A tres años del feminicidio de Ángela Birkenbach, su familia exige avances judiciales y denuncia irregularidades, corrupción y tráfico de influencias. Los hijos siguen bajo el cuidado de la red familiar del probable feminicida y la adolescente, testigo de cargo, lo visita en el penal. El caso está en revisión en la Suprema Corte y se impulsa una ley para suspender la patria potestad de los indiciados por feminicidio

Texto: Samara Quinart

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. – A tres años del secuestro y feminicidio de Ángela Birkenbach por parte de quien fuera su pareja y padre de sus hijos, su familia y representación legal continúan exigiendo avances en el proceso judicial y respuesta de las autoridades. El caso también ha puesto sobre la mesa la situación de sus hijos y las medidas que hay para garantizar su protección durante el proceso. De igual manera, denunciaron conflicto de interés, corrupción y tráfico de influencias en los procesos relacionados con el caso.

De acuerdo con lo comentado por la abogada de la familia, Pamela Pinedo, la teoría de la fiscalía de Nayarit sobre el caso es que a Ángela la privan de la libertad y después la privan de la vida por el control de la herencia y de sus bienes. Ante esto, la abogada de la familia Birkenbach advierte que las autoridades intentan remover a Albert Birkenbach, hijo mayor de Ángela, como albacea; a su vez, se está combatiendo la tutoría que el Juzgado Segundo de Tlajomulco le otorgó a Albert Birkenbach sobre sus dos hermanos. La abogada señala que ninguna autoridad ha respetado eso.

En el estado de Jalisco se está llevando a cabo el tema del albaceazgo. La representación legal de la familia de Ángela denuncia que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, a cargo de Sandra Paola Trelles Rivas, no ha hecho otra cosa más que estar apoyando a la familia del probable feminicida, sin que se tome en cuenta el interés superior del menor, afirma Pamela Pinedo. Esto resuena más después de que el estado de Jalisco otorgara el control de albaceazgo a la hermana del probable feminicida y de que, a su vez, la procuradora Sandra Trelles le concediera a la hermana del imputado, Primavera Romero, un convenio de cuidados indefinidos de los niños.

La familia Birkenbach presentó el 6 de junio de 2025 una apelación para que los bienes y el control de la herencia de Ángela Birkenbach no queden por ningún motivo en manos de la familia y la red familiar del probable feminicida. Como se dio a conocer en su momento, el probable móvil de este feminicidio fue quedarse con sus bienes. La representación legal de la familia de Ángela informó que el tribunal colegiado ordenó al juzgado de amparo admitir la demanda promovida por la familia materna. Sin embargo, aún no hay una resolución definitiva, pues está pendiente que la sala resuelva la apelación interpuesta por sus representantes legales.

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Sergio N. recurrió a la justicia federal para obtener un régimen de visitas de convivencias en el penal de Nayarit. Interpuso un juicio de amparo presentado el 18 de noviembre de 2025, que recayó en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil de Jalisco, el cual otorgó el amparo para las visitas. Pamela Pinedo denuncia que, hasta el día de hoy, los niños se encuentran bajo el cuidado de la red familiar del probable feminicida. También señala que visitan a su padre en el penal de Nayarit cada 15 días, en un horario de 9:00 a 16:00 horas. «No tenemos noticias de que la procuraduría del menor en Nayarit haya intervenido en el asunto, ni mucho menos la Comisión Estatal de Víctimas de Nayarit, donde los niños tienen el carácter de víctimas indirectas», [señaló] Pamela Pinedo, abogada de la familia Birkenbach.

Pamela Pinedo, representante legal de la familia Birkenbach, señaló que existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el juez del Juzgado Tercero Federal y que se realizan las investigaciones correspondientes. Según la abogada, el juez omitió el deber reforzado de garantizar el interés superior de la niñez. Pinedo, representante legal de la familia Birkenbach, también afirmó que, durante estos procesos, no ha habido pronunciamientos de la jueza especializada en niñas y niños bajo custodia del Estado ni de la jueza familiar a cargo del expediente de guarda y custodia. «Estas autoridades, en lugar de volcar sus atribuciones de protección, son simples espectadoras», declaró Pamela Pinedo.

En estos momentos se encuentra en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo que otorgaron al probable feminicida. El presidente de la Suprema Corte ejerció su facultad de atracción y la representación legal se encuentra a la espera de la resolución del recurso de revisión. Pamela Pinedo señala que «esta resolución va a permitir no solo fijar criterios, sino realmente establecer políticas públicas, establecer las bases donde a los menores víctimas indirectas se les reconozca, porque en estos momentos no están siendo vistos por el Estado. Es un triunfo que la Corte esté interesada en resolver nuestros recursos de revisión; insisto, por el bien de los hijos de Ángela Birkenbach y por las demás víctimas que vienen atrás».

Iniciativa de ley Ángela

En Puebla se dio un caso similar, donde el autor intelectual del feminicidio de la abogada Cecilia Monzón intentó pelear la custodia del hijo que tenían en común. Después de esto se dio origen a la Ley Monzón, la cual es una reforma que cambió el Código Penal para suspender la patria potestad, al igual que los derechos de carácter sucesorio, de los padres vinculados a proceso por feminicidio o por tentativa de feminicidio.

Sin embargo, Miguel Ángel Montoya, asesor legal de la diputada Claudia García Hernández, advirtió que existen ciertos vacíos, pues muchas veces se interpreta que el presunto feminicida pierde esos derechos hasta que recibe una sentencia condenatoria. Es por este motivo que se está impulsando una nueva iniciativa de ley que incorpore en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en el Código Penal Federal que «en tanto no exista una sentencia firme que otorgue la absolución del delito de feminicidio a quien está ya indiciado, es hasta entonces que podrá recuperar sus derechos parentales, para evitar justamente todo lo que están padeciendo los hijos de Ángela y la familia de Ángela en relación con el probable feminicida», [explicó] Miguel Ángel Montoya.