Hoy se cumple el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. A continuación presentamos un recuento de los siete momentos críticos en su administración

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Archivo / María Ruiz, Duilio Rodríguez
Cuartoscuro / Victoria Valtierra, Luis Carbayo, Galo Cañas y Graciela López

Huachicol en la ciudad

No había pasado ni una semana de que una explosión accidental en una toma clandestina de gasolina en el pueblo de Tlahuelilpan, Hidalgo, se llevara la vida de al menos 135 personas y el robo de combustible volvía a los titulares de la Ciudad de México.

El 29 de enero, en una bodega en el pueblo de San Martín Xochinahuac, en la alcaldía de Azcapotzalco, el Ejército encontró un túnel que llevaba a cinco ductos de gasolina. Todos habían sido perforados, tenían válvulas y mangueras para robar combustible.

Cuatro de los cinco ductos venían de Tuxpan, Veracruz; otro, de la refinería de Tula, Hidalgo. De acuerdo con las versiones oficiales, los vecinos del lugar llevaban varios días reportando un fuerte olor a gasolina, lo que derivó en una inspección y el eventual hallazgo de las tomas clandestinas. 

Ésta fue la primera vez que se dio con una toma clandestina de gasolina en la ciudad, lo que levantó las alertas de muchos de los ciudadanos, alentada por la muy reciente y cercana tragedia de Tlahuelilpan. Hasta el momento se sabía que algunas de las flotillas de camiones y taxis de la ciudad abastecían sus unidades con combustible robado, pero no se sabía que la fuente de dicho combustible pudiera estar en la misma ciudad. 

Un ecocidio en Coyoacán

Una de las primeras acciones con las que el gobierno de la científica anunció su llegada fue la mano dura en contra de la impunidad inmobiliaria. Durante la administración anterior, los desarrollos de edificios, plazas públicas y demás inmuebles se disparó. Muchas de estas construcciones no contaban con los permisos necesarios para desarrollarse sin restricciones por recursos ambientales.

El 4 de mayo la empresa Fibra Uno, que desarrolla una de las obras más grandes de la ciudad, derribó más de 56 árboles en la calle Real de Mayorazgo, en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con los constructores el derribo obedecía a los trabajos de mitigación de un complejo de torres que incluyen alrededor de 600 departamentos, oficinas, hospitales, centros comerciales y decenas de cientos de cajones de estacionamiento. 

La obra era en realidad un paso vehicular subterráneo que conectaría los diferentes estacionamientos del complejo para darles salida a avenida Universidad, contigua al desarrollo. Para llevar a cabo la tala, la secretaria de Medio Ambiente del gobierno de Miguel Mancera, Tanya Müller, autorizó 5 días antes de dejar el cargo. Sin embargo, aún faltaban  los permisos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la de Seguridad Pública.

Las manifestaciones de los vecinos del pueblo de Xoco, afectados directamente por el desarrollo, ayudaron a visibilizar el tema. A los pocos días el gobierno de la ciudad impuso una multa por más de 40 millones de pesos, una cifra miserable si se considera que uno de los departamentos de lujo que se construyen en sus torres alcanza los 30 millones de pesos. 

La contaminación que sorprendió a la ciudad

Apenas unos días habían pasado del ecocidio en Xoco, cuando la ciudad amaneció hundida en una neblina densa, pesada y café. Durante el fin de semana que siguió al viernes 10 de mayo, las calles de la ciudad parecían estar cubiertas de una capa fina. Una contaminación inesperada había descendido al Valle de México tomando por sorpresa a su población y a su gobierno.

La respuesta de las autoridades tardó en hacerse llegar, pues la contaminación que se depositó en la ciudad llegó de una fuente poco esperada: decenas de incendios forestales en los alrededores de la urbe que, aunados a la falta de lluvias llenaron de humo las calles sin poderse dispersar.

El colmo de la ciudadanía llegó el lunes 13. Como la fuente de contaminación no estaba estipulada dentro de las medidas ambientales del gobierno, no había motivo para declarar contingencia ambiental, a pesar de que la calidad del aire era, a simple vista, deplorable.

En menos de una semana, el gobierno de Claudia Sheinbaum decretó una alerta e implementó una serie de medidas emergentes que no fueron tomadas a bien por la ciudadanía, entre ellas destacaba la suspensión de cocinas al carbón y el transporte de ciertos materiales de construcción.

A las pocas semanas, las autoridades medioambientales de la ciudad, en conjunto con las federales y las del vecino Estado de México, desarrollaron nuevas medidas ambientales que incorporan contaminantes emitidos por fuentes como los incendios y otras industrias que hasta el momento no se tomaban en cuenta.

Una y otra vez, taxistas y microbuseros toman el zócalo

Otra de las grandes batallas de esta administración ha sido mejorar y regular el transporte concesionado. Para lograrlo, la Secretaría de Movilidad empezó a desarrollar políticas de transporte que apuntaban a emparejar las condiciones de operación para taxistas y conductores de servicios de transporte por aplicaciones (como Uber, Didi o Beat). Desde este año, este tipo de conductores tendrían que presentar revista vehicular y obtener una licencia especial, parecida a la de los taxistas.

