Pese a que la Organización Familia Pasta de Conchos había denunciado las irregularidades y negligencias contra los trabajadores dentro de las minas de Coahuila, un nuevo accidente ocurrió en la mina de Obayos. De fondo está la compra de carbón a empresas que usan arriesgados métodos de extracción

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: Especial 

Juan Muñiz Calvillo es minero en una cueva de carbón ubicada en el poblado de Obayos, del municipio de Escobedo, Coahuila. El pasado 11 de junio Juan sufrió un accidente mientras trabajaba. Su columna resultó gravemente dañada y Juan permaneció inmóvil en su cama sin recibir atención médica durante dos semanas. 

Al momento del accidente Juan carecía de equipo de protección, tan solo llevaba su casco. Tampoco había camillas en el centro de trabajo, por lo que sus compañeros lo sacaron en una tabla a través del único acceso que hay en la cueva, que funciona de “salida de emergencia”, como en todos los pocitos y minas de arrastre de la región.

Mientras esperaba en el suelo pudo comunicarse con Alondra, su pareja, a quien le informaron que iba a ser trasladado al Seguro Social. Sin embargo la decisión cambió a último minuto y los representantes del Consorcio MInero A.G. y Cia S.A. de C.V. decidieron llevarlo al Centro Médico del municipio de Sabinas, un hospital privado.

“Me preocupé mucho, pensaba lo peor, como no cuentan con medidas de seguridad en la cueva, ahí es muy riesgoso. Me dijo que lo llevaban al Seguro por el accidente, pero después me marcó otra vez y me avisó que siempre no iba al seguro, que lo iban a llevar a Sabinas” relata Alondra. 

A pesar de que Juan fue dado de alta a los pocos días, el personal de salud había ordenado que se le realizara una resonancia magnética para evaluar el estado de su columna, esta no se practicó hasta el 16 de junio. 

Los dolores de espalda, la hinchazón y la pérdida de sensibilidad en el lado derecho de su cuerpo le impiden recobrar su movilidad, los resultados de la resonancia magnética le habían detectado problemas en la columna, por lo que el hospital privado le recomendó ver a un especialista.

La patronal, sin embargo, no gestionó estas acciones, por lo que pasaron dos semanas hasta que Juan decidió ir al Seguro Social. 

Alondra relata que en un inicio los gastos y acompañamiento de Juan los estaba cubriendo el encargado de suministros de la mina, Guillermo Flores, quien dejó de aparecer después del alta de Juan en el Centro Médico, pese a las recomendaciones del personal de salud y el evidente deterioro en su capacidad de movilidad. 

Juan ingresó al Seguro Social el 24 de junio e inmediatamente se ordenó practicarle una cirugía por dos hernias discales. En ese momento personal del IMSS le dijo a Alondra que desde el día del accidente se debió de haber reportado al Seguro, lo cual era obligación de la parte patronal. Nadie lo hizo.

Además, Alondra acusa que durante todo este tiempo solo una vez el patrón se ha comunicado con ellos, y fue para pagarle a Juan 2 mil 500 pesos por concepto de su salario semanal. 

“Todo este tiempo nos habíamos comunicado con Memo Flores”, asegura.

Escasos derechos laborales

Juan ingresó a trabajar en las cuevas de Obayos el 16 de mayo de este año y ganaba un salario de 3 mil a 3 mil 500 pesos, dependiendo las toneladas de carbón que extrajera de la mina. Algunas veces le pagaban con tierra. 

Recibía su salario en un sobre amarillo donde aparecían las leyendas “Raya/Carbón”, sin firmar ningún recibo de nómina.

De acuerdo con la documentación que la Organización Familia Pasta de Conchos ha hecho en la región, la mayoría de los trabajadores gana entre 3 mil 100 y 4 mil 600 pesos semanales, de los cuales se les retienen 700 pesos, pero en otros casos, a quienes trabajan en las minas de carbón les retienen otra parte de su salario.

