Un último ataque ocurrió en un contexto de hostigamiento contra la organización comunal por parte de grupos criminales, así como de presión económica sobre el territorio por parte de empresas mineras

Texto y fotos: Heriberto Paredes

La comunidad nahua de Santa María Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, Michoacán, vive de nueva cuenta momentos de incertidumbre, luego de que su Guardia Comunal –mecanismo de seguridad elegido por usos y costumbres– fuera atacada por grupos criminales.

El ataque ocurrió al noreste de su territorio, en los límites con Coire, localidad indígena vecina y con el municipio de Chinicuila.

El relato del encargado del orden, en aquella región muestra que esta situación no es nueva:

“Nos reportaron que se habían visto unas tres o cuatro personas armadas ingresando a nuestra comunidad, así que con algunos elementos de la Guardia Comunal decidimos seguir el rastro hasta dar con estos sujetos. Toda la noche estuvimos recorriendo los cerros hasta dar con una casa en donde, al parecer estaban escondidos. Ya nos ha pasado otras veces que se nos quieren colar para atacarnos”.

La comunidad mantenía en aquella zona una serie de celebraciones religiosas previas a la Semana Santa, por lo que la tensión aumentó entre miembros de la Guardia, que querían frenar cualquier situación de violencia.

Finalmente, tras una larga búsqueda, la casa en donde se halló a estos sujetos armados era la casa de Martín Nepomuceno, un trabajador y amigo del exmiembro de la Guardia Comunal, Cemeí Verdía, quien fue expulsado de la comunidad a fines de 2018. Esto, luego de que la Asamblea General de la comunidad y sus autoridades internas lo acusaron de tener vínculos con la organización criminal conocida como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

«Verdía Zepeda es el enlace principal que opera desde Colima para orquestar ataques con grupos armados pertenecientes al CJNG con el fin de entregarles los municipios de Coalcomán, Chinicuila, Coahuayana y Aquila, formando grupos apoyados por el CJNG para asesinar, levantar, matar, torturar, secuestrar y extorsionar; causando miedo y zozobra a la población como ha ocurrido en los municipios antes mencionados».

Comunicado emitido por las autoridades comunales de Ostula con motivo de estos acontecimientos, el pasado 10 de marzo de 2020.

Como parte de los protocolos de intervención, los miembros identificados y uniformados de la Guardia Comunal solicitaron el acceso a la casa para efectuar una revisión y verificar las sospechas de que ahí estaban los tres o cuatro hombres que habían entrado a la comunidad, armados y a escondidas, la noche anterior. 

Tras una primera negativa, finalmente, Martín Nepomuceno, dueño de la casa y expulsado de la comunidad junto con Verdía el 21 de julio de 2018, salió portando una escopeta, misma que fue obligado a dejar para poder ser llevado a la Jefatura de Tenencia.

Ahí se pretendía que fuera interrogado por las autoridades comunitarias. Al tratar de ser esposado, opuso resistencia, pero finalmente fue controlado.

Sin embargo, antes de ser trasladado, elementos de la Guardia, al dirigirse a la casa para realizar la inspección y verificar si había o no más armas, fueron atacados desde el interior con armas de grueso calibre, identificadas posteriormente como AK-47 y R-15.

Tanto el detenido como los hombres que dispararon lograron huir. Según narra quien estuviera presente:

«Al recibir los balazos, nos refugiamos, pero un radio nuestro se cayó y al huir, Martín Nepomuceno, lo tomó y dijo en nuestra frecuencia: «pertenecemos al CJNG y Ostula será nuestra, tenga que morir quien tenga que morir».

Por fortuna, la comunidad reportó que no hubo heridos ni muertos tras el altercado.

«Nosotros estamos protegiéndonos de alguien que le está haciendo daño a nuestra comunidad, nuestro trabajo no es matar sino hacer justicia», señaló el encargado de la seguridad en aquella parte de Ostula.

Secuestros desmentidos

El pasado 24 de febrero de 2020 Cemeí Verdía, antiguo miembro de la Guardia Comunal de Ostula, que se presenta como ex comandante de las autodefensas de Michoacán, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Michoacán por secuestro (número de caso 1004202008081 y de expediente MOR/053/23868/2020) y convocó a medios de comunicación para denunciar públicamente el aparente secuestro de dos familiares cercanos y 3 amigos a manos de un grupo armado.

«Me recibió personalmente el fiscal general Adrián López Solís, que es un amigo personal desde antes de ser funcionario, espero que tome cartas en el asunto», declaró Verdía al salir de la Fiscalía.

Verdía aseguró –en un programa de televisión llamado 90 Grados– que miembros de la Guardia Comunal de Ostula y de la policía municipal del municipio de Coahuayana fueron los responsables del secuestro, aunque finalmente decidieron soltarlos.

Afirmó que las autoridades comunales eran parte de una organización llamada Cárteles Unidos y que había colusión de las autoridades policiales del municipio de Tecomán, Colima, colindante con esta región de Michoacán.

Sin embargo, en un comunicado emitido por la Fiscalía General del Estado de Colima el pasado 5 de marzo de 2020, la institución aclara que «elementos de la Policía Estatal de Colima detuvieron en Tecomán a estas personas en posesión de narcóticos y por ello fueron puestas a disposición de la Fiscalía de esta entidad, quien en el proceso determinó que la cantidad de droga no ameritaba la prisión, y decretó su libertad, una vez cumplido el término constitucional de las 48 horas».

Posteriormente fueron entregados a las autoridades michoacanas ante la alerta de desaparición.

