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Policías comunitarias buscan recuperar reconocimiento legal

Hace casi un año el Congreso de Guerrero modificó su Constitución y dejó de reconocer a las policías comunitarias como corporaciones legales. Este lunes, miles de policías comunitarios se manifestaron ante la Suprema Corte de Justicia para pedir que se abroguen dichos cambios y poder seguir cuidando ellos mismos sus tierras porque no confían en las policías del Estado

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: María Fernanda Ruiz

Más de 2 mil policías comunitarios de la Montaña y de la Costa Chica de Guerrero reclamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que acepte una controversia constitucional para devolverles el reconocimiento legal que habían ganado desde hace más de 24 años.

“Exigimos a ministros la cancelación de regresivas reformas a la Constitución, al artículo 14 (constitucional de Guerrero) y a la ley 701 del estado”. Dice una manta que cargan entre seis policías de estas comunidades rurales.

El pasado 13 de mayo, a unos meses de que el antiguo Congreso del estado de Guerrero dejara su encargo por el cambio de gobierno, los diputados modificaron dichas leyes, por lo que las policías comunitarias, específicamente la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policías Comunitaria, dejó de ser reconocida por la ley. Además, los cambios obligarían a la Coordinadora a supeditarse al control estatal, algo que los policías comunitarios rechazan.

Como respuesta, la Crac, con ayuda del ayuntamiento de Malinaltepec, inició dos controversias constitucionales. Una de las cuales fue desechada por la propia SCJN, por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pues según dijo “el municipio carece de interés legítimo”, mientras que la otra permanece en discusión.

“Creemos que la Policía Comunitaria ha significado un esfuerzo de los pueblos indígenas para proteger a sus comunidades En este monopolio de las fuerzas de seguridad que tiene el Estado, la gente se siente amenazada”, explica Alberto González Torres, abogado del centro de derechos humanos Tlachinollan, que asesora el proceso legal de las policías comunitarias.

Estos cambios legales van en contra de los derechos de autodeterminación de los pueblos, como explica el abogado, además de que su aprobación quita derechos que ya había otorgado una ley anterior, retroceso que es inadmisible bajo cualquier estándar legal.

“Lo que quieren es quitarle el poder a la Crac, porque es un sujeto incómodo para el Estado, porque amenaza al gobierno. Empezó con la defensa ante el crimen y ahora se ha expandido a defensa de territorio en contra de  megaproyectos mineros”, asegura González Torres.

Policías comunitarios llegaron de la Montaña de Guerrero a pedir que la SCJN reconozca sus derechos y su lugar como autoridades que defienden sus comunidades.

Para Felicitas Martínez Solano, antigua coordinadora regional de las policías comunitarias, el porqué del cambio legislativo obedece a otras razones. Ella cree que el gobierno históricamente falló en su tarea de brindar seguridad y condiciones de vida a los pueblos indígenas de Guerrero, lo que los obligó como pueblos a organizarse para llenar ese vacío.

“Yo creo que más bien, que es porque el gobierno ya no tiene el control de las demás policías comunitarias que han surgido. Pero nosotros tenemos un reglamento y un sistema coordinado, tenemos tres casas de justicia, y la matriz de San Luis Acatlán, no somos ningunos improvisados”, asegura.

El gobernador priista Héctor Astudillo fue quien elaboró la iniciativa de modificación que los policías comunitarios piden deshacer, aprobada por el Congreso local que áun tenía mayoría del PRI, y con ello fue eliminado el reconocimiento del gobierno estatal a la Policía Comunitaria.

Astudillo decidió reformar la Constitución de Guerrero luego que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación por la detención de la hoy senadora por Morena Néstora Salgado, entonces líder del grupo de autodefensa de Olinalá. La CNDH comprobó que autoridades federales y guerrerenses violaron los derechos humanos de los policías comunitarios de la misma forma que éstos lo habían hecho en la retención de presuntos delincuentes.

El gobernador argumentó en su momento que las guardias comunitarias habían sido infiltradas por el narco.

Felicitas cuenta que el sistema de seguridad surgió el 14 de octubre de 1995, y después, en 1995, se creó la Coordinadora Regional. En ese entonces, los campesinos del municipio de San Luis Acatlán se organizaron para remediar crímenes, como asesinatos, violaciones y robo de ganado, pero poco a poco empezó a hacer frente a la delincuencia organizada y a otras amenazas para los pueblos indígenas.

