El pasado 28 de julio, el conflicto agrario del proyecto «Las Cañadas» llegó a la mañanera de López Obrador. Pero detrás de esos minutos discutidos entre Julio Astillero y el presidente, se esconden 40 años de despojo en la sierra de San Miguelito en San Luis Potosí…

Texto: Marcela Del Muro

Fotos: Mauricio Palos

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- “Ayer escuché a la secretaria del Medio Ambiente decir que no conoce el proyecto ‘Las Cañadas’, que no lo conoce. Lo conoce medio San Luis (Potosí), imposible que no lo conozca. Pero trataré de ayudar a que lo conozca”. Así comenzó el periodista Julio Hernández su derecho a réplica en la pasada conferencia mañanera del 28 de julio, después de ser descalificado por el gobierno federal, sobre la cesión de mil 805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, a la empresa Espacios en el Horizonte S.A. de C.V., con ayuda de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El periodista y columnista del periódico La Jornada explicó cómo el 28 de agosto del 2019, el Instituto Municipal de Planeación (Implan) informó que recibió la documentación de un nuevo proyecto inmobiliario ubicado en dos mil 069 hectáreas de la zona norte de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos, Tierra Blanca y San Miguelito.

Esta obra, que se desarrollará en un lapso de 20 años, da continuidad a la urbanización de la zona poniente de la capital del estado. Un área de gran plusvalía donde se encuentran varios complejos residenciales de los más lujosos de la ciudad que, próximamente, contarán con una conectividad estratégica con la Zona Industrial. El proyecto fue presentado por tres empresarios potosinos muy conocidos en el ramo: Carlos López Medina, Manuel Muñiz Werge y Manuel del Valle López.

Unos meses antes, el 24 de mayo, el presidente López Obrador anunció que se haría la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) para la Sierra de San Miguelito y se armó un convenio entre Gobierno del Estado, Gobierno Federal y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) que realizaría un Estudio Previo Justificativo (EPJ). Pero los desarrolladores ya llevaban algunos meses de ventaja y, en julio del 2019, lograron realizar un contrato de asociación en participación entre la empresa inmobiliaria y  algunos de los comuneros, tras una asamblea comunal donde no hubo presencia de la Procuraduría Agraria.

A dos años del inicio

En dos años se han movido muchas cosas: actualmente se realiza una consulta pública para definir la postura de los núcleos agrarios sobre el polígono del ANP; también se excluyeron mil 805 hectáreas de la protección ecológica, justo la zona norte de la comunidad; y en julio de este año los comuneros recibieron un adelanto de 10 mil pesos, de los 83 mil 562 pesos acordados, por concepto de anticipo de utilidades como socios del proyectos Las Cañadas. 

Es importante señalar que en esas hectáreas excluidas del polígono de ANP se encuentran dos importantes zonas de recarga de los mantos acuíferos que vienen señalados en el Plan del Centro de Población Estratégico de San Luis Potosí del 2003.  

San Luis industrial a la caza de vivienda y negocios

Para comprender lo que está pasando en la zona es importante colocar a San Luis Potosí en el mapa. Este estado cuenta con una ubicación estratégica que lo conecta con las principales ciudades, la frontera norte y algunos puertos marítimos en México. Esto ha traído la entrada de inversiones industriales que lo han colocado como uno de los líderes de la zona Bajío. Este crecimiento económico lleva más de treinta años; y ha ido estimulando una alta demanda inmobiliaria que se ha extendido al área conurbada de la capital.

A partir de la reforma al artículo 27 constitucional, en 1992, se eliminó el obstáculo para incorporar el suelo de propiedad social, es decir el ejidal y comunal, al desarrollo urbano. Producto de estas reformas, surgieron nuevas instituciones agrarias y nuevos programas gubernamentales, como el Programa de Incorporación de Suelo Social al Desarrollo Urbano (PISO), en 1996. 

El propósito inicial del PISO era promover que los núcleos agrarios que tuvieran suelo apto para construcción, ofertaran sus tierras a quien lo necesite. En su legislación también señalaba que “se desalientan los procesos especulativos, procurando que los núcleos de población agrarios participen en tiempo, cantidad y calidad de los productos inmobiliarios y se garanticen superficies y precios accesibles de suelo o vivienda a los consumidores urbanos de escasos recursos”. 