La retención se hace para obligarlos a asistir a trabajar durante la semana entrante. 

Pese a esto, Juan fue dado de alta en el IMSS hasta el 1 de junio con un salario de 167.23 pesos. 

“No cuadra ese salario”, denuncia Alondra. 

Y agrega que durante todo este tiempo Juan no ha recibido el pago de sus incapacidades o alguna indemnización, “la única vez que recibió dinero fue su pago semanal, menor a lo que él ganaba. Nosotros vamos a exigir a la empresa que se hagan responsables, que sean justos con lo que a él le toca”. 

Aunado al atropello de los derechos laborales de cientos de mineros en la región, las condiciones a las que los trabajadores se exponen día con día han vuelto a la minería una actividad donde los accidentes y siniestros están a la orden del día.

Informalidades en la contratación y las formas de pago, falta de equipos de protección y protocolos de emergencia, sumada a la ausencia de estudios de impacto ambiental, son tan sólo algunas de las precarias condiciones que viven los mineros coahuilenses. 

Aunque de fondo, acusan las familias de Pasta de Conchos, el origen del problema está en el olvido institucional que por décadas han padecido los mineros en México. Así como los millonarios contratos que la Comisión Federal de Electricidad mantiene con las concesionarias mineras que siguen apostando a las “minas de arrastre” y los “pocitos” como métodos de extracción de carbón. 

Falta de voluntad para prohibir pocitos y minas de arrastre

CONSORCIO MINERO A.G. Y CIA S.A. DE C.V. es propiedad de Luis Alfonso Rodríguez Garza, quien también es dueño de la empresa GRUPO SACU S.A. DE C.V.

Ambas empresas operan en el complejo minero donde Juan trabaja, y en suma tienen contratos de suministro de 318 mil 841 toneladas de carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la cantidad de 295 millones 489 mil 307 pesos. 

Dentro del lote minero donde están establecidas estas empresas se usan los métodos de extracción denominados  “minas de arrastre” y “pocitos”, los mismos que se usaban en Pasta de Conchos hasta el siniestro de 2006 y en la reciente tragedia de las minas de Múzquiz.

Estas formas de extracción minera se realizan a través de perforaciones y excavaciones en el suelo o en las paredes de los tajos de otro tipo de minería que se han abandonado. 

En el caso de los “pocitos” la perforación se hace directamente en el suelo, por lo que la extracción del carbón se hace de forma vertical, lo que implica que los mineros se metan en el hoyo perforado para poder ingresar y salir de la mina. 

En las “minas de arrastre” se practica un procedimiento similar, sin embargo en este tipo de minería el proceso de extracción es a través de pendientes que bajan desde el lugar donde se hizo la perforación.

En ambos casos la existencia de salidas o rutas de escape es prácticamente nula, pues se parte de una única perforación por donde ingresan los trabajadores y la maquinaria para extraer el mineral deseado, que en el caso de los complejos mineros de Coahuila es el carbón. 

Se estima que en el estado de Coahuila se concentra el 98% de la producción de carbón a nivel nacional.

“Las condiciones de trabajo de los mineros son inadecuadas, son muy valientes al entrar a estas minas, pero no es tanto el valor, sino la necesidad lo que los orilla a trabajar ahí.” señala Elvira Martínez, viuda del minero Jorge Vladimir Muñóz de Pasta de Conchos. 

Y agrega que las condiciones de trabajo de los mineros “son de pánico, pues entran a lugares profundos. Las entradas son de tamaños pequeños, y por el calor los trabajadores entran sin playera, en short, con tenis. No hay otra vía de salida, es muy riesgoso y no tienen opción de poder salvar su vida en caso de que sucediera algo al interior. ”

Desde el 2006 la Organización Familias Pasta de Conchos (OFPC), a la que Elvira pertenece, ha documentado más de 100 incidentes y siniestros en la región relacionados con este tipo de extracción minera. 

