Las empresas Dahua y Hikvision, que tienen participación estatal de China y son proveedoras de cámaras de videovigilancia para ese gobierno, tienen en su cadena de producción a empresas establecidas en Xinjiang, una provincia en la que se reporta el uso de trabajo forzoso y otras violaciones a derechos humanos. Con la firma del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, los países firmantes acordaron prohibir la importación de productos hechos total o parcialmente con trabajo forzoso, pero gobiernos estatales y municipales en México siguen adquiriendo cámaras de estas marcas