La persecución en contra de los habitantes de Eloxochitlán ha escalado en las últimas semanas, después de que un menor muriera a manos de la policía al intentar evitar que encarcelaran a su padre, acusado, como cientos de pobladores más, de asesinar y agredir en 2014 a un grupo que disputaba el control de la asamblