Los pobladores de Carrizalillo, en Guerrero, tendrán una primera renegociación con la minera Equinox Gold que opera en sus tierras. La minera canadiense que explota uno de los yacimientos más importantes de oro en Latinoamérica incumplió los acuerdos de reparación de los daños ambientales en la zona y de atención a la salud de los pobladores a causa de las actividades mineras

Texto: Vania Pigeonutt

Fotos: Ignacio De Alba y cortesía de pobladores

GUERRERO.- Carrizalillo es una comunidad ubicada en el municipio de Eduardo Neri que lleva 13 años rentando sus tierras a la minería a cielo abierto. El pueblo, de donde está desplazada la tercera parte de la población – eran 1, 600 personas–, se ubica a sólo 600 metros del primer depósito de residuos tóxicos de la mina Bermejal. Donde hasta hace unos 15 años había encinos, pinos y mucha vegetación, animales pastando, ahora está contaminado hasta el aire. 

El impacto de esta mina es el ejemplo, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), “de que el proyecto vinculado al modelo extractivo minero, debería estar prohibido en México. Es un proyecto que en términos generales atenta contra la vida. Tiene un proceso de dos condiciones: uno es el despojo y otro es el desplazamiento forzado”.

Desde el 3 de septiembre, en este último proceso de negociación de la población con la minera, ahora Equinox Gold, sus habitantes del El ejido de Carrizalillo terminaron su convenio y se instalaron en un plantón permanente afuera de las oficinas de la mina.

El convenio firmado hasta 2025 consideraba un sistema de agua potable para las familias que viven en Carrizalillo; el agua con la que actualmente cuentan tiene altos niveles de arsénico y hay evidencias médicas que ésta provoca enfermedades cutáneas permanentes. También se incluyeron cláusulas que protegían, de algún modo, la atención de salud de los ejidatarios y familias, como las relacionadas con el medio ambiente. Estos acuerdos se incumplieron y los pobladores terminaron su relación.

En este ejido Los Filos-El Bermejal se explota uno de los yacimientos más importantes de oro en América Latina a cielo abierto, y aunque esta forma de minería está prohibida en varios países, porque se remueve el terreno con explosivos y para extraer el metal de las piedras se utilizan y generan químicos como cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, plomo, así como otros metales pesados, en 13 años no ha parado la explotación.

En 2014, organizaciones como Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos A.C. (PIAP) realizaban un recuento de los daños desde que en 2007 GoldCorp inició la explotación de minerales en la comunidad, pero tuvieron que dejar de documentar por la pelea de grupos del crimen organizado en la zona. A la fecha, Rema considera que las agrupaciones criminales eran usadas para ampliar la operación minera.

En ese año, también en un contexto de negociación, la organización alertó que 27% de la población padecía náuseas, diarreas y parasitosis; dolor de cabeza, agotamiento, somnolencia, irritabilidad, desánimo, 39%; dolor, irritación, ronquera, inflamación o anginas, 45%. 

Más de la mitad de la población, 57%, padecía enfermedades respiratorias, desde adultos hasta niños, la mayoría a causa del polvo que contiene metales pesados, del cianuro de sodio y del drenaje ácido utilizado para extraer los minerales. A la fecha, sostiene Rema, todas las familias cuentan con uno o dos integrantes enfermos por operaciones mineras.

Paro de labores

La ocupación de la mina hasta el 3 de septiembre era de 700 hectáreas de uso común y 800 hectáreas en parcelas. Dejaron de trabajar, según informó el ejido en una conferencia de prensa en Chilpancingo, 480 trabajadores de la sección sindical 269 y otros 250 de la sección 270; 400 contratistas y 250 trabajadores de confianza.

Vía telefónica, un representante de Rema explicó que “a partir de que la empresa sigue manteniendo posición discriminatoria, de omisión, que sigue sin respetan la ley, hay un incumplimiento de lo que ambas partes acordaron y en el mismo convenio hay una cláusula, que mencionan que en el caso del incumplimiento de algunas cláusulas, las partes afectadas podrán definir la cancelación del convenio”.

Explicaron que estos habitantes, al igual que los de la comunidad vecina de Mezcala, también del municipio de Eduardo Neri, son conscientes de que la actividad minera genera devastación, pero requieren que se cumplan todos los puntos firmados en el acuerdo desde hace un año y tres meses, para poder permitir la operación que, en cálculos proyectados, le representaría la explotación de 250 mil onzas de oro al año.

