Negligencia y contratos para la compra de carbón impiden garantizar que en México no sigan muriendo trabajadores mineros a causa de derrumbes, como pasó recientemente en Múzquiz con 7 víctimas, así lo señala la directora de la Organización Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: Cortesía Organización Familia Pasta de Conchos 

QUERÉTARO.- El viernes 4 de junio el derrumbe de una mina de arrastre ubicada en el municipio de Múzquiz, Coahuila, dejó sepultados a 7 mineros dentro de las cuevas de donde extraían carbón. 

Pese a que el viernes por la tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de su cuenta de Twitter que había instruido a las secretarías de Seguridad y del Trabajo a que, en conjunto con la coordinadora nacional de Protección Civi, acudieran inmediatamente a apoyar en las labores de rescate a las autoridades del gobierno de Coahuila, la Organización Familia Pasta de Conchos (OCFP), en conjunto con el Centro Pro de Derechos Humanos, denunciaron que el Estado mexicano tiene responsabilidad en el trágico hecho. 

El 23 de octubre del 2020 el gobierno federal encabezó un acto en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila, para continuar los trabajos de reparación integral a las viudas y familiares de los mineros de Pasta de Conchos. 

En este acto, estuvieron presentes el presidente de la república junto con secretarios de su gabinete y el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz. 

Ahí mismo, la hija de uno de los mineros de Pasta de Conchos le entregó personalmente al titular de la CFE una carta firmada por la OCFP y el Centro Pro, en donde advertían el incumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene de dos empresas con las que la Comisión mantenía convenios para la extracción de carbón en la zona de las “cuevas de arrastre”, y exigían una reunión urgente entre la OCFP, el Centro de Derechos Humanos y la CFE. 

En la carta se anexaron las fotos de los sitios de riesgo, uno de ellos eran las minas de Múzquiz.

“Después de que le entregamos la carta, no hubo acuse de recibo”, señala en entrevista la directora de la OCFP, Cristina Auerbach. 

“Yo fui el 12 de octubre a ese complejo minero, pues un trabajador me denunció las condiciones en las que se estaba trabajando. Hoy es en una de estas cuevas donde ocurrió la tragedia”, puntualiza.

Pese a esto, posterior al derrumbe en las minas de Múzquiz, la CFE emitió un comunicado en donde “desmentían categóricamente” que la empresa paraestatal sostuviera un convenio para la compra de carbón con la mina donde ocurrió el accidente.

Sin embargo, la OCFP documentó que el complejo minero en donde se encontraba la mina de Múzquiz, y que consta de 6 cuevas de arrastre, tiene un contrato con el empresario Eduardo Morales para la venta de carbón en minas colindantes a la siniestrada.

Morales tiene antecedentes de estar involucrado en decenas de siniestros en minas, como el caso del pocito de carbón “Boker” en 2010, donde después de una inundación dos mineros quedaron atrapados debido a las pésimas condiciones de seguridad en el centro de trabajo.

Morales y la CFE mantienen el contrato CFE-0700-ADAAN-006-2020 para la venta del carbón extraído de las cuevas de arrastre que colindan con la mina de Múzquiz. 

Asimismo, Auerbach asegura que estas cuevas han estado funcionando intermitentemente por muchos años, pues además de las irregularidades en las condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores, cuatro de las seis cuevas ubicadas en esta región se encuentran inundadas desde hace aproximadamente un mes. 

El gobierno de Coahuila, sin embargo, atribuye esto a las lluvias, y no a las pésimas condiciones en las que operan las empresas mineras. 

“No cumplen con el ordenamiento legal que les obliga a barrenar para que no se inunden.” señala la directora de la OCFP.

Y agrega que “Las inundaciones provocan que se formen cascadas de lodo con carbón, no es agua, sino un material espeso, la mina queda destruída pues todo está revuelto entre carretillas y palos de madera. Esto hace que las tareas de rescate sean muy difíciles.”

