La seguridad de los recursos naturales debe quedar en manos de las comunidades y sus estructuras organizativas. La llegada de una fuerza como la Guardia Nacional podría abrir un nuevo frente de guerra y acentuar los conflictos

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció hace unos días que presentará una iniciativa para que la Guardia Nacional tenga un cuerpo especializado en la protección de los defensores ambientales, y con ello, más que tranquilizar a nadie, ha generado nuevos temores. Más allá de que una tarea como ésa difícilmente encaja con las atribuciones y capacidades de la Guardia Nacional, preocupa ver esta idea a la luz del historial de los cuerpos policiacos y militares mexicanos. Tradicionalmente se han comportado como una fuerza de ocupación cuando se instalan en las zonas rurales o en zonas con poca presencia del Estado, y más que actores neutrales comprometidos con la aplicación democrática de la ley -y, en este caso, con la defensa de los recursos naturales y de sus guardianes-, tienden a apoyar a una u otra facción en conflicto.

Ésta es una de las advertencias que ha hecho el experto en derecho indígena Francisco López Bárcenas, que respondió a la ocurrencia de Semarnat advirtiendo que “meter más Estado [en los territorios amenazados] es peligroso”. López Bárcenas propone, más bien, que la defensa de los activistas y de los recursos naturales quede en manos de las comunidades, a través de sus propias estructuras de gobierno y organizativas.

Los temores de López Bárcenas no son infundados. Como ejemplo ha citado en varias ocasiones el caso de San Juan Copala, en el sur del país, que en los años 1950 pidió la presencia del Ejército para evitar que algunos conflictos escalaran hasta hacerse irremediables, y después pasó décadas luchando para que el Ejército se fuera, pues se había convertido en un actor político -y violento- que complicaba aún más el escenario local.

El comportamiento de los aparatos represivos del Estado en los últimos años, así como la incapacidad de los aparatos de justicia de todos los niveles, tampoco dejan espacio para el optimismo. La advertencia de López Bárcenas sobre el peligro de “meter más Estado” en zonas de por sí conflictivas toma tintes aún más preocupantes cuando se piensa que fue el Estado el responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tampoco alivia a nadie saber que, un año después del asesinato de Samir Flores -opositor a la construcción de la termoeléctrica de Huexca, en Morelos- no hay ningún avance en la investigación y todo indica que los asesinos vivirán impunes. Sumar la llegada de una fuerza de ocupación a la impunidad que prima en el país solamente empeorará una situación ya insostenible.

La facilidad con que los actores políticos que impulsan el Tren Maya han recurrido a estrategias represivas ilegales o rayanas en la ilegalidad para contener a sus opositores es otro indicador de lo que puede ocurrir si la Guardia Nacional se instala en territorios ambientalmente sensibles. Sin ir muy lejos, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), de Campeche, denunció estos días que, en castigo por su oposición a ese megaproyecto de desarrollo inmobiliario, se suspendió la entrega de agua potable a las comunidades que los apoyaron en esos esfuerzos legales.

Las opciones que enfrentan las comunidades en zonas con fuerte presencia del crimen organizado -sea éste un cartel, una compañía minera transnacional o una empresa gasera o eléctrica- no son halagüeñas. En los hechos, se hallan en una disyuntiva imposible. Una de sus opciones en enfrentar, además de los enemigos tradicionales, a un nuevo cuerpo represivo. La otra es hacer que muchachos que tendrían que estar aprendiendo a usar una motosierra o a entender de botánica se pongan a entrenar el uso de un fusil y a mejorar su puntería con él. Es elegir entre dos desgracias.

Mientras tanto, todas esas medidas de verdadero calado que Semarnat podría estar emprendiendo están detenidas. Por ejemplo, ha pasado más de un año desde el cambio de gobierno y los trámites y burocracia que enfrentan las comunidades forestales siguen siendo terribles. Más que inventar nuevas medidas que salen de sus atribuciones, los encargados de la política ambiental harían bien en concentrarse en mejorar lo que sí controlan -por lo pronto, en mejorar procesos y procedimientos internos. Es menos entretenido que proponer un nuevo frente de guerra para la Guardia Nacional, pero es mucho más importante para los defensores ambientales.

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Eugenio Fernández Vázquez

Consultor ambiental en el Centro de Especialistas y Gestión Ambiental.