En San Luis Potosí, este programa agrario fue utilizado por grupos de inversionistas que compraron tierras ejidales a precios bajísimos y comenzaron este proyecto de urbanizar la costosa zona poniente de la capital. El PISO promovía la aportación de tierras a sociedades mercantiles o civiles, así se crearon las inmobiliarias ejidales. En la ciudad, se armaron tres sociedades: Residencial La Teneria, Lomas de la Garita y Desarrollo del Pedregal; donde el grupo de inversionistas estaba conformado por: Vicente Rangel Lozano, Eduardo García Navarro y Carlos López Medina, el mismo que busca la compra de la comunidad de San Juan de Guadalupe. De esta forma se permitió la incorporación 832.72 hectáreas del Ejido Garita de Jalisco que fue comprado a los ejidatarios por $52 mil 900 pesos.  Así comenzó el lucrativo negocio inmobiliario de estos empresarios. 

Este programa agrario vio su fin en 2003, pero dotó de herramientas a los desarrolladores, quienes siguen utilizando las asociaciones con los ejidos o comunidades para adquirir tierras a bajos costos que se convertirán en lujosas residencias o parques industriales. 

El quiebre comunal de San Juan de Guadalupe 

Cuarenta años resistiendo

“San Juan de Guadalupe tiene desde principios de los ochenta, casi cuarenta años, con problemas. Esto de estar sufriendo en nuestra tierra no es nuevo”, comenta Tomas Jasso, hijo del comunero Pedro Jasso y heredero de la resistencia, quien junto a varios compañeros de la comunidad formaron el Grupo Emiliano Zapata. 

Desde 1981, la comunidad informó a las autoridades estatales que el comisariado, los Juanes Perreros, comercializaron ilegalmente más de 600 hectáreas de tierras de uso común. Hicieron manifestaciones, trataron de mover el tema, pero no fueron escuchados; en cambio comenzaron las represiones. 

Don Pedro Jasso, cansado de la situación y con un hijo preso, viajó durante 18 días en su burro El Chaparro hasta el Distrito Federal. El hombre de 87 años llegó el 12 de julio de 1997 y se plantó durante catorce meses en la plancha del Zócalo para pedir intervención del gobierno federal al despojo de tierras en su comunidad. Regresó a casa cuando fue avisado de la próxima detención de los Juanes Perreros, pero esta fue una noticia falsa. 

Para ese entonces, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) comenzaba a funcionar en la comunidad. El Procede se encargaba de la ratificación de la tenencia de la tierra, pero en el estado este programa ayudó a dar reconocimiento como titulares de la tierra a personas externas a los ejidos o comunidades, siendo más fácil la  enajenación de los derechos parcelarios porque se contaba con el dominio pleno de la votación en las Asambleas ejidales. En 2003, tres nuevas colonias se comían a San Juan de Guadalupe y el Procede no hacía válido el título colonial que acredita a los comuneros como herederos huachichiles y dueños de la tierra.

Don Pedro viajó, nuevamente, 400 kilómetros para hacer público el aumento de los problemas en su comunidad provocados por las fallas en el cumplimiento de los programas agrarios. Se les dio el título de comuneros, pero las ciudad siguió comiéndose a la comunidad: bodegas, comercios, unidades habitacionales y el Hospital del Niño y la Mujer se construyeron en esos terrenos. 

Los Juanes Perreros fueron los primeros de muchos comisariados que fueron señalados por venderse a los desarrolladores o civiles que buscaban un cacho de tierra en la comunidad. Pero estos sobornos no solo se quedaron en las autoridades comunitarias, fueron caminando a la población en general. 

“Contratan a personas dentro del ejido para hacer una prospección de la zona: ¿Cuántos grupos internos existen? ¿Cuántos están a favor de vender y cuántos en contra? Con esta información, los desarrolladores comienzan a reunirse con los que están interesados en vender y forman un grupo de choque dentro de la localidad, esto con el fin de romper la resistencia y lograr convencer a más personas. Es muy triste y preocupante porque engañan a los ejidatarios a partir de la pobreza”, explica Carlos Covarrubias, integrante del Frente Amplio Opositor y  defensor de grupos de comuneros y ejidatarios de territorios en conflicto en el estado. 

“La comunidad está totalmente fragmentada, incluso las mismas familias están divididas. La lucha política y social por conseguir este espacio ha sido muy pesada para la comunidad y esto ha generado mucha desconfianza entre ellos”, comenta Adriana Zárate, maestra en ciencias sociales. Ella exploró la forma cómo el conflicto en San Juan de Guadalupe se ha ido distribuyendo y ocupando los espacios en la comunidad, pero también el significado que tiene ese espacio en disputa para los comuneros y comuneras, sus familias, sus vecinos, los activistas y las mismas autoridades. 

El estudio de Adriana nos explica cómo desde los años setenta y ochenta, la Sierra dejó de ser protegida en los Planes de Desarrollo Urbano de gobiernos estatales y municipales.

