Un ejidatario del ejido El Bajío, en Sonora, fue amenazado de muerte durante esta semana. Jesús Thomas es parte de un grupo de campesinos que decidió enfrentarse a la minera Penmont, propiedad de la familia Baillères, quienes ilegalmente explotaban el oro de la región. Los ejidatarios ganaron, pero algunas veces a costa de su vida.

Texto: Alejandro Ruiz y Kau Sirenio

Fotos: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. – Era 7 de septiembre, y Jesús Thomas conducía su automóvil desde Hermosillo a Puerto Peñasco, en Sonora. Al pasar por Caborca, un automóvil le marcó el alto. Era un vehículo blanco, “de los que usa la Guardia Nacional, o la policía de caminos, la verdad no sé qué corporación, pero traen unos uniformes de camuflaje, ahí medio deslavados”, dice Thomas. Él se detiene, y atrás de su coche se para una persona armada con un rifle, mientras otro se acerca a la ventana del conductor.

“Él sabe quién soy. Me pregunta que si soy de los buenos o los malos en el conflicto entre la minera y El Bajío. Entonces yo le digo que soy ejidatario. Entonces supuestamente, en un plan de muy buena persona, me dice que me recomienda que me vaya de ahí. Que no me acerque al área porque me quieren matar, que ya hay un operativo en marcha para asesinarme y para el cual la minera autorizó 30 millones”.

Thomas no es una persona común y corriente, sino que es el ex comisariado del ejido El Bajío. Este ejido, desde el 2011, ganó una batalla legal para expulsar a la minera Penmont de su territorio. También la obliga a regresar a los ejidatarios todo el oro que explotó ilegalmente. La minera es filial de Fresnillo PLC, un grupo empresarial en el que la familia Baillères son los principales accionistas.

Desde el fallo legal la minera se ha mostrado renuente a acatar las ordenes judiciales. Por ejemplo, aunque desde 2011 los ejidatarios ganaron en los tribunales, fue hasta el 2013 que Penmont se salió del territorio de El Bajío. No lo hicieron pacíficamente, sino que se tuvo que usar la fuerza pública para eso.

“A la mina le hemos hecho perder miles de millones de dólares desde 2013 a la fecha. Por eso el enojo”, asegura Jesús Thomas.

El asedio a El Bajío

Días después de saber que su cabeza tenía precio, Thomas comenzó a tomar precauciones. No era la primera vez que grupos criminales –presuntamente al servicio de la minera–, asesinan, atentan o desaparecen a ejidatarios que han luchado contra le empresa extractivista en El Bajío.

Tan solo de 2013 a la fecha cuatro ejidatarios han sido asesinados en ese ejido. Sus nombres: Raúl Ibarra de la Paz; Noemí Elizabeth López Gutiérrez; José de Jesús Robledo Cruz; y María de Jesús Gómez Vega. En algunos casos, también, los sicarios se han llevado los cuerpos de las personas asesinadas.

Ante esto, el mismo día que lo amenazan, Thomas decide irse a los Estados Unidos.

“Quise pensar que no era real. Ese día me regresó, yo estaba como a 5 minutos de Caborca. Deshago el camino que ya había hecho, me fui del área y me vine a Estados Unidos. Ahí estuve como 16 días. Luego regreso el sábado pasado”, y ese día, cuenta Thomas, supo que las amenazas eran reales.

Desde que expulsaron a Penmont, los ejidatarios de El Bajío han montado una guardia permanente en el ejido. El objetivo es evitar que la mina vuelva a invadir sus tierras, como lo hizo en 2018, a unos días de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de la república.

Todas y todos se rolan turnos y mantienen la vigilancia en el ejido. Para eso ocupan víveres y otros insumos que aseguren su permanencia. Pues debido a la colusión entre autoridades, empresarios mineros y grupos delincuenciales, los ejidatarios están prácticamente cercados y corren riesgos latentes cada que abandonan la zona.

El sábado 17 de septiembre, cuenta Thomas, “es el día que van los compañeros a llevar la despensa, a llevar agua a los que están allá en resistencia. Entonces no había carro, el único carro disponible era el mío; y yo se lo presto a un compañero para que vaya a llevar la despensa. Entonces mi amigo se va”.

El automóvil salió de Puerto Peñasco a dirección al sur. 60 kilómetros más adelante del ejido, dos automóviles se encontraban en cada orilla de la carretera. También había unos conos de color naranja que indicaban precaución. El hombre en el automóvil de Thomas bajó la velocidad. Se acercó al punto donde había algunas personas, presuntamente realizando tareas de construcción o reparación de la carretera.

Adelante, una camioneta pick-up comenzó a acercarse al carro donde viajaba el compañero de Thomas, desde el sentido contrario. Llega un momento donde ambos vehículos se emparejan. La camioneta baja todos los cristales, y se ven cuatro personas a bordo. La persona del lado que se emparejaba donde estaba el compañero de Thomas saca un arma de fuego apuntándole a él. En ese momento el copiloto de la camioneta grita, diciéndole a la persona armada que “ese no es”. El hombre armado vuelve a entrar al vehículo y la camioneta conduce en dirección al norte. También lo hicieron los presuntos trabajadores que supuestamente reparaban la carretera.

Su compañero, dice Thomas, huyó hacia el ejido. «Entonces al rato se comunica, y me dice ‘yo creo que te quieren matar a ti’”.

