El cambio de régimen recurre a viejas prácticas de la política, como detener el reloj parlamentario, para vencer resistencias. Ni con su aplastante mayoría, Morena pudo aprobar en tiempo y forma el primer presupuesto cien por ciento 4T

Twitter: @chamanesco

No es domingo, sino miércoles. No es 17, sino 6 de noviembre. En el imaginario de los diputados, aún no vence el plazo constitucional para que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación y, sin importar cuándo se lea este texto, en el tiempo legislativo serán más o menos las 4:40 de la tarde.

A esa hora se detuvo el reloj parlamentario el miércoles 6 de noviembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cuando la presidenta de la Cámara, Laura Rojas, decretó un receso en la sesión en la que se procesaba la Ley de Instituciones de Crédito, para otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera la facultad de congelar cuentas y ordenar la extinción de dominio.

La aprobación de una reserva que matizaba la llamada “Ley Nieto”, propuesta por la diputada hidalguense Lidia García –integrante de la bancada de Morena–, encendió los ánimos de su coordinador, Mario Delgado, quien acabó en tribuna protagonizando un zafarrancho que obligó a suspender los trabajos.

Al día siguiente –jueves 7–, las diferencias al interior de la bancada mayoritaria continuaban y, al no haber condiciones para reanudar la sesión, la presidenta de la Cámara sólo tocó la campanilla para declarar un nuevo receso.

En el reloj legislativo seguía siendo miércoles 6 de noviembre.

El desacuerdo al interior de Morena por la ley que daría más dientes al titular de la UIF, Santiago Nieto, se encadenó con otro diferendo la tarde del jueves 7 en Palacio Nacional, cuando el presidente encaró a los legisladores de sus partidos afines para confirmarles lo que ya habían visto en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que no habrá fondos para repartir dinero a organizaciones campesinas y otras clientelas.

–Se acabaron los moches –advirtió Andrés Manuel López Obrador, provocando muecas y silbidos entre los legisladores que, durante más de un año, se habían mostrado leales y condescendientes.

–¿No será que se están volviendo conservadores? –cuestionó el presidente a quienes le reclamaban la falta de apoyos para el campo; entre otros, Eraclio Rodríguez, líder barzonista del estado de Chihuahua, quien preside la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

Cuentan los asistentes a esa reunión, que cuando éste y otros legisladores emanados de grupos campesinos advirtieron que la gente va a tomar las calles en protesta, López Obrador sonrió y dijo que de eso no van a enseñarle nada a él.

–Tomé calles durante más de 20 años –respondió.

Pero el lunes 11, los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro fueron tomados por grupos de diferentes estados y bajo distintas banderas y siglas: ANEC, Cocyp, Cioac, JDLD, CCC, Aferamich, UCD, FAC, MST, Coduc, UNTA, Movimiento Antorchista…

Un sinfín de agrupaciones que lograron congregar a más de 10 mil personas para bloquear con lonas y tiendas de campaña todos los accesos al recinto legislativo con un solo fin: impedir la aprobación del Presupuesto de Egresos del próximo año, del que han desaparecido las partidas de apoyos directos a organizaciones y el Ramo General 23, conocido como el “fondo de los moches”.

La presión obligó a la presidenta de la Cámara, la panista Laura Rojas, y al coordinador de la Junta de Coordinación Política, el morenista Mario Delgado, a mantener suspendidos los trabajos legislativos durante toda la semana, y a detener el “reloj parlamentario” para no incurrir en una violación a la Constitución, que estipula que el Presupuesto debe aprobarse a más tardar el 15 de noviembre del año anterior a su ejercicio.

En la medición de fuerzas con sus propios aliados electorales, el presidente respondió desde la conferencia mañanera del jueves 14, repitiendo lo que una semana antes había dicho en privado.

–Hay protestas porque quieren que sea como antes, que haya partidas para moches… No, primo hermano, eso se acabó –advirtió.

Las horas pasaron y el viernes 15, en lugar de sesionar para aprobar el presupuesto, los diputados anunciaron que reanudarían la sesión suspendida el 6 de noviembre hasta el miércoles 20, después del puente del Día de la Revolución y del Buen Fin.

Se entiende que este impasse permitiría a la Comisión de Presupuesto, que dirige el también líder barzonista Alfonso Ramírez Cuéllar, terminar de elaborar el dictamen para proponerlo al pleno de la Cámara; lo que no necesariamente implicaría negociar con los grupos inconformes, pues tanto el presidente de la República, como el líder de la bancada de Morena han advertido que no cederán a su chantaje.

Las organizaciones apostadas en los alrededores de San Lázaro reclaman 24 mil millones de pesos para el campo, y han endurecido su discurso advirtiendo que no permitirán que se apruebe el presupuesto enviado por AMLO, el primero cien por ciento 4T.

El forcejeo deja ver resistencias al cambio, defensa de prebendas, añoranza por prácticas que habían aceitado la vida pública del país.

Pero también revela que no todos los que se resisten a los nuevos tiempos militan en las filas de los conservadores. Y que también entre los fieles a AMLO hay quien se niega a soltar su tajada del gasto público.

Nadie en México quiere quedarse fuera del presupuesto.

Por eso, mientras los grupos campesinos advierten que esperarán ahí a que los diputados intenten regresar al pleno, otros mantienen prendida su veladora a la espera de que la austeridad no los alcance.

Secretarios de Estado, gobernadores, alcaldes, titulares de otros Poderes y de órganos autónomos, directores de paraestatales e institutos, rectores, líderes sindicales y todo aquel empresario que hace negocios con el gobierno mantienen cabildeos con los legisladores para tratar de salvarse del recorte.

Como principal instrumento de política económica, el Presupuesto de Egresos será la carta de navegación de la 4T en los meses que vienen. El destino del gasto público (calculado por Hacienda en más de 6 billones de pesos) resulta crucial para el presidente y su partido.

Mario Delgado lo sabe, y por eso recopila firmas entre su bancada y sus aliados del PT, PES y PVEM, para comprometer a los diputados a que aprueben en sus términos el proyecto que sigue cocinando con la Secretaría de Hacienda.

Ya lleva 280 firmas que, si se convierten en votos, garantizarían la aprobación del decreto sin reservas que lleven a modificaciones importantes.

Sólo falta que liberen San Lázaro, para que el pleno de la Cámara pueda sesionar en pleno aniversario de la Revolución y el reloj parlamentario siga su curso.

Quizás algún día, el tiempo de los legisladores vuelva a ser el mismo que el de los ciudadanos.

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