Las familias indígenas que migran a los campos agrícolas son uno de los sectores más empobrecidos de la población en México; huyen del hambre en sus comunidades, alimentan a México con su trabajo; a ellas debería llegar  prioritariamente la política social para construir los mínimos de una vida digna, pero son invisibilizadas y olvidadas por las instituciones

Por Ariane Assemat*

En México, existen personas que laboran bajo el sol por menos de un salario mínimo; cuyos hijas e hijos, en vez de ir a la escuela, aportan desde los 8 años su fuerza de trabajo para complementar los ingresos familiares; que jamás ven un contrato de trabajo y no tienen acceso a la seguridad social; mujeres que trabajan hasta su última semana de embarazo y retoman el trabajo a los pocos días de su parto, porque viven al día y no tienen ningún apoyo para su puerperio; bebés que mueren de diarrea u otra enfermedad curable y son sepultados lejos de su casa, sin ser registrados. Estas familias que huyen del hambre en sus comunidades de origen cosechan las frutas y verduras que terminarán en nuestras mesas todos los días.

La población jornalera migrante, en su gran mayoría familias indígenas sin tierra que no tienen acceso a empleo ni a servicios básicos como salud y educación en sus comunidades, concentra múltiples factores de vulnerabilidad. Se trata de una migración invisible porque ocurre al interior de las fronteras y entre zonas rurales, sin embargo, son cientos de miles de familias, incluyendo niñas y niños, mujeres embarazadas y adultos de la tercera edad, que recorren las zonas agrícolas del país, luchando por ganar lo mínimo para sobrevivir. 

El gobierno federal dirigido por Andrés Manuel López Obrador ha apostado a la reducción de la pobreza por medio del acceso a algunos programas sociales universales o sectoriales (campesinos por ejemplo), de los cuales deberían beneficiarse en prioridad los sectores más vulnerables de la población, registrada por medio de los Servidores de la Nación. Sin embargo, las y los jornaleros agrícolas no acceden a ellos.

La razón de ello es, fundamentalmente, que estos programas no incluyen en su lógica y en sus rígidas reglas de operación a las personas que no se encuentran en un domicilio fijo todo el año porque migran de manera temporal a diferentes lugares. Es así que la población jornalera es excluida de los programas cuyo propósito es precisamente la erradicación de las condiciones de vulnerabilidad en la población más pobre del país.

Mientras no se genere una política social diseñada para la población jornalera, tomando en cuenta sus características y necesidades específicas, tendrían que trazarse por lo menos caminos que permitan el acceso a los programas existentes, tomando en cuenta las condiciones reales de la población a la que pretenden llegar, tomando en cuenta que las familias jornaleras no tienen acceso a los servicios básicos ni en sus lugares de origen, ni en los campos en los que laboran de manera temporal. 

En este sentido, tendrían que existir espacios dignos en donde las personas jornaleras puedan ser atendidas en sus trayectorias migratorias y realizar los diferentes trámites para acceder a programas, con presencia de diferentes instituciones para paliar, aunque sea de manera parcial, esta falta de acceso a servicios básicos. Espacios en los que las familias puedan descansar un rato y comer; las mujeres embarazadas, ser atendidas por personal médico y recibir pañales; los recién nacidos, tener su acta de nacimiento; y en donde quienes lo deseen puedan registrarse para acceder a los programas sociales a los que tienen derecho, como el de Producción para el Bienestar para quienes siembran en la temporada de lluvia, Madres Trabajadoras para las mujeres que tienen hijos pequeños, pensión para los Adultos Mayores, por dar algunos ejemplos. 

Algunos de estos espacios existen. Fueron creados hace años, cuando existía el Programa de Atención a la población Jornalera Agrícola; pero han sido abandonados por las instituciones y, con la desaparición de dicho programa, no tienen ningún recurso para seguir brindando una atención digna. En el corazón de la montaña de Guerrero, la Unidad de Servicios Integrales-Casa del Jornalero de Tlapa mantiene sus actividades gracias a los esfuerzos del Concejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, proporcionando alimentos calientes y llevando un registro de la población que migra; sin embargo, se trata de una carga insostenible para una asociación civil, por lo que las instituciones deben tomar sus responsabilidades y aportar los recursos humanos y financieros para que este espacio, y las otras Casas del Jornalero que se encuentran a lo largo de la República, puedan suplir por lo menos las necesidades básicas de las familias jornaleras en tránsito.

La erradicación de la pobreza extrema, el acceso universal a la alimentación, educación y a la salud, son elementos fundamentales para garantizar una vida digna a la población; también son parte de los Objetivos del Desarrollo Sostenible a los que se comprometió México ante la Organización de las Naciones Unidas para el 2030. Para llegar a estos objetivos, es tiempo que la política social se adapte a las condiciones reales de la población que más la necesita, en vez de esperar lo contrario.

*Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Alianza Campo Justo.

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