería el de la Agenda Indígena.
Las acciones de éste gobierno, aunque aplaudidas por muchos, también han sido objeto de crítica de muchas organizaciones indígenas, no sólo las que se agrupan alrededor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena, sino también por otros pueblos y comunidades.
El camino ha estado lleno de encuentros y desencuentros, y puso como eje central el desarrollo en las comunidades con el fin de cambiar el rostro de la pobreza. ¿Realmente se logró?
Aquí un recuento.
Cuatro días después de su toma de protesta como presidente de México, AMLO se reunió con los lideres de los 68 pueblos y comunidades indígenas para evaluar la agenda indígena que habría que realizar durante su gobierno.
A 23 años de la firma de San Andrés Sacamch’en (o Larráinzar), el Congreso Nacional Indígena (CNI) convocó a un foro informativo con abogados, especialistas e integrantes del Concejo Indígena de Gobierno para analizar el proyecto de Tren maya, el Tren transístmico y la Guardia Nacional que echó a andar el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales han sido analizados por las comunidades de la región sureste del país.
Mientras que los pobladores mayas de 11 ejidos de la Península esperan que el gobierno federal les indemnice por los terrenos que cruza la carretera 307 que fueron expropiados hace 50 años; está vía tenderán los rieles para uno de los proyectos estelares del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: el Tren Maya.
El 21 de mayo de 2019, alrededor de 2 mil policías comunitarios de la Montaña y de la Costa Chica de Guerrero reclamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que acepte una controversia constitucional para devolverles el reconocimiento legal que habían ganado desde hace 24 años.
Mientras los pueblos reclaman reconocimientos a sus sistemas normativos, en Los Pinos se dispuso la feria automotriz, para subastar 82 automóviles, en su mayoría de lujo; mientras que los compradores y el subastador regatean y pujan precios.
Por su parte, Susana Harp presentó una iniciativa de la Ley general de salvaguarda de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indigenas, afromexicanas y equiparables; la legisladora tomó relevancia a partir de la polémica con la diseñadora Carolina Herrera por apropiarse de elementos culturales de pueblos originarios de México en su reciente colección.
En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel anunció de la renegociación para operar una serie de gasoductos que estaban detenidos: “Es una terrible noticia para el medio ambiente y el cambio climático”, aseguraron ambientalistas.
El pueblo Yoreme llegó a Etchojoa, Sonora, el 28 de octubre de 2019, al segundo evento de la gira presidencial, llamada como “Diálogo con los Pueblos Indígenas”
El presidente López Obrador aseguró que el gobierno federal está comprometido desde el sexenio pasado con la empresa canadiense TC Energy para que realicé un gasoducto en territorio sagrado entre Tuxpan-Tula. De lo contrario: “Hay cláusulas en donde se establece que si no puede la empresa construir el gasoducto, de todas maneras el gobierno tiene que pagarle a la empresa” .
Para proteger el cerro sagrado de la comunidad otomí en la Sierra Norte de Puebla, la presidencia de la República se comprometió a modificar el trazo del gasoducto Tuxpan-Tula para no afectar a los pobladores.
En el Día Internacional de las Lenguas Maternas, integrantes del Concejo Indígena de Gobierno y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, anunciaron las Jornadas en defensa del territorio y la madre tierra “Samir somos todas y todos”.
El 20 de abril de 2020, alrededor de 300 comunidades indígenas que se rigen por el sistema normativo interno (conocido como “de usos y costumbres”) iniciaron sus medidas de prevención para evitar contagios por covid-19, por lo que cerraron los accesos a sus poblaciones.
Un mes después, Adelfo Regino Montes envió a la Corte una opinión en contra de la ley minera, dijo que el gran reto que enfrenta la actual administración es formar “ciudadanos de tiempo completo” para defender su entorno.
Con la puesta en marcha de la construcción del Tren Maya, comunidades indígenas -Mayas, Tseltales, Ch’ols, Tsotsiles de la Península de Yucatán denunciaron que dos consultas estuvieron plagadas de tropiezos. Ambas sucedieron en noviembre y diciembre de 2019
El 29 de septiembre de 2020, el relator Especial del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas, Leo Heller, aseguró: “Hay una absoluta necesidad de una ley que defina que el uso del agua para consumo humano es la prioridad por encima de cualquier otro uso, ningún megaproyecto debe comprometer el consumo humano del agua. Esto es importante en México donde hay muchas tensiones en torno del tema”.
Mientras tanto, en la Ciudad de México, las comunidades tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para reclamar que el gobierno de la Ciudad de México atienda sus demandas de vivienda.
En ese contexto, Joaquina, integrante de la comunidad otomí en la ciudad de México, describió cómo los policías la han perseguido por vender las muñecas Lele y artesanías que ella trabaja en las calles del Centro de la Ciudad de México. Los policías la desalojaron en 2019, golpeando mujeres, niñas, jóvenes y abuelos otomíes por igual, del predio Roma 18 en la colonia Juárez, donde habitan desde 1985.
El 18 de noviembre 2020, la Cámara de diputados aprobó la reforma al artículo 2 constitucional para reconocer las lenguas indígenas como idioma oficial en México. Al respecto, Pie de Página entrevistó a Zósimo Hernández Ramírez, quien advierte: “Si no se aprueba esta reforma en la mayoría de los estados, o se tarda mucho, va a dormir el sueño de los justos”.
