En Jalisco, Abengoa y FCC, dos empresas españolas, de la mano del gobierno de México quieren desalojar a un millar de campesinos para llevar el agua de sus ríos hasta el corredor industrial de Guanajuato aunque eso vulnere los mismos derechos humanos que dicen proteger en sus códigos de ética o en el Pacto Mundial de Responsabilidad Corporativa que ambas firmaron ante la ONU. En Morelos, Tlaxcala y Puebla, un consorcio italo-español instaló y opera un gasoducto que atraviesa la Reserva Natural del Popocatépetl pese al riesgo explícito de erupción volcánica. Por oponerse a éste, una docena de opositores han sido judicializados. El consorcio Gasoducto Morelos lo integran la italiana Bonatti y las españolas Elecnor y Enagás. Esta última también forma parte de las 35 empresas ibéricas que forman el índice bursátil español y no solo firmó el Pacto Mundial sino que ayudó a redactar las bases de la red española del acuerdo. En el caso de Abengoa, además, cobró 1,600 millones de pesos del gobierno mexicano sin poner una piedra y mientras se ahoga por impagos en España y México.