El automóvil que usó el compañero de Thomas nunca había circulado por ese tramo carretero. La única vez que el coche había viajado por Sonora fue el 7 de septiembre. El mismo día en que la patrulla lo detiene y le hacen saber sobre la amenaza en su contra.

“Yo creo que intentaron asesinar a alguien que no era, a quien llevaba el carro. Y pienso que sí era dirigido contra mi. Porque como te digo, todo se viene sumando nada más. Ya tenemos cuatro compañeros asesinados, no es como que no se atrevan a hacerlo, porque lo están haciendo de hecho”, lamenta Thomas.

La violencia justificada

En julio de 2020 el columnista Héctor de Mauleón publicó una entrada en El Universal. En ella hizo referencia a la violencia que vive la región de Caborca. También habló de un supuesto conflicto entre grupos del crimen organizado que se disputan el control de las minas de la región.

De una forma enredada, Mauleón infiere que los ejidatarios que sacaron a Penmont de El Bajío trabajan bajo intereses de los grupos criminales. También deja al aire una suposición peligrosa, donde nombra a Thomas como un operador de estos intereses.

Es decir, para el columnista los asesinatos y agresiones en contra de los ejidatarios se explican por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, la realidad en El Bajío –según los ejidatarios–, es otra, pues es la empresa la que está haciendo uso de estas narrativas, así como de grupos armados, para desplazarlos del territorio que defienden. El cuento lo han replicado otras páginas que acusan de lo mismo a los ejidatarios.

“Si revisas las redes también hay unas páginas apócrifas que supuestamente son del ejido El Bajío que, por una parte, estas páginas hablan maravillas de Fresnillo (la minera), y por otra parte también meten información de que nosotros estamos vinculados al crimen organizado. Incluso meten información que dicen nosotros somos la fuente, de que nosotros atacamos al crimen organizado, cosa que no hacemos. Nosotros no nos metemos con el crimen organizado, ni para bien ni para mal, nosotros no le vamos a estar rascando los huevos al tigre”, afirma Thomas.

«Dejen de amenazarnos y hostigarnos», exigen ejidatarios de El Bajío a minera Penmont

Minera relacionada con grupos criminales

De fondo, acusa Thomas, las amenazas de encarcelarlo, o asesinarlo, devienen de los intereses que tiene la minera en el territorio. No es la primera vez que lo detienen, tampoco es la primera vez que lo quieren encarcelar, o que aprehenden a sus compañeros. Esto, sumado a los asesinatos y desapariciones de los defensores del territorio.

Las intimidaciones y amenazas no son exclusivas hacia Thomas, “cualquier compañero te puede decir que ha pasado por lo mismo, por policías o cualquier orden de gobierno de los que están en Caborca”.

El ejidatario no duda en afirmar que el grupo Fresnillo se comporta como lo hacen los cárteles locales en la región.

“Controlan todo, controlan todas las autoridades de todos los niveles, incluyendo al presidente municipal y a todo mundo. Entonces es su bastión, es su lugar más fuerte, y obviamente ahí se hace la voluntad de la minera nada más. Se comportan como el crimen organizado, solo que en este caso, como la minera también emplea al crimen organizado, pues multiplica el daño que te pueden hacer”.

Esta lectura es compartida no solo por los ejidatarios de El Bajío, sino también por periodistas y activistas que no dudan en afirmar que la minera financia a los grupos criminales, y sirve como mediador entre estas organizaciones y los gobernantes.

Y Thomas enfatiza que inclusive, los conflictos entre los grupos criminales que se libran en la zona, están marcados por la minera.

“Hace unos años hubo una guerra entre dos carteles locales de ahí de Caborca, precisamente por que la minera cambió de servicio. Tomó a un cartel y luego lo desechó y tomó al otro. Entonces hubo una guerra entre ellos por los servicios de la minera”, dice.

Estos servicios, explica, son los de seguridad, pues además de la policía minera, las organizaciones criminales se dedican a hostigar, amenazar, asesinar y desaparecer a los grupos organizados que se oponen al extractivismo. El caso del ejido El Bajío es un ejemplo de muchas otras actividades que ligan a políticos y empresarios sonorenses con paramilitares para controlar el territorio y sus recursos.

Al preguntarle si tomará alguna acción legal contra estas amenazas Thomas concluye, decepcionado, que no hay mucho qué hacer, “pues las autoridades están coludidas con la minera, en todos los niveles de gobierno”.

Y enfatiza que en estos momentos su única opción es visibilizar las agresiones y pedir el apoyo de la sociedad civil para hacer eco de sus demandas. Con esto, esperan que las agresiones y amenazas bajen. Pero sobre todo, que el gobierno federal obligue a Fresnillo PLC a acatar los fallos judiciales a favor de los ejidatarios y que les regresen el oro que extrajeron ilegalmente de su territorio y que, de una vez por todas, la minera se vaya del ejido El Bajío.

“Todo mundo, tanto los que somos parte del ejido como los que de alguna manera nos han apoyado o colaborado con nosotros, ha recibido de alguna manera amenazas, porque la minera amenaza a todo mundo. No se mantiene únicamente a los ejidatarios, amenaza a cualquier persona (…). Es la minera quien está a atrás de todo esto, la única que se beneficia con las muertes o el temor que pueden infundir en nosotros y quienes nos apoyan. Nadie más tiene enemigos más que la minera”.