Desde Gobernación ya habían prometido el regreso de las familias triquis a Tierra Blanca. Pero a la mera hora la postura del grupo antagonista, el Movimiento Unificado de Lucha Triqui, es inflexible. Ahora, las familias se encuentran varadas en un territorio vulnerable
Mientras la Unión de Colectivos pidió una tregua al cartel del Golfo para entrar a buscar a sus desaparecidos, la red “Madres Unidas por Nuestros Hijos” cuestionó este llamado y alertó que las pone en riesgo.
En lo que va del año, suman 41 menores migrantes no acompañados que han desaparecido mientras se encontraban bajo custodia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua. Mientras tanto, se calcula que el 13 % de las víctimas de trata en nuestro país son mujeres y niñas extranjeras, principalmente centroamericanas.
Para la periodista y activista Alina Duarte participar en la próxima consulta del 1 de agosto tiene una implicación histórica, pues independientemente de si el resultado es vinculante o no, podría ser un primer paso para una Comisión de la Verdad en México.
Este domingo primero de agosto se realizará la primera Consulta Popular en la historia del país, sin embargo, solo se instalará un tercio de casillas para este ejercicio, a continuación recabamos todo lo que debes de saber al respecto.
Migrant traffickers tricked a group of migrants and told them they were in El Paso, Texas, when they remained in Ciudad Juárez. In reality, they never made it across the Rio Grande
El futuro de América Latina, coincidieron periodistas, académicos y activistas, está en la resistencia legítima y organizada desde abajo, muchas veces invisibilizada por los grandes medios de comunicación que muestran caos y muerte en nuestra región
El 1 de agosto es el día de la Consulta Popular para abrir la puerta a un eventual juicio a los expresidentes. El ejercicio ya implica una ganancia: ratificar el sitio que corresponde a esos personajes: la ignominia
El presidente López Obrador anunció un decreto para liberar de cárceles federales a personas de más de 75 años, o con más de 65 y alguna enfermedad crónicodegenerativa, quienes no hayan recibido sentencia en una década y las que hayan sido torturadas. Activistas advierten que esos beneficios ya están en la Ley Nacional de Ejecución Penal