Días después, el 9 de marzo, el propio Verdía ha afirmado públicamente que Martha Rita Zepeda Ávalos, su madre y Xóchitl Zambrano, trabajadora de la familia, han sido secuestradas también, acusando de nueva cuenta al supuesto grupo criminal.

Sin embargo, el Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de Ostula, Evaristo Domínguez, afirmó que no es así: «Es falso lo que está diciendo Cemeí Verdía, la señora salió por su propio pie de su casa, iba acompañada de una muchacha y no sabemos a dónde se dirigió, pero ninguno de nuestros elementos de la Guardia estuvo involucrado».

Apenas hace un par de días, Xóchitl publicó un video en su cuenta de facebook, en el que decía que se encontraba bien, sana y salva en su comunidad.

Ataques insistentes contra la comunidad

El 3 de noviembre de 2019, elementos de la Guardia Comunal de Ostula que realizaban tareas de patrullaje en las colindancias de esta comunidad con la vecina San Miguel Aquila, cabecera municipal, fueron emboscados por un grupo armado. El resultado de esta acción fueron dos guardias heridos y uno fallecido, Abigail Farias Fernández.

La Guardia Comunal logró identificar a quien dirigió la acción y señaló que se trató de Refugio Verdía Zepeda, hermano del ex comunero que ha intentado, por diversos medios, desacreditar las labores de seguridad y defensa del territorio que lleva a cabo la comunidad de Ostula.

El 8 de noviembre de 2019, habitantes de la cabecera municipal de Aquila hicieron público un comunicado en donde señalaban a Cemeí Verdía y a Agustín Villanueva, como responsables de al menos 6 episodios de violencia entre octubre y noviembre de ese año, en donde ha habido al menos dos personas heridas, 2 personas fallecidas (Miguel Sandoval Zambrano, además de Farias Fernandez) y una desaparecida (Mario Alberto García Alcalá), así como la limitación del libre tránsito en distintos caminos.

En el comunicado se afirma que: «Estos personajes acordaron entregar las comunidades indígenas del municipio de Aquila [Ostula, Coire y Pómaro] y sus recursos naturales al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el objetivo de iniciar sus operaciones delictivas tales como la extorsión, el secuestro, las desapariciones, los asesinatos, el cobro de piso, la explotación ilegal de recursos naturales, el tráfico de drogas, es decir, todas las actividades de la delincuencia organizada».

En este contexto, una habitante de la zona denunció anónimamente por miedo a represalias, que «Cemeí [Verdía] y Agustín [Villanueva] ya juntaron más gente en La Naranja, muchísima gente armada y están a cada rato amenazando, que en cuanto amanezca les van a caer a los de Aquila para matarlos. Estamos bien preocupados porque Joss [José Luis Arteaga Olivares, expresidente municipal 2015-2018] es quien los está organizando».

Hoy por hoy, la gente vive tranquila

A diferencia de lo que Cemeí Verdía ha declarado recientemente en medios de comunicación de Michoacán, la comunidad de Ostula ha vivido y vive, desde 2014, un periodo de tranquilidad y de bajo índice delincuencial. Como nunca antes, las personas que hacen turismo tienen las condiciones para visitar las playas y las distintas festividades en el territorio comunal. Sea el surf, deportes acuáticos, senderismo o bien días de descanso y buena comida, la sierra-costa michoacana se ha convertido en un importante destino de turismo nacional e internacional.

En 2019 se llevó a cabo la elaboración de murales en donde participaron jóvenes de las escuelas primaria y secundaria de Ostula, se han organizado torneos de atletismo, ciclismo y ajedrez, recientemente, las y los comuneros entraron a un programa de reforestación de maderas maderables y comenzaron con la restauración de 30 hectáreas de tierras comunales que anteriormente fueron destrozadas por los Caballeros Templarios.

Ostula y la región llevan a cabo sus fiestas patronales y religiosas en total calma, han aumentado el número de bodas y 15 años, varios grupos locales tocan incansablemente cada fin de semana en alguna fiesta organizada. La zozobra ha existido en la comunidad cuando algún funcionario de gobierno ha puesto en duda la legitimidad de las instituciones comunitarias o cuando ha habido ataques violentos contra la propia Guardia Comunal.

A pesar de ello, las miles de familias que habitan ahí, han sabido organizarse y mantener a flote un proyecto organizativo que tiene como objetivo conservar la vida en calma, generar las condiciones para un desarrollo económico que no lastime al territorio y alejar a los proyectos que ambicionan los minerales que yacen bajo las montañas y los cientos de kilómetros de playas.

La Guardia Comunal, fruto de una lucha de más de una década, realiza tareas de vigilancia, responde a los llamados de la población y sus miembros son electos cada año para realizar el trabajo rotativamente. No reciben salario y arriesgan su vida de un momento a otro, como dicen, «para hacer justicia.

Finalmente, en el mismo comunicado citado, la comunidad indígena asegura: «Dentro de nuestro territorio comunal no existen grupos armados. Nuestras autoridades civiles, agrarias y nuestra organización comunal no están sometidas por ningún grupo criminal. La guardia comunal no ha realizado ninguna detención, mucho menos desaparición, de ninguna persona dentro o fuera de la comunidad. Dentro de la comunidad indígena de Santa María de Ostula, rancherías, pueblos y encargaturas de orden, no existen personas secuestradas ni privadas de su libertad.

Y recalcan que están abiertos a cualquier aclaración por parte de los medios así como a la atención por parte de las autoridades correspondientes, con el fin de mantener la tranquilidad en la población y su territorio libre de violencia y despojo.