Y asegura que pese a que distintas administraciones estatales y federales se han comprometido por atender las precarias condiciones de seguridad a las que se enfrentan los mineros “para nosotros sigue todo igual, si hubieran tomado cambios ya se hubieran visto. Siguen operando los pozos, no se les inspecciona, no se toman medidas y las muertes siguen.” 

Para Elvira una verdadera estrategia de prevención de siniestros  y de protección a los mineros debe de pasar por la etapa de inspección que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está obligada a realizar. 

Estas acciones, sin embargo, no contemplan un verdadero trabajo de campo, sino que se concentran en labores administrativas que no verifican la documentación presentada por los concesionarios y empresarios mineros. 

“Deben de tomarse medidas enérgicas contra los empresarios, en donde se cercioren que se cumplan y se verifiquen las condiciones de seguridad en campo, porque casi todo lo hacen administrativo, no verifican en físico”, agrega. 

Aunado a esto, Elvira sostiene que existe un vacío legal en la legislación minera, pues al momento de que se le impone una sanción a alguna empresa minera éstas optan por cambiar de nombre y razón social en vez de acatar y respetar las medidas de seguridad e higiene para seguir operando. 

“Hay una habilidad en los empresarios para evadir estas cosas, pues al cambiar de nombre hacen que las verificaciones no se cumplan”, puntualiza. 

En tanto, para Elvira y las demás integrantes de la  OFPC el problema central sigue siendo la compra de carbón a estas empresas. 

“Aunque se dio la indicación de comprar carbón a pequeños empresarios, estos son poceros que usan este tipo de extracción.” señala. 

En julio del 2020 el titular de la CFE, Manuel Bartlett, anunció que optaría por comprar carbón a pequeños y medianos productores del estado de Coahuila con el objetivo de fomentar el desarrollo productivo de la región carbonífera de Sabinas y para salvaguardar la soberanía y seguridad energética del país. 

Este hecho, sumado a la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador durante un acto en el municipio de Nueva Rosita, para continuar los trabajos de reparación integral a las viudas y familiares de los mineros de Pasta de Conchos, han desviado el foco de atención del verdadero problema en la extracción de carbón. 

“El asunto no es que se comprometan al rescate, pues en la región siempre se ha rescatado, Pasta de Conchos fue el único que no se rescató. No es un favor a las familias, es un deber. El asunto está en que se actúen las medidas de no repetición que el señor presidente dijo y no se han hecho”, enfatiza Elvira. 

Entre las medidas de no repetición que la OFPC y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han propuesto destacan las siguientes: 

“1) La prohibición legal y total de las llamadas “minitas de arrastre” o cuevas y pozos de carbón; 2) el compromiso público de la CFE de no comprar carbón de este tipo de minería; 3) la revisión de todos los contratos asignados por CFE; 4) la cancelación en las concesiones mineras de todas las áreas ya explotadas; 5) la elaboración de un “Protocolo de Salvamento Minero”.”

 Pese a esto, la falta de coordinación y de voluntad política entre el gobierno del estado y la federación han hecho que en Coahuila sigan ocurriendo siniestros como los de Pasta de Conchos. 

“Cuando se trata de exigir justicia el gobierno del estado sale que no es competencia de ellos, que es federal. Es evidente que al estado ni a la federación no les interesa dejar de comprarles carbón a los poceros, PRODEMI estaba obteniendo ganancias de la venta y compra de carbón mientras la CFE era intermediaria.” Denuncia Elvira. 

Hasta el momento son 17 contratos activos entre la CFE y empresas mineras para la compra de carbón térmico, que en suma se traducen en la compra de 64 millones 429 mil 974 toneladas de carbón por más de dos billones de pesos. 

Alondra concluye: 

“Quiero que agarren conciencia de lo que están pasando, los mineros son seres humanos. Me da coraje que piensen que la vida de los trabajadores no vale nada, que se llenen su bolsillo de dinero, quiero que agarren conciencia para que tengan sus medidas necesarias de seguridad y no vuelvan a pasar más tragedias”.

Alondra