Una persona desaparecida está en un limbo jurídico: no está ni viva ni muerta. Esto pone a las familias en riesgo de perder prestaciones sociales, del desalojo, porque se dejó de pagar la hipoteca, la imposibilidad de acceder a cuentas bancarias para sanar la mermada economía. La mayoría de los estados no ha generado mecanismos legales para garantizar los derechos de sus familias
Los desaparecidos existen, y existen jurídicamente












