Pasar del campo a la ciudad no necesariamente supone un avance. En muchas ocasiones, al contrario, la urbanización de las poblaciones supone una pérdida terrible de capital social

@EugenioFV

El sábado 22 de junio, en Valladolid, Yucatán, el presidente López Obrador y el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, presentaron la nueva ruta del Tren Maya e insistieron en que el proyecto iniciará este año. Como ha ocurrido desde que se presentó esta iniciativa por primera vez, dejaron la impresión de que se trata de un proyecto que dará pasos correctos, pero en la dirección equivocada. 

El Tren Maya conjugará dos tareas que, en principio y en abstracto, son urgentes y que son clave para combatir la pobreza en la península de Yucatán. Como se afirma en la página web del proyecto, una de sus patas es un esfuerzo “integral de ordenamiento territorial”, y la otra, una gran inversión en infraestructura de transportes que conecte las ciudades de la región. Se trata de dos pendientes que se habían postergado por demasiado tiempo y que urgía atacar. 

Por un lado, sin un ordenamiento territorial adecuado se vuelve imposible planear y brindar servicios a la población, y no hay políticas públicas que puedan proyectarse a largo plazo sin él. Por el otro, la pobreza seguirá siendo la norma mientras no haya buenas comunicaciones que conecten la oferta de productos y trabajo con la demanda por ellos. 

El problema es que la óptica con la que se cumplirán estos pendientes según la ha marcado Fonatur está profundamente equivocada y puede ser desastrosa tanto social como económica y ambientalmente. Centrar el ordenamiento territorial en “aumentar el número de ciudades”, como prometió Jiménez Pons en Valladolid, es partir de la idea errónea de que no hay salida de la pobreza desde lo rural y pasa por alto que la pobreza urbana es tan lacerante y prevalente como la que hay en el campo, o más, según ha explicado el Coneval.

Pasar del campo a la ciudad no necesariamente supone un avance. En muchas ocasiones, al contrario, la urbanización de las poblaciones supone una pérdida terrible de capital social y, con él, de las capacidades para emprender, emplearse y sumarse a la economía formal. Al mismo tiempo, quedarse en el campo no necesariamente implica quedarse en el atraso. Cuando se garantizan los servicios intermedios básicos, como los de comunicación, y se tiene acceso a servicios financieros, las economías rurales crecen, generan empleos y diversifican el entorno de negocios de una región, haciéndola más resiliente a golpes y shocks, tales provocados por los caprichos del presidente estadounidense.  

Ambas opciones tienen costos muy importantes, y si garantizar esos servicios para la población rural puede aparecer muy caro por la dispersión de los núcleos en los que se concentra, las dificultades de gobernar una población urbana en la que no hay capital social, instalar la infraestructura necesaria para atenderla y generar empleos para quienes pasan de la tierra al asfalto resulta ser igualmente oneroso. Además, hay costos ambientales muy importantes que no pueden pasarse por alto, a pesar de lo que pueda pensar Jiménez Pons,  hay que elegir entre el bienestar de los niños o el de los jaguares. 

Como agravante de esta situación está el autoritarismo con el que se está llevando a cabo la iniciativa, implementando estrategias dirigidas a garantizar el desarrollo del proyecto, no a hacer su ejecución democrática e incluyente, ni a responder -como por lo demás exige la ley- a las demandas e inquietudes de la población local. Hasta ahora, y como han dicho varios líderes comunitarios, los Fideicomisos de Inversión de Bienes Raíces (Fibras) no se han usado como instrumento para incluir a los habitantes de la región, sino como una forma de conseguir terrenos que, según marca la Ley Agraria, no se podrían comprar ni adquirir de otra forma. Sobre las consultas que se han planteado hasta el momento no se puede decir gran cosa, salvo que lo único que hacen es poner el riesgo el proyecto, porque al no cumplir los requisitos de ley su impugnación sirve para echar abajo toda la obra. 

Para corregir el rumbo, un primer paso fundamental es realizar una consulta seria entre la población en la que se pueda establecer qué quiere hacer y dónde y cómo quiere vivir. Es también importantísimo que la Secretaría de Economía mire hacia el sureste y plantee mecanismos y estrategias para aprovechar el potencial económico de la región y para lograr que los insumos que requieren los polos económicos de la zona se surtan ahí mismo. Por último, hay que recalcar que, sin mecanismos para conservar la fauna, sin respetar las dinámicas hídricas, los terrenos forestales ni las áreas naturales protegidas, el Tren Maya se encamina a la catástrofe ecológica. 

Si no se hace esto se habrán atendido dos urgencias graves, pero de tan mala manera que el remedio hará más daño que la enfermedad. 

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