Rescates riesgosos por negligencia

Las condiciones en las que se encuentran las cuevas de arrastre debido a las inundaciones han dificultado las tareas de rescate de los 7 mineros que quedaron sepultados tras el derrumbe de la mina de Múzquiz. 

Aunado a esto, la falta de coordinación y apoyo por parte de las autoridades estatales y federales ha puesto a relieve el olvido institucional que existe hacia los mineros del país. 

“Son muy buenos para coordinar tareas de rescate, pero ellos no se meten a hacerlo”, acusa Auerbach.

“Quienes realmente están realizando las tareas de rescate es una cuadrilla de trabajadores de Minerales del Norte (Minosa). Sí está la Guardia Nacional y Protección Civil, pero son ellos quienes están haciendo todo, y ni las gracias les dan.”

Un claro ejemplo de la falta de coordinación interinstitucional para las tareas de rescate es el manejo de información respecto a las listas de los mineros que quedaron atrapados después del derrumbe. En un inicio el gobierno del estado publicó una lista con los nombres de los 7 mineros atrapados, en donde incluyó nombres de trabajadores que ya no se encontraban laborando en las cuevas. 

“Siempre fueron 7”, asegura Auerbach, “Pero hay un error en una lista que hizo el gobierno del estado, pues a mi me buscó la hermana de un muchacho que se llama Carlos Moreno Cervantes para decirme que él estaba trabajando en la mina, y en su lugar pusieron el nombre de un trabajador que no estaba en la mina, pues lo habían corrido por denunciar 7 meses de falta de pago”.

Carlos Moreno Cervantes, y dos mineros mas no han sido rescatados.

Sumado a esto, el incumplimiento en los compromisos de indemnización hacia las familias de los mineros rescatados ha sido otro problema al que las familias de los trabajadores se han enfrentado. Esto pese a que el sábado la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, se había comprometido a la indemnización de las familias afectadas. 

“A las familias no les han pagado nada, sólo les entregan los cuerpos y ahí se ven. Es denigrante”, asegura Cristina Auerbach. 

Para Auerbach el papel de las autoridades federales y estatales es parte de una política de estado que ha prolongado la lucha de las familias de los mineros de Pasta de Conchos, y miles de trabajadores más, en exigir la reparación del daño y la mejora en sus condiciones de trabajo. 

El deslinde de la CFE, respecto a la responsabilidad que tienen con el siniestro en Múzquiz, implica un retroceso en los trabajos de rescate y reparación del daño a los que la federación se había comprometido, lamenta.

“¿Cómo creerles si mienten en algo tan simple como reconocer que conocían ese problema?”, se cuestiona la directora de la OCFP.

Que la CFE no compre más carbón a estas minas 

Los antecedentes de negligencias en las minas que extraen el carbón de la región no son nuevos, pues desde el siniestro en Pasta de Conchos la OCFP y el centro Pro han documentado durante 15 años más de cien muertes posteriores a este siniestro. 

“Es grave que se quieran deslindar de esta tragedia diciendo ‘yo no sabía’. Tienen que asumir su parte de responsabilidad.” agrega. 

Para Auerbach este tipo de acciones contradicen las declaraciones de la Federación, pues argumenta que no se puede lograr la soberanía energética si siguen muriendo mineros a causa de la extracción irracional de carbón y las pésimas condiciones laborales a las que día a día se exponen los mineros.  

“No se va a recuperar la CFE cargando las muertes de las minas de ranchería. Mientras la CFE siga comprando carbón a este tipo de minería, van a seguir sucediendo estos hechos. Nuestra propuesta para avanzar en la justicia es muy clara y tiene que iniciar con algo muy básico: que la CFE no compre carbón a estas minas.” 

Hasta el momento las tareas de rescate continúan en el municipio de Múzquiz y la Comisión Federal de Electricidad no ha aclarado los términos del contrato que sostienen con el empresario minero Eduardo Morales.