La historia de Carrizalillo se remonta a tres sexenios. En este tiempo, no ha habido una disposición real de cierre, y lo que les ha quedado a los habitantes, dicen los representantes de Rema, es negociar con los explotadores. A un lado, está Mezcala, un pueblo con un calor quemante y seco. También desde 2007, pactaron la renta de sus tierras comunales con la empresa minera Luismin, que después cedió en venta las tierras a Gold Corp.

Este proyecto se amplió. En Carrizalilo ahora hay cuatro tajos de donde es extraído el oro, y en lugar de un túnel donde pasan los desechos químicos, hay tres. 

Trece años de despojo

“El despojo es en su sentido amplio y general: de la vida, agua, salud, vida comunitaria, gobernanza: ¿si me despojan la vida comunitaria y la gobernanza, allí encuentras que entran grupos fácticos, grupos políticos, siempre vinculados a lo fáctico. Que acá ya estamos acostumbrados a vincularlo con el tema del crimen organizado, pero desde el Estado hay una permisividad con esos líderes, es el gobierno, es un proceso sistémico que nos pasa en todos lados”.

Por esa razón: “las demandas sociales de la comunidad, como el agua, el sistema de medicamentos de salud; pide que cumplan esa parte. Que cumplan con todas las cláusulas que han quedado atrás y eso ha ido generando una serie de atrasos por parte de la empresa. A partir de oficios que se le enviaron en semanas anteriores, la comunidad tuvo que llegar al extremo de instalarse en plantón y defender las operaciones de la mina”. 

La empresa se comprometió a resolver el tema de la red de agua potable y que no lo ha cumplido. Cuando la empresa Equinox Gold empezó a crecer su proyecto de lixiviado tocó manantiales que eran de la comunidad.

“Yo quiero que resuelvas mi servicio de agua, es un punto que en 2019 quedó acordado. Se firma de convenio, tres meses después tenía que resolver. Un año, tres meses después está sin cumplir”, recalca el representante de Rema.

“Sin temor a equivocarnos del 100 por ciento de las familias tienen por lo menos uno y dos integrantes con enfermedades relacionadas con la actividad minera. Por el otro lado, está el tema del desplazamiento y el despojo, el tema de violencia, hay una parte de la población que no puede regresar a su pueblo. No desde la operación como tal, sino del control territorial, seguimos con un montón de desplazados”, cuenta.

Un poblador, quien junto a los activistas contra la minería decidió no dar sus nombre por las amenazas  que recibe en la zona, dijo que tanto Carrizalillo como Mezcala, luego de que en mayo retomaron operaciones mineras, fueron dos comunidades con alto número de contagios por la pandemia de covid–19: calculan que a la fecha ha habido 300 casos de la nuevo tipo de coronavirus, aunque sólo dos defunciones.

La 4T no tiene una política de minas

Para los integrantes de Rema, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador no considera un análisis profundo de los daños que provoca la minería, sobre todo a cielo abierto. Carrizalillo es una muestra de devastación social, ambiental, cultural, explican. 

“Que diga que no dará concesiones es retórico. Sólo mil 500 proyectos están operando, qué pasaría si se activaran las otras 24 mil 600 concesiones que están ahí amenazando. Es una retórica que no tiene significado. No hay una política de análisis y diagnóstico de lo que ya se entregó, sólo hay una postura política de que no va a entregar”, dijo uno de los activistas.

El Fondo minero es otra problemática para los pueblos, y además no alcanza para nada. Un ejemplo, dijeron, es el que juntan Mezcala y Carrizalillo. Son 10 millones de pesos, que dice el experto, no sirven ni para la pavimentación de tres calles. Por eso, la desaparición de la Subsecretaría de Minería, que encabezaba Francisco Quiroga, le parece un asunto sin relevancia. El funcionario, dice, se dedicó a instruirse de la forma en la que trabajaban las empresas mineras para beneficio de éstas.

Este lunes, los pobladores, que llevan tres días compartiendo en su plantón, de acuerdo con lo informado por el ejidatario, con las medidas de bioseguridad, como el uso de cubrebocas, y gel antibcaterial, tendrán una primera renegociación con Equinox Gold, quien lleva tres días perdidos de operaciones. La onza de oro está en 1, 900 dólares.