En lo que hasta hace un año fue el edificio gubernamental del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, integrantes de la comunidad otomí celebraron un cuarto de siglo del CNI, dentro del espacio renombrado como Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes»

Texto: María Ruiz y Arturo Contreras

Fotos: María Ruiz 

CIUDAD DE MÉXICO.- A un año de que la comunidad Otomí tomara las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), renombró el edificio como Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas «Samir Flores Soberanes».

La comunidad declaró el inmueble propiedad de los pueblos indígenas y advirtió que no lo regresarán al instituto.

«Nos comprometemos a realizar diversas actividades que tengan que ver con la educación, salud, trabajo, alimentación, vivienda, cultura, autonomía, organización y sobre todo resistencia y rebeldía. Convocamos a los pueblos y comunidades Indígenas que integran el CNI a que hagamos nuestro este espacio de lucha».

La conmemoración de la toma comenzó con un conversatorio en el que participaron defensoras y representantes de diversas resistencias contra megaproyectos y despojos de diversos territorios del país. 

Doña Fili, defensora del manantial de Aztecas 215, recordó que en la urbe las comunidades  luchan contra la gentrificación y por el derecho a una vida digna:

«Mientras haya gobiernos al servicio de las inmobiliarias habrá estás tomas. Se ha dado preferencia a las inmobiliarias, como ciudadanos no estamos siendo considerados y lo que más duele, no están siendo consideradas las futuras generaciones [..] El gran capitalismo dice que ya no hay lucha de clases, aquí les demostramos que hay lucha de clases y que mientras haya oprimidos y opresores, habrá lucha de clases».

Al finalizar su participación la señora Fili, como todas las personas se refieren a ella, citó a Eduardo Galeano y sentenció: «las venas siguen sangrando por los que se creen dueños del mundo».

En el conversatorio estuvieron presentes las defensoras del agua en Santiago Mexquititlán, Querétaro, donde mantienen tomado el pozo de agua del Barrio IV. Denunciaron las agresiones a las que se han enfrentado por defender su comunidad y lo difícil que ha sido enfrentarse a un gobierno que prioriza a las empresas:

«A siete meses de la toma del pozo la Fiscalía ha actuado con toda la corrupción, usando sus ministerios públicos para castigarnos. En los últimos meses balearon y encarcelaron a compañeros defensores. […] Utilizan todo el poder de las instituciones para someternos y callarnos. Se les ha olvidado que la existencia no tiene costo porque todo privatizan». 

Estela Hernández agradeció a los otomíes de la Ciudad de México por ser ejemplo de resistencia: «Nos mostraron con su ejemplo que se pueden significar todos los espacios».

Este 12 de octubre también se celebró el 25 aniversario de la creación del Consejo  Nacional Indígena (CNI). El coordinador del CNI estuvo presente y recordó el contexto en el que cumplen un cuarto de siglo: entre grandes ejemplos de resistencia como la toma Otomí, el viaje de La Montaña a la Europa Insumisa y la toma de las instalaciones de Bonafont. Pero también mencionó el contexto de violencias: amenazas, desapariciones y asesinatos, a los que defensores y defensoras se enfrentan por sus vidas y territorios. También hizo hincapié y advertencia en los megaproyectos que se están por construir como el Tren Maya, el Tren Transístmico y el Proyecto Integral Morelos. 

Okupar para vivir con dignidad

“Hace más de cuatro décadas que llegamos a esta ciudad, de noche, con la lluvia, con nuestras hijas y cargando nuestra miseria. Nadie supo de nuestros males ni dolores.

Muchas puertas tocamos y ninguna se abrió…”, leyeron en un comunicado las mujeres otomíes. 

Antes de la toma la comunidad otomí vivió varios meses en campamentos, afectadas por los sismos del 2017. Para ellas y ellos, que ahora habitan la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores”, okupar ha significado vivir con dignidad. 

Antonio y Carlos llevan un año viviendo en la toma. Fueron de los primeros en okupar el inmueble. Cuentan que acá viven mejor:

“No había agua, dormíamos en campamentos. Había lluvias y se inundaba donde dormíamos, las goteras…. Aquí tenemos todo: agua, luz, drenaje. Y pues sí es un gran cambio”, cuenta.

Antonio comenzó a politizarse por sus suegros, ahora lo que más admira de los zapatistas es su autonomía. 

Anselma Margarito coincide con sus compañeros y cuenta lo difícil que era habitar los campamentos durante la pandemia:

“El gobierno nos decía toma tu distancia, lávate las manos pero como íbamos a guardar distancia o lavarnos si no teníamos agua o espacio. Aquí tenemos oportunidad de no preocuparnos por mojarnos con la lluvia, sabemos que estamos en un lugar muy seguro y tenemos las cosas que nos merecemos.Nosotros hemos sufrido represión, discriminación y despojo y si tomamos el INPI es para exigir nuestros derechos, así como lo establece la constitución” cuenta Anselma Margarito.

