El mercado no puede solucionar el cambio climático porque es el que lo está provocando. Esa fue la resolución que se lanzó desde la Cumbre de los Pueblos, luego de una semana de reuniones y de la presentación de cientos de testimonios de despojo y muerte provocados por la industria extractiva
Texto y fotos: José Ignacio De Alba
BONN, ALEMANIA. – El mundo vive una crisis ambiental sin precedentes, pero tratar de evitar esa crisis es un peligro de muerte: sólo en 2016 fueron asesinados 200 defensores del medio ambiente, una cifra record según la organización inglesa Global Witness. Y no es casualidad. Las dos cosas, el calentamiento global y los asesinatos de ambientalistas son provocados por las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales.
“La semana pasada, antes de venir aquí, quisieron asesinarme”, dijo David Karai, un indígena guaraní vestido con una sudadera con la figura de un cóndor estampado. Su pueblo, denunció, es acosado por empresas madereras y de la agroindustria en la amazonia brasileña.
Los representantes de los países que acudieron a la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), que se desarrolla en esta ciudad, no son los que se juegan la vida. Los que, como David Karai, están en riesgo, se dieron cita en el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, un evento paralelo a la cumbre, donde representantes de diversos pueblos dieron sus testimonios sobre la violencia que sufren por defender sus territorios.
El Tribunal forma parte de las actividades que la sociedad civil aglutinada en la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN) ha organizado de forma alterna a la COP; su escenario fue el Landes Museum de Bonn, el museo más importante de arqueología, cultura e historia de las civilizaciones del río Rin.
Sonia Guajajara, líder indígena brasileña, cuestionó el modelo económico que ha legalizado el gobierno: “Este es un modelo económico que ha destruido la amazonia y también a todos los pueblos; la destrucción la hacen las hidroeléctricas, los ferrocarriles, la minería y las empresas madereras, todo ha sido legalizado por el gobierno -dijo-. El gobierno solo escucha a las necesidades del mercado y no escucha la sabiduría ni el conocimiento de los pueblos. Es el propio gobierno quien está cometiendo un genocidio, un etnocidio y un ecocidio”.
Luego remató: “el gobierno brasileño insiste en avanzar andando para atrás”.
Otro caso que se presentó en el Tribunal fue el del pueblo Tipnis, amenazado por el gobierno boliviano por defender más de un millón de hectáreas en el corazón de la amazonia. Su vocero, Fabián Gil, expuso los peligros que corre su pueblo por la construcción de una carreta que quiere construir el gobierno.
¿Cómo se explica que un presidente indígena (Evo Morales), que debería de entenderlos, los mande reprimir?, se le pregunta. Gil simplemente responde: “El gobierno la quiere construir porque sabe de las riquezas que hay allí”.
Martin Videla activista de la organización Justicia Climática y que ha acompañado la batalla del pueblo Tipnis explicó: “en América Latina hay una agenda de desarrollo que solo busca grandes números, los gobiernos demuestran su supuesto éxito mostrando grandes números, pero eso no muestra la realidad porque esas grandes ganancias acaban en pocas manos”.
Otras denuncias similares se reprodujeron durante los dos días que duró el Tribunal. Uno a uno, los testimonios mostraron la ruta del despojo en la región. Sus voces daban forma a los datos de la investigación de Global Witness y permitieron entender por qué la mayoría de los asesinatos de defensores ambientales de 2016 fueron cometidos en América Latina, y por qué, 4 de cada 10 asesinados eran indígenas que defendían sus territorios de empresas extractivas.
A la COP23, además de representantes de gobiernos de todo el mundo y organizaciones de la sociedad civil, también van compañías privadas. La influencia que tienen las empresas en las negociaciones para combatir el cambio climático es alarmante. La organización estadounidense Corporate Accountabilit señala que “los grandes contaminantes trasnacionales como las carboníferas, las petroleras y la agroindustria no son sólo grandes emisores; ellos son negacionistas del cambio climático, lobistas y políticamente interferentes, lo que hace que estas industrias sean un gran obstáculo hacer políticas sobre cambio climático local, nacional e internacionalmente”.
Las grandes compañías están preocupadas de que se les pidan cuentas sobre las consecuencias de sus actos, pues sólo 90 empresas trasnacionales son responsables de más del 60 por ciento de todos los gases de efecto invernadero que se han vertido a la atmósfera.
La COP23 es un hervidero de gente trajeada, de comida orgánica y de transporte que no contamina. Los funcionarios viajan en elegantes mercedes que los dejan en hoteles lujosos. La demás gente se conforma con tener acceso a los servicios que tiene un alemán promedio: comidas saludables, trasporte eficiente, hospitales de primera, tantas fuentes de agua potable como de wifi, la seguridad de caminar en las noches sin ser asaltado, tiendas y restaurantes donde uno puede consumir más de lo necesario. Pero ese envidiable modo de vida alemán es inaccesible para todos terrícolas.
La razón dice el activista Albero Acosta es que no hay mundo que alcance. “Se necesitarían 3,1 planetas tierras para que todas las personas pudieran vivir como alemanes”.
Alberto Acosta forma parte de la Cumbre Climática de los Pueblos, un espacio en el que los movimientos sociales de todo el mundo actúan y proponen alternativas al capitalismo y su crisis climática global. En esta ocasión, la Cumbre de los Pueblos se realizó en los días previos a la COP23 y cerró con el Tribunal Internacional.
Después de que todos los casos de violencia y despojo que fueron presentados en el Tribunal, la conclusión de Acosta fue simple y clara: “Es imposible pensar en el desarrollo a partir del crecimiento económico cuando la tierra tiene límites conocidos”.
Cronista interesado en la historia y autor de la columna Cartohistoria que se publica en Pie de Página, medio del que es reportero fundador. Desde 2014 ha recorrido el país para contar historias de desigualdad, despojo y sobre víctimas de la violencia derivada del conflicto armado interno. Integrante de los equipos ganadores del Premio Nacional Rostros de la Discriminación (2016); Premio Gabriel García Márquez (2017); y el Premio Nacional de Periodismo (2019).
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