Para los pobladores que se asientan a lo largo de los 232 kilómetros de lo que se conoce como el Primer Tramo del Tren Maya, el “derecho de vía” se convirtió en las palabras más temidas porque va dejando una estela a su paso.
En marzo de 2021, arribaron a la Ciudad de México los desplazados triquis de Tierra Blanca Copala, Oaxaca. Alma, de nueve años, dejó el cuarto año de primaria para buscar seguridad.
Con 466 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la Ley general de consulta de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en lo general. En un debate por la reserva de 17 artículos y el artículo sexto transitorio, las bancadas partidistas fijaron postura y votaron en lo particular con 309 a favor y 146 en contra
Con el inició de proceso electoral intermedio, organizaciones sociales y activistas pidieron al juez sexto de distrito en materia administrativa, Francisco Javier Rebolledo Peña, rectificar por haber concedido una suspensión provisional a Monsanto, para eximirla de la aplicación del decreto presidencial que busca eliminar progresivamente el uso de glifosato hacia enero de 2024.
Mientras tanto, en Sonora, los yaquis siguieron luchando contra el gasoducto. Y vencieron.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma al artículo 14 de la Constitución Política del estado de Guerrero, y ordenó al congreso de Guerrero que realice la consulta para que haga las adecuaciones al artículo de la materia. Esto, en un periodo máximo de 18 meses.
Frente a la construcción de gobiernos comunitarios sin partidos políticos que han iniciado pueblos indígenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró importante que existan y se fortalezcan.
El 29 de septiembre de 2021, en Vícam Pueblo, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió de la mano de Jesús Patricio Varela Martínez la propuesta de reforma constitucional para dotar a los pueblos indígenas de autonomía y control jurídico y político de sus territorios.
En el pueblo de Torim, Sonora, llegaron indígenas de los 68 pueblos a poner una ofrenda mazateca; sobre un petate de carrizos y colocaron tejidos, puños de maíz, trigo, guaje, cacao, algodón, flores, copal, manzanilla y albahaca; y colocaron un libro: del recién redactado Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, que unas horas después firmaría el presidente del país.
Las comunidades que conforman la Aldea comenzaron ejercer su derecho a la autodeterminación desde hace muchos años. Practican formas de organización propias desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, las leyes del Estado mexicano no lo reconocen, por eso luchan por la reforma.
María Guadalupe Onofre dice que llegó a la ciudad de Torreón en 1968 proveniente del Estado de México. Su madre y sus seis hermanos estaban en busca de mejores oportunidades después de que su padre falleció.
El 26 de abril de 2022 una mujer triqui gritó “¡Ayuda, la policía nos está secuestrando!”, mientras corre con un bebé en brazos sobre avenida Reforma. Detrás de ella va un centenar de policías con equipo antimotines, que todas las personas identifican como el cuerpo de granaderos que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dijo que ya no existen.
En Álamos, Sonora, renació la esperanza cuando llegó un presidente a ofrecerles un plan de justicia con tres compromisos prioritarios: restituirles territorio, llevarles agua y construirles caminos.
El 13 de julio de 2022, por primera vez una indígena llegó al frente del Consejo para Prevenir la Discriminación. Se llama Claudia Morales, es wixaritari y ha tenido que esperar dos años para romper el racismo instalado en la burocracia mexicana y poder asumir la encomienda presidencial. Su primer mensaje es contundente: hay que sacar el Conapred de su burbuja, llevarlo a los lugares donde todavía nadie lo conoce.
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas el Gobierno de México anunció la creación de la Universidad de Lenguas Indígenas (ULIM), la primera en el país y la cual contará con cuatro licenciaturas.
Mientras que el Coordinador General de Pueblos Indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar Ortiz, explicó sobre la restitución de la tierra a los pueblos yaqui,
El 9 de agosto de 2023, los pueblos Wirrarikas llegaron al salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos para escuchar y hablar en el foro Reforma Constitucional y pueblos indígena en México y América Latina.
Por su parte el abogado ñuu savi, Francisco López Bárcenas, dijo que el sexenio del presiente López Obrador no avanzó en tres reformas prioritarias para los pueblos y comunidades indígenas: el derecho al territorio, el derecho al autogobierno y el derecho a la propiedad intelectual.
El 6 de febrero de 2024, consejeros y autoridades indígenas y afrodescendientes se reunieron en el Hemiciclo a Juárez para celebrar que el presidente López Obrador incluyó la reforma en materia indígena, como primera en la lista, la reforma que define a los pueblos como sujetos de derecho, una de las viejas demandas de las comunidades indígenas.
En su gira de transición, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo en Guaymas, Sonora: “Nunca más un México sin sus pueblos indígenas. Nunca más un México que niegue sus propias raíces. Nunca más un México que incumpla la justicia para ningún mexicano o mexicana”.
El 9 de agosto de 2024, los pueblos indígenas celebraron entre aplausos y el canto de “¡sí se pudo, sí se puedo!”, tras la aprobación del dictamen de la iniciativa de reforma en materia indígena en la Comisión de Puntos Constitucionales de la cámara de diputados.
Periodista ñuu savi originario de la Costa Chica de Guerrero. Fue reportero del periódico El Sur de Acapulco y La Jornada Guerrero, locutor de programa bilingüe Tatyi Savi (voz de la lluvia) en Radio y Televisión de Guerrero y Radio Universidad Autónoma de Guerrero XEUAG en lengua tu’un savi. Actualmente es reportero del semanario Trinchera.
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