Anselma tiene 19 años y fue la encargada de leer el comunicado de su comunidad. Cuando iba en la preparatoria se empezó a dar cuenta de las desigualdades que vivían: 

“Ni siquiera tenemos ese derecho de estar en la ciudad, por ser indígena sufrimos discriminación cuando a los pueblos originarios nos corresponde este México. Veía lo que sufría mi familia que ni siquiera una puede estudiar porque no le dan ese mismo privilegio que a un rico, he visto a mi mamá cómo sufre cuando va al doctor, que no le dan una buena atención médica. Hay compañeras que han ido a aliviarse de sus hijas a hospitales y les han dicho que si no tienen dinero es porque tienen más hijxs. He aprendido y compartido y he visto cómo nos hacen menos. No podemos salir con nuestra vestimenta tranquilas porque nos dicen ‘india, viniste a invadir’”, recuerda. 

Elvira vive con su familia en la toma, llegó a la Ciudad de México a los seis años. Le ha costado conseguir una vida digna y ve en la desigualdad de riquezas la base de las dificultades a las que se ha enfrentado: 

“Luego nos discriminan porque cerramos la calle, que mejor nos pongamos a trabajar. Tal vez ellos porque no han sufrido y se les ha facilitado tener su casa… quisiéramos tener una casa con el sudor de nuestra frente, pedimos una vivienda pagada, no regalada. Así la gente rica piensa que estamos locos pero ignorantes son ellos, porque estamos luchando con mucho orgullo y dignidad para tener algo para nuestros hijos. Ellos porque teniendo dinero lo compran todo” denuncia.

Durante el acto político de la develación del nuevo frente del inmueble, en donde ahora se lee Casa de los pueblos y comunidades indígenas (yä gnhü yÄ jhöy) “Samir Flores Soberanos”, entre el retrato del defensor y una tradicional muñeca otomí, de manera simbólica mostraron los restos del letrero del INPI.

“Sobre las ruinas del Instituto se inaugura la casa de los pueblos y a partir de hoy esto pertenece al Congreso Nacional Indígena”, anunciaron con potencia.

Gobierno de Ciudad de México se niega a reconocer a sus pueblos originarios

A unos cuantos kilómetros, en contraste a la fiesta ocurrida dentro de la casa de los pueblos Samir Flores, el Frente de Pueblos y Barrios del Anáhuac insistía para que el gobierno de la Ciudad de México los reconociera. Desde hace dos años la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes ha aplazado el registro de pueblos indígenas. Y este martes la organización sostuvo una reunión con su titular Laura Ita Andehui. Ellos esperaban  ser incorporados a un registro local de pueblos y barrios. Pero no pasó. 

La semana pasada este grupo de pueblos y barrios, que integran demarcaciones de Iztapalapa, Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Benito Juárez y Xochimilco, acudieron a estas oficinas a reclamar lo mismo, pero les dieron cita hasta este martes, misma que no resolvió en nada y se acordó retomar dentro de quince días. 

En la Ciudad de México se tienen un par de censos de los pueblos y barrios de la ciudad, sin embargo, la entrada en vigor en 2019 una nueva Ley de Pueblos y Barrios de la Ciudad de México obligó a crear un nuevo registro. La tarea está en manos de la Secretaría de Pueblos y Barrios, pero no la han llevado a cabo.

Primero pusieron de pretexto la pandemia, les recordó uno de los vecinos de los pueblos durante la reunión. Después dijeron que la falta de presupuesto no se los ha permitido. Como respuesta la secretaria dió más largas. 

“Sería una irresponsabilidad terrible que les dijera que en quince días va a estar el registro, pero les puedo decir que en la próxima reunión van a haber avances”, aseguró la secretaria Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón.
“Prácticamente ya está hecho”, dijo sobre la propuesta de registro. “A pesar de que es una obligación y una responsabilidad de esta Secretaría, hemos pedido la opinión, para trabajar juntos, con la Secretaría de Gobierno y la Consejería Jurídica. Ya tenemos la propuesta terminada y está en revisión”, añadió. 

El Frente de pueblos y barrios del Anáhuac sostiene, por la experiencia compartida de varios de sus integrantes, que este retraso ha servido a la administración de Claudia Sheinbaum para aprobar megaproyectos como puentes vehiculares o grandes edificios sin consultar a los pueblos y barrios, a pesar de que esa fue una de sus promesas de campaña.