La compañía canadiense Minaurum Gold quiere reactivar una mina de oro sobre una de las reservas de biodiversidad más valiosas de México. La secretaria de Economía puede y debe poner un alto a la minería y también empezar a orientar al país por un nuevo derrotero económico, el de la economía circular

Twitter: @eugeniofv

Al oriente de Oaxaca, en la frontera con Chiapas, hay una zona bellísima formada por llanos y cordilleras cubiertos por selvas y bosques mesófilos, jalonada por pleitos agrarios instigados desde hace décadas por gobernadores chiapanecos y oaxaqueños, lacerada por la pobreza más extrema, que se llama Chimalapas. Ahí, la compañía canadiense Minaurum Gold quiere reactivar una vieja mina de oro y con ello destruir una de las reservas de biodiversidad más valiosas de México y los medios de vida de comunidades enteras. Ante esta situación, hay un paso urgente que dar -negarle todo permiso a la empresa- y una persona que lo puede dar: la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que tiene entre sus facultades y mandatos controlar a las empresas mineras. La titular de Economía tiene también en sus manos la posibilidad de construir una alternativa: impulsar la economía circular y transformar la forma en que se produce y consume en México.  

Según explica la propia Minaurum Gold en su página de internet, la mina en cuestión se llama Santa Marta y de ella pretende extraer oro y cobre. La empresa ha explorado la zona al menos desde 2013, cuando encargó a un geólogo que visitara la zona, y se dice muy entusiasmada por su enorme potencial y porque son reservas prácticamente intactas para ella.  

El desastre ecológico que supone una mina es evidente en sí mismo. Si la mina es a cielo abierto, lo que hace es fundamentalmente destruir todo lo que hay sobre la tierra para sacar lo que hay debajo de ella. Si la mina es, más bien, un conjunto de túneles y galerías subterráneas quizá sea menos cruda a la vista, pero es igual de desastrosa: horadar la tierra con químicos y explosivos es contaminar más allá de todo remedio el agua y el aire y llenar de ruido de explosiones y máquinas lo que estaba lleno de cantos de aves y llamados de insectos y otros animales. Si -como es el caso de Chimalapas- el ecosistema a destruir es muy delicado y está muy amenazado por todas partes, el resultado de aprobar una mina en la zona será inevitablemente terrible.

Las minas tienen, además, efectos sociales terribles. La inmensa mayoría de las compañías mineras son grandes empresas transnacionales a las que se les otorga permiso -en una lógica por demás antidemocrática e injusta- para explotar el subsuelo sin importar lo que digan los dueños del suelo, que en muchísimas ocasiones son comunidades campesinas e indígenas a las que el Estado ha golpeado sistemáticamente. Hace tiempo que se ha documentado la asociación de las mineras con grupos de la delincuencia organizada, y las extorsiones y asesinatos de líderes comunitarios son cotidianos.

La única salida moralmente aceptable y coherente con las promesas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante el empeño de Minaurum Gold es que la secretaria Graciela Márquez impida, como se lo permite la ley, que esa operación minera arranque, pero eso no es suficiente. Graciela Márquez no solo puede y debe poner un alto a la minería que destruye el país, sino que también puede y debe construir la alternativa y empezar a orientar al país por un nuevo derrotero económico, el de la economía circular.

La economía circular es una forma de producir y consumir que consiste en aprovechar al máximo los componentes que ya están en circulación en el sistema, reduciendo la cantidad de insumos necesarios, reutilizando los productos terminados y reciclando lo más posible los desechos que se generen. Para lograrlo, entre otras cosas, hay que descentralizar la producción, generar cadenas de producción y consumo más cortas y combatir prácticas muy dañinas como la obsolescencia programada o la venta de productos de muy mala calidad, que de todas formas son muy caros. También hay que trabajar a todos los niveles para mejorar el manejo de residuos e impulsar una nueva relación entre productores y consumidores, por ejemplo, a través de sellos y estándares ambientales, sociales y de calidad.

Si México empezara a ir por ese camino, se redistribuirían muchos de los beneficios que hoy acaban en manos de unas pocas transnacionales, se haría menos rentable la apertura de minas como las que busca Minaurum Gold, y empezaríamos a construir un país más sano, más justo, más incluyente y sustentable. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, debería empezar a liderar ese camino.

Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.