La comunidad nahua de Santa María Ostula presentó el recurso Amicus Curiae para defender su territorio. La investigación consta de 62 páginas y la firman más de 50 expertos e investigadores de las más diversas universidades.

Texto: Heriberto Paredes y Rodrigo Caballero

Fotos: Heriberto Paredes y Arturo Contreras

SANTA MARÍA OSTULA, MICHOACÁN.- Tras una ardua investigación, con la participación de académicos de distintas universidades nacionales, la comunidad nahua de Santa María Ostula presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el recurso Amicus Curiae en materia de historia y antropología. El objetivo de este documento es aportar más elementos a la investigación que sustenta la propiedad comunal del predio conocido como San Diego Xayakalan, fundado el 29 de junio de 2009 tras una recuperación de tierras en la que participó toda la comunidad.

Dicha investigación viene a reforzar el juicio de amparo directo 336/2021, presentado el pasado 21 de junio de 2021, mismo que se deriva del juicio agrario 78/2004, discrepancia que sostienen las y los comuneros contra supuestos pequeños propietarios del vecino ejido de La Placita.

El recurso Amicus Curiae comprende una extensa enumeración de datos, mapas, registros y documentos antiguos sobre la comunidad, respaldados por académicos de distintas disciplinas científicas y especialistas en materia agraria, con el objetivo de contribuir a la defensa del derecho que ampara a la comunidad respecto a la propiedad comunal de su territorio. 

El documento consta de 62 páginas, está firmado y avalado por más de 50 personas especialistas procedentes de distintas universidades nacionales e internacionales, así como centros de investigación en distintos países, desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hasta la Universidad de Columbia en Nueva York, pasando por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de distintas zonas del país, la Universidad de Manchester y el Colegio de Michoacán.

En la comunidad nahua se vive un ambiente de tranquilidad y de calma: las familias disfrutan del fresco afuera de sus casas, las parcelas se cultivan regularmente y algunas familias celebran cumpleaños. Un cierto número de turistas surfistas visita las playas para disfrutar de sus olas o para descansar de la pandemia, y se dan los preparativos para la visita del equipo de proyección y difusión del documental de la Vocera, que proyecta este 14 de agosto por la noche incluyendo talleres para los niños. Este es el ambiente que se ha logrado con mucho esfuerzo tras años de lucha constante. 

A pesar de que en varias zonas cercanas, dentro del propio estado de Michoacán, la situación de violencia ha ocasionado que miles de personas permanezcan sitiadas sin poder acceder al abastecimiento de víveres y medicamentos. En municipios como Coalcomán, Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán y Aguililla, el control del territorio y las rutas de paso se la disputan distintas organizaciones criminales. Esto ha dejado en la zozobra a la población, sin que el gobierno estatal o el federal haya siquiera intentado restablecer el libre tránsito y la seguridad para los habitantes.

La reactivación de la lucha de 500 años

La marcha comenzó en punto de las 12:00 horas en el filtro de seguridad establecido en Xayakalan, un lugar que se ha convertido en la emblemática puerta de entrada de Ostula sobre la carretera costera de Michoacán, donde la comunidad abre o cierra sus accesos dependiendo de las determinaciones que tomen a través de su asamblea general.

Este viernes 13 de agosto de 2021, los comuneros decidieron cerrar la carretera costera que conecta los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas para exigir ser escuchados por los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde ahora se juega la última instancia del juicio para recuperar mil 250 hectáreas de tierras comunales en disputa.

La jornada estuvo dedicada a la exigencia de justicia y la lucha de los pueblos originarios, los comuneros de la costa michoacana decidieron salir a mostrar su músculo, con una manifestación que reunió arriba de 500 personas que avanzaron unos 2 kilómetros sobre el inclemente calor del sol.

Los comuneros decidieron caminar sobre su territorio desde las enramadas de Xayakalan hasta un punto conocido como Las Tres Majahuas, aproximadamente a dos kilómetros de distancia, en donde termina su territorio según los títulos primordiales de la época colonial.

Se trata de un triángulo de tierra entre Santa María de Ostula y el ejido La Placita que esconde un tramo de playas vírgenes, costas ideales para puertos, planicies aptas para hoteles y desarrollo turístico y -sobre todo- una parte de sierra acechada por los proyectos mineros de empresas transnacionales como Ternium.

Es la sierra está el territorio bajo mayor disputa, ahí es donde se ubican 38 concesiones mineras a nombre de particulares, quienes los comuneros aseguran son únicamente prestanombres de la mina de Aquila, donde se ubican dos minas a cielo abierto que extraen cientos de toneladas de mineral de hierro diariamente.

“Nos decían ‘esa tierra plana, esas playas bonitas que ustedes tienen, esas quédenselas ustedes, no nos oponemos. Pero allá arriba, el monte lleno de piedras, eso no les sirve, eso déjenlos a nosotros, ahí no se puede sembrar nada, ustedes firmen aquí y se los dejamos’; pero eso nunca lo vamos a hacer”, aseguró uno de los comuneros.

Lo que narra este comunero es una de las ocasiones en que los grupos de pequeños propietarios intentaron quedarse con ese pedazo de tierra, donde probablemente existen recursos mineros enterrados, y que han tratado de arrebatarle a la comunidad desde la década de 1950.

Actualmente, la comunidad pelea un juicio agrario que arrastra desde 1965, cuando una resolución le quitó de golpe a la comunidad las mil 250 hectáreas que ahora llevan ante la SCJN, la última estancia nacional en la que pueden reclamar su derecho a la tierra y la última oportunidad para hacer legal la posesión de la tierra en favor de Santa María Ostula.

Por eso este viernes 13 de agosto se reactivaron las acciones políticas y sociales de esta población náhuatl, en medio de la conmemoración por los 500 años de la caída de Tenochtitlán, como parte de movimientos nacionales de comunidades indígenas que salieron a conmemorar esta fecha.

Entre ellos una comitiva marchó hasta la sede de la SCJN en la Ciudad de México para entregar el Amicus Curiae. “No es cierto que nos conquistaron, estamos resistiendo y estamos en pie de lucha como dicen nuestros hermanos zapatistas”, aseguró María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, cuando participó en la campaña presidencial de 2018, quien fue la encargada de entregar el documento junto con el equipo jurídico de la comunidad.

Estas actividades espejo en Ostula, en la Ciudad de México y la ciudad de Morelia son parte de las protestas que buscan mantener activada a la comunidad en una lucha que para los pueblos originarios del país lleva más de 500 años.