La alerta contra la violencia de género que declaró este jueves la jefa de Gobierno es un mecanismo local que no asegura la evaluación externa. Se enfoca sólo en una parte de las agresiones sexuales y promueve sistemas de justicia que criminalizan y no aseguran una justicia restaurativa, señalan activistas

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Archivo / Mónica González

Este jueves la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum declaró la alerta de violencia contra las mujeres. Una solicitud de organizaciones de la sociedad civil desde hace más de dos años y de cientos de mujeres de la ciudad. Sin embargo, la alerta que declaró Sheinbaum Pardo no es la misma por la que han estado luchando desde entonces las organizaciones.

La Alerta de género (la que se pide) y la Alerta de violencia contra las mujeres (la que se declaró) son procesos diferentes, explica en entrevista María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, quienes desde 2017 solicitaron la Alerta.

Hace dos años, organizaciones como el Observatorio solicitaron a la Secretaría de Gobernación activar la declaratoria de género en la Ciudad de México. Mucho tiempo después, el pasado 13 de septiembre, un juez ordenó a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Segob, emitir la declaratoria.

En esos días, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que la Alerta de Género por sí misma no servía, y que lo que se necesitaba era desarrollar políticas públicas como las que su administración ya está desarrollando. Sin embargo, la alerta que se está pidiendo implica desarrollar medidas extraordinarias.

Días después, la Conavim impugnó la decisión del juez que ordenó la declaratoria, y el juicio aún está en curso. Esa declaratoria incluía la creación de un mecanismo de seguimiento y evaluación. “Este mecanismo debe evaluar las acciones que se generen, que no son las acciones que está poniendo la jefa con sus medidas ordinarias y no las especiales que se tienen que decretar”, explica María de la Luz Estrada.

Lista de presuntos abusadores

Además, la alerta decretada por la jefa de Gobierno este jueves señala un tema principal que es el de delitos sexuales cometidos por personas cercanas a las víctimas.

“La declaratoria de la jefa dice que la mayoría de la violencia está suscrita al ámbito familiar, a personas cercanas a la víctima. Pero deja fuera delitos graves como violación, desaparición y trata”, señala la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Según el comunicado gubernamental, 65 por ciento de los casos de violación ocurren en los domicilios de las víctimas. En el 95 por ciento de los casos las agresiones son cometidas por algún conocido.

“Nosotras lo que vemos es que esa alerta no está hablando de los feminicidios ni de las desaparecidas. Estamos haciendo el llamado a que si ya se declaró la alerta, que sea por los delitos que se han denunciado.

Por si fuera poco, la alerta que emitió la jefa de Gobierno corresponde a un mecanismo local. Esto, de alguna manera, vuelve al gobierno de la ciudad en juez y parte. Bajo este esquema el gobierno local evaluaría las acciones que implementarán como parte de la alerta.

Medidas polémicas

Entre las medidas que establece la alerta emitida por la jefa de Gobierno se incluyen dos propuestas de ley que turnará al congreso local. Una de ellas es la creación de un registro público de agresores sexuales. Ahí se podrían consultar libremente los nombres y la información de las personas que hayan cometido delitos de esa índole.

Otra es la creación de un banco de ADN contra agresores sexuales y secuestradores. Esto establece que todos los policías de la ciudad, así como alguna persona que sea detenida por delitos de ese tipo, deba  entregar una muestra de ADN que será ingresada en dicho banco.

Sin justicia restaurativa

Nayeli García, editora y escritora especializada en el tema, asegura que este tipo de medidas se alejan de la justicia restaurativa. Esta busca la reparación del daño y las garantías para que este tipo de agresiones no se vuelvan a repetir.

“Parece que la jefa de Gobierno ha hecho bien en intentar escuchar las demandas. Pero lo que hizo público me preocupa mucho porque creo que va a ser contraproducente tener un registro público de agresores. Eso significa aislar de la comunidad a estas personas, que también tienen esposas, hermanas, familiares mujeres que se van a sentir discriminadas si el nombre de un agresor está en un registro público que todos puedan ver”, asegura.

Este tipo de medidas, opina Nayeli García, no ayudan a tener un sentimiento de libertad entre la población y refuerzan la sensación de un estado de persecución. 

“El registro de ADN me parece mucho más grave. ¿Para qué queremos el ADN de una persona criminal, para que no tenga progenie, para que se identifica el gen criminal?”, cuestiona.  

De acuerdo con la escritora, que un hombre esté en una lista no garantiza la no repetición ni la reparación integral del daño, que son medidas las medidas que se deberían estar buscando.

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