Asimismo, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, anunció con bombo y platillo la simplificación de trámites para los taxistas. No obstante, las medidas no fueron suficientes para calmar a los transportistas, quienes el 4 de junio organizaron una serie de marchas que partieron de las cuatro esquinas cardinales de la ciudad rumbo al centro. Esa mañana el tránsito se desquició, llegar de un punto a otro resultó una proeza digna de bicicletas y medios de transporte alternativos.

Meses después, operadores de camiones y microbuses emplearon la misma estrategia para pedir que se frenara una de las propuestas de política pública de movilidad insignes de esta administración: congregar el pago de las unidades de transporte en un solo sistema centralizado controlado por el gobierno.

El plan para lograrlo consta de tres pasos. El primero fue hacer una revisión de todas las unidades de transporte concesionado de la ciudad. El segundo, que aún está en curso, es la instalación de equipos de localización y cámaras de videovigilancia en todas las unidades. Hasta ahí, las medidas habían sido bien recibidas por los camioneros. 

El problema surgió con el tercer paso: la unificación del cobro en todos los medios de transporte colectivo. La idea es que se pueda pagar con una sola tarjeta, como la del Metro y Metrobús, todos los transportes de la ciudad. Esto implica quitarle el control de los ingresos a los concesionarios de rutas de microbús y autobús y depositarlo en la Jefatura de Gobierno, que tendría que repartirlo entre los prestadores de servicio. Est provocó más movilizaciones y conflictos de tránsito. Hoy las negociaciones y el plan de la Semovi continúan.

El desesperado grito por seguridad de las mujeres

Quizá uno de los desencuentros más grandes que ha tenido el gobierno con la ciudadanía ha sido cómo tratar las manifestaciones de miles de mujeres que alzan la voz en contra de la violencia. El punto quiebre vino después de dos casos en los que dos mujeres fueron víctimas de acoso y violación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Dichos casos desembocaron en una serie de manifestaciones que hasta el día de hoy siguen empujando el debate sobre la actuación de la policía y del gobierno respecto a la protección de las mujeres. Después de la primera manifestación, la reacción del gobierno fue tachar a cientos de mujeres que tomaron las calles como “provocadoras”.

A esa protesta siguieron otras, la respuesta del gobierno fue implementar medidas de atención que, a decir de muchas colectivas feministas y organizaciones de derechos de mujeres solo parecen paliativos. Para muestra solo basta con mirar la negativa del gobierno a declarar la Alerta de Género y en su lugar la autodeclaratoria de una Alerta de violencia contra las mujeres.Ante discursos y acciones insuficientes para frenar la violencia de género en la capital, las mujeres siguen saliendo a las calles a exigir un ambiente que no amenace su vida.

Revisar la seguridad en juegos mecánicos toma una muerte

El pasado 30 de septiembre un juego mecánico de La Feria de Chapultepec, el parque de diversiones más antiguo de la ciudad, se descarriló causando la muerte de dos personas. Esto provocó una serie de investigaciones sobre las revisiones de seguridad en todos los parques y ferias de la ciudad que tienen juegos mecánicos.

Desde ese día, La Feria así como otros centros de diversiones, dejaron de operar en la ciudad y entraron en un periodo de revisión de licitaciones y de medidas de seguridad en sus atracciones. 

Actualmente La Feria permanece cerrada, a espera de que una nueva empresa adquiera la licencia para renovar y volver a operar uno de los centros de diversiones de más tradición en la capital.

El operativo fallido de Tepito

Después de una serie de tropiezos operativos, como la falta de resultados en reducir la percepción de la violencia en la ciudad y el tratamiento a las protestas en contra de la violencia de género, el primer secretario de Seguridad Ciudadana de esta administración, Jesús Orta, se separó del cargo.

La versión oficial, enunciada por la propia jefa de Gobierno señaló motivos personales. La titularidad de la policía quedó en manos de Omar García Harfuch, artífice de la captura de “El Tortas”, líder de la Fuerza Antiunión y de “El Jamón”, líder de la Unión de Tepito, las dos agrupaciones delincuenciales más fuertes en la ciudad. 

Apenas 18 días después de su nombramiento, García Harfuch lanzó un operativo que suponía uno los golpes más fuertes en contra de La Unión Tepito, al desplegar un operativo que involucró efectivos de la Marina y en el que se detuvo a más de 32 personas. El operativo abarcó cuatro vecindades de Peralvillo, en la colonia Morelos. Ese día, la policía descubrió dos laboratorios para elaborar droga sintética y confiscó 50 kilos de precursor químico, 2.5 toneladas de marihuana, 20 kilos de cocaína, cuatro kilos de metanfetaminas, autos con reporte de robo y cerca de un millón y medio de pesos en efectivo. 

Sin embargo, dos días después, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, calificó las detenciones de ilegales y ordenó la liberación de 27 de las personas detenidas. Delgadillo padierna aseguró que la versión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre las capturas era inverosímil y estaba plagada de mentiras e irregularidades.

La decisión detonó una serie de críticas sobre cómo opera la policía en la ciudad y la manera en la que se llevan a cabo los operativos de seguridad. 

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