La Coordinadora de Colectivos de Michoacán denunció el desalojo policial sin orden judicial del espacio «Lo Común», en el marco de una política estatal que, señalan, busca privatizar 34 inmuebles públicos

Texto: Andrea Amaya

Foto: Cortesía de Lo Común

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Michoacán se encuentra bajo el escrutinio público tras ser señalado por desmantelar los espacios comunitarios en la entidad para favorecer intereses privados. La Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) denunció públicamente a la administración estatal por violar los derechos de la ciudadanía mediante una política de desincorporación de bienes públicos, sumando a este reclamo el reciente desalojo irregular y la ocupación policial de «Lo Común», un centro político-cultural autogestivo que la organización resguardaba de forma pacífica desde el pasado 1 de mayo.

De acuerdo con la organización, el inmueble, ubicado en el corazón de Morelia, fue asegurado durante la noche del 9 de julio y la madrugada de este viernes por elementos de la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil. Señalan que el operativo se ejecutó sin una orden judicial, sin notificación previa y violando el artículo 16 constitucional.

Un rescate comunitario frente a la política de desincorporación

En entrevista para Pie de Página, Gustavo Alcocer, integrante de la CCAOS, explicó que la toma pacífica del espacio surgió como una exigencia ante la desincorporación y venta de 34 inmuebles de propiedad pública autorizada por el Congreso local en marzo de 2026, bienes que superan los 721 millones de pesos. La organización enfatiza que 28 de estos inmuebles se pretenden privatizar, lo cual contradice directamente los principios de la llamada Cuarta Transformación de no vender el patrimonio público.

«Nosotros estamos totalmente en contra de esto y exigimos que esos espacios, en vez de privatizarlos o venderlos, se conviertan en espacios para uso social. Pueden ser espacios de cultura, recreativos, de formación», señaló Alcocer.

El activista detalló que, antes de la intervención de la coordinadora, el inmueble se encontraba en total abandono, con techos colapsados y repleto de escombros. A través de faenas comunitarias, los colectivos retiraron cerca de cuatro camiones de volteo para rehabilitarlo. Durante 70 días, la CCAOS transformó el lugar en un centro vivo donde se impartían talleres de arte, formación política, pláticas de derechos humanos y operaba una biblioteca comunitaria.

Simulación y ruptura del diálogo

La CCAOS denunció una profunda contradicción y falta de voluntad política por parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Según relata Alcocer, el pasado 28 de mayo el mandatario acudió a un evento frente al espacio, ingresó a «Lo Común» y prometió públicamente abrir una mesa de diálogo vinculante con los activistas y vecinos para definir el destino del inmueble.

A pesar de que la organización formalizó la petición mediante oficios entregados en mayo y una rueda de prensa el 1 de julio, la respuesta gubernamental fue el despliegue de la fuerza pública en la clandestinidad.

«Nos hablan de diálogo mientras actúan a escondidas y de madrugada. El gobierno del estado, en su política, no quiere que se toque precisamente el punto de la privatización de los bienes públicos, abrir el diálogo implicaría debatir por qué se implementa una política de privatización cuando no es necesario y cuando esos espacios se podrían utilizar para beneficio de la sociedad», apuntó el activista.

Opacidad y presuntos intereses privados

La coordinadora califica el proceso de desincorporación como un «mecanismo muy oscuro», y enfatiza que la lógica oficial argumenta la existencia de finanzas sanas en el estado, lo que para la organización vuelve contradictoria la necesidad de vender el patrimonio público.

De acuerdo con la CCAOS, los inmuebles son transferidos a un fideicomiso encargado de la venta, un procedimiento que carece de transparencia, y alertan que, según manifestaciones de algunos diputados locales, varios de los inmuebles de alto valor —incluyendo predios de hasta 12 000 metros cuadrados en el centro de Morelia y zonas turísticas como el Callejón del Romance— ya se encuentran «apalabrados» con corporativos privados, gasolineras, franquicias y grupos financieros.

Irregularidades legales y exigencias

La Fiscalía Regional de Morelia abrió la carpeta de investigación con folio FRM0129258/2026; sin embargo, el litigio carece de claridad para los activistas: «Nosotros desconocemos cuál es esa carpeta y cuál es el fundamento jurídico para haber hecho ese operativo. Desconocemos esa actitud negativa de un gobierno», afirmó Alcocer, agregando que ignoran si existen acusaciones particulares contra los miembros de las colectivas.

Ante este panorama, la CCAOS emitió un pliego de exigencias inmediatas. En primer lugar, demandan transparencia total para que se fundamente legal y públicamente la ocupación policial del inmueble. Asimismo, exigen garantías de integridad para todas las personas que resguardaban el espacio, a fin de evitar represalias en su contra. También reclaman el alto a la criminalización, con pleno respeto al derecho a la protesta y a la ocupación pacífica como formas de resistencia social. Por último, urgen a frenar la privatización y a cancelar la venta de los bienes públicos para destinarlos a fines comunitarios, culturales y de resguardo.

Finalmente, la organización —conformada por movimientos feministas, artistas, ambientalistas y sindicatos— convoca a la ciudadanía y a los pueblos originarios a movilizarse en defensa del patrimonio común: «Estamos conscientes de que hay que luchar por los derechos políticos de una sociedad con información y acción, y que no debemos dejar en manos de los políticos cosas tan importantes como lo es el patrimonio público», concluyó Alcocer.