“Se fueron generando las condiciones para que los comuneros vendan, los empresarios compren y exista esta disputa. Los problemas de fragmentación en la comunidad se dan por el manejo de la Procuraduría Agraria en las asambleas comunales, también la entrega de dinero a diferentes personas, como a algunos comisarios que han llegado a robarse el dinero; y por este flujo de gente que entra a la discusión de tierras cuando no son parte de la comunidad”.

Adriana Zárate, maestra en ciencias sociales.

En la familia de los Jasso, Manuel y Tomás siguen resistiendo, pero ellos narran como uno de los hermanos, aquel que se encontraba preso cuando don Pedro viajó al D.F., recibió dinero de los empresarios cuando fue comisario y, desde ahí, comenzó a proteger los intereses de los fraccionadores. Esto ha herido a la familia, sobretodo a Tomás que ha sido muy reprimido por el estado. Él y los integrantes del grupo Emiliano Zapata han sido varias veces encarcelados por este conflicto, mientras sus familias se van fragmentando, poco a poco.    

Muchas comunidades de la Sierra están en peligro

La Sierra de San Miguelito es una superficie montañosa que pertenece a la ecorregión del Desierto de Chihuahua y se ubica en el suroeste del estado de San Luis Potosí, en los municipios de Mexquitic de Carmona, Villa de Arriaga, Villa de Reyes y la capital del estado. Es un patrimonio cultural y paisajístico de estos municipios, pero también es la principal zona de recarga de los acuíferos y evita las inundaciones en las ciudades. 

Actualmente, en el estado, doce comunidades que son atravesadas por la Sierra tienen conflictos agrarios: problemas de cambio de uso de suelo; tráfico y venta simulada de tierras; expropiación total y parcial de tierras de uso común; pérdida de dominio de derechos de agua, sometimiento del tejido social, entre otras cosas.

El año pasado, en plena pandemia, se trató de vincular a proceso a Alejandro Cervantes, líder de la resistencia en el ejido de Rodrigo, que pertenece al municipio de Villa de Reyes, donde se localizan la mayoría de los parques industriales como Logistik II, donde se encuentra la armadora de BMW. 

En Rodrigo nadie se puede dedicar a la agricultura. Las salidas de agua de las presas que abastecen el área de cultivo fueron bloqueadas con tierra, grava y máquinas, esta fue la respuesta que tuvo la empresa Grupo Prohabitación ante la negativa de venta de cuarenta ejidatarios disidentes.   

En 2015, la empresa presentó un plan de desarrollo para un nuevo fraccionamiento de su proyecto “Ciudad Maderas”, donde se contempló la urbanización de 652 hectáreas de Rodrigo. Para ese entonces, ninguno de los 128 ejidatarios titulares habían sido informados de los planes en sus tierras.  Fue hasta el 20 de abril del 2016, durante una asamblea ejidal organizada por la Procuraduría Agraria, donde tuvieron conocimiento del tema: la empresa ofreció $13 pesos por metro cuadrado, pero las hectáreas a comprar incluyen las dos presas del ejido. Cerca de sesenta ejidatarios recibieron un anticipo. Nadie lo señaló como un acto ilegal, al contrario, fue fácil para los desarrolladores porque, hasta la fecha, cuentan con el apoyo del comisariado. Fue entonces que Alejandro colocó dos candados, uno por presa, pero la presión contra él y sus compañeros fue aumentando, hasta que llegó el encarcelamiento. 

No vamos a dar ninguna concesión 

“Solo aclarar que yo no conozco el proyecto inmobiliario, no conozco al empresario”, comentó el presidente López Obrador como respuesta al derecho de réplica del periodista Julio Astillero. “Yo jamás he actuado en contra de la gente, en contra del medio ambiente, jamás. Y está claro que no voy a afectar ninguna área natural, sea protegida formalmente o no. Nosotros no vamos a dar ninguna concesión, ningún permiso que vaya contra el medio ambiente”. 

Por su parte, la titular de Semarnat, María Luisa Albores, señaló que la Cuarta Transformación no está coludida con nadie y se busca proteger a los y las potosinas y hacer una Área Natural Protegida, que actualmente se encuentra en proceso de consulta. 

Pero los problemas sociales y la fragmentación comunitaria que se ha desencadenado a raíz de los conflictos agrarios en estas localidades, no serán solucionados con una declaración de Área Natural Protegida. La corrupción que se ha colado en estos procesos agrarios ha hecho una herida profunda y difícil de cicatrizar en los ejidos y comunidades potosinas en conflicto.