Este tipo de acciones les han ganado aprobación de los pueblos locales; por ejemplo, estas policías, a diferenca de la policías municipal o estatal, hablan las diferentes lenguas indígenas de las regiones que cuidan.

Desde el inicio de la Coordinadora, Felicitas se vio envuelta en el proceso de creación de la Crac, que siempre ha funcionado únicamente con trabajo voluntario, que a veces es remunerado por cooperaciones voluntarias de los mismos pobladores de la montaña de Guerrero.

Para venir a la protesta, por ejemplo, ella tuvo que pedir permiso para faltar a su trabajo, además de salir de su casa a las cuatro de la mañana y pagar ella misma el pasaje de camión desde su comunidad, Potrerillo Coapinole, en el municipio de San Luis Acatlán a la Ciudad de México.

“Su miedo (del gobierno local) es que ya no puede controlar la inseguridad, él no puede controlar la guerra o la paz”, sentencia.

Desde 1995, campesinos de la Montaña de Guerrero se encargaron de la seguridad ante el incremento de violencia en sus comunidades.

La espera por el reconocimiento

Después de que unos dos mil policías esperaran bajo el sol frente al palacio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por varias horas, todos uniformados con sus playeras de policía color verde pardo, el magistrado presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, recibió a una pequeña comitiva.

La respuesta no fue la esperada por los comunitarios. Anteriormente, el ministro presidente se había comprometido a analizar y emitir su voto respetando los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo, hoy dijo que él no se podía pronunciar porque no había un proyecto de ponencia, es decir, un proyecto de resolución a la Controversia presentada, explicó el asesor legal de la policía, Alberto González Torres.

“En su momento, cuando esté el proyecto, él se compromete, de nueva cuenta, a recibir a las autoridades y escucharlas”, asegura el abogado. “También nos recomendó platicar con el ministro ponente, Luis María Aguilar, quien está estudiando el asunto”.

A pesar de que la comitiva intentó tener una cita con él, su secretaria les dijo que mientras no existiera un proyecto de resolución no les podía dar una cita, pero en cuanto se tuviera dicho proyecto, unos días antes, él los podría recibir. “Fue todo lo que se pudo conseguir”, cuenta Alberto González.

Una historia de desconfianza al Estado

Desde que tienen memoria, los hombres y las mujeres de las tierras con presencia de la Crac-policía Comunitaria han vivido sometidos a la violencia criminal que robaba, violaba mujeres y mataba, hasta que cansados de la complicidad del gobierno con los delincuentes, decidieron montar su propia guardia y vigilar su territorio, relata la periodista Daniela Rea en un reportaje de la revista Gatopardo publicado en 2013.

Fue entonces que entre todos los campesinos de la región vendieron sus animales y cosechas para comprar armamento. Después, escogieron a sus hombres más capaces y los delegaron como guardianes del pueblo. Era 1995. Tiempo después, cuando se dieron cuenta de que los hombres que ellos detenían y entregaban al gobierno eran liberados por unos pesos, decidieron crear un sistema de justicia basado en la reeducación, el sistema que aún se mantiene en la Crac.

Los vecinos cooperaron con animales o cosecha para comprar escopetas y pistolas, escogieron a los hombres más capaces y respetados y los nombraron sus guardianes. Era 1995. Tiempo después, cuando los delincuentes detenidos y entregados al gobierno eran soltados a cambio de unos pesos, crearon un sistema de justicia basado en la reeducación y conformaron la organización Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Desde que se creó el sistema 107 comunidades tlapanecas, mixtecas, amuzgas y mestizas en trece municipios de la región de la montaña y la costa chica de Guerrero lo han implementado.

La creación del sistema de la Crac fue aprovechada por otros grupos de autodefensas de la región como una excusa para tomar la justicia en mano propia.

Cuando la violencia del crimen organizado se extendió a la región de Ayutla, explica el reportaje de Daniela Rea, otras comunidades buscaron sumarse a este sistema que en 20 años disminuyó los delitos comunes en la región.

Así, a  mediados de 2012, algunos de los fundadores de la Coordinadora, que ya pertenecían a otros grupos de autodefensas, intentaron retomar el liderazgo de la Crac.

Estos grupos, que se habían alejado de la Coordinadora por buscar una cercanía con el poder gubernamental, usaron el nombre de la organización y realizaron acciones prohibidas por su propio reglamento, como detener a supuestos narcotraficantes en territorios no comunitarios, lo que desató conflictos entre los grupos.

Desde entonces, se ha acusado a esta organización de un uso político de la fuerza fuera de las atribuciones que tenían, según la ley.

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