En los primeros seis meses del gobierno de AMLO las cifras de agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas registradas en el informe «Defender los derechos humanos en México, ¿fin de la impunidad?» muestran que del gobierno de EPN al actual, los ataques disminuyeron. Sin embargo, no se han logrado erradicar estas violencias y las medidas de prevención y protección actuales son insuficientes, denuncian activistas
Texto: María Ruiz
Fotos: Archivo / Estrella Pedroza
Según cifras recabadas del 1 de junio del 2018 al 31 de mayo de 2019 las agresiones a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos disminuyeron, pero las medidas del actual gobierno para erradicar estas prácticas son insuficientes, advierten activistas.
El informe abarca tanto el último semestre del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto como del gobierno Andrés Manuel López Obrador.
En el informe “Defender los derechos humanos en México, ¿fin de la impunidad?”, realizado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C., el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la desaparición forzada refleja que durante los doce meses hubo 64 eventos con 822 actos durante los últimos meses del gobierno de EPN y 41 eventos con 331 actos durante los primeros meses del gobierno de AMLO
En ambos periodos la población más afectada de ejecución extrajudicial es la indígena.
“Una de las diferencias más significativas entre ambos periodos es que en los últimos meses del gobierno de EPN el uso de las detenciones arbitrarias benefició a los gobiernos estatales, mientras que en los primeros seis meses de AMLO se benefició a particulares”.
Alejandro Cerezo, Coordinador de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACCUDEDH) denuncia que las medidas de AMLO han sido insuficientes:
“Han sido insuficientes las medidas del mecanismo federal de protección a defensores brinda el nuevo gobierno, ya que hubo ejecuciones extrajudiciales de defensores en derechos humanos y periodistas asesinados. Ante la cifra dura queda claro que es insuficiente las medidas que toman; también queda claro que no es su prioridad y el mecanismo demuestra su insuficiencia desde contratar a una empresa privada que brinde sus medidas y no hacerse cargo el gobierno federal”.
El defensor explica que no sólo son insuficientes los métodos de las medidas sino también los de análisis de riesgo que les realizan a personas defensoras y periodistas y que esto es grave ya que el análisis de riesgo es fundamental porque determina qué hacer
“Al no haber capacidad en los análisis de riesgo, al reciclar a todos los funcionarios del sexenio anterior del mecanismo de protección federal, eso limita y vuelve insuficiente una política de estado respecto a los derechos de las personas defensoras y los periodistas”.
Al tener un marco legal ACCUDEH pronostica que se fortalecerá el mecanismo federal actual, se crearán mecanismos locales y además la investigación será un punto fuerte para terminar la impunidad y para la no repetición de las agresiones.
“Que jamás suceda una violación más a los derechos humanos, eso sería transformar. Al gran problema que tenemos le deben dar una solución así de grande” dicen activistas en el Centro Cultural Universitario en la UNAM, durante la presentación del informe.
Para Alejandro la respuesta a esta ineficiencia debe ser la organización porque sin ella no se logrará nada:
“Si los defensores y los periodistas no se organizan, no exigen de manera conjunta al gobierno federal y al legislativo medidas concretas para crear una política pública que beneficie a ambas poblaciones será irreal todo lo que pidamos y el gobierno no nos tomará en cuenta”.
“Y recuerda que quienes entran a esta labor deben exigir el cumplimiento total de los estandares internacionales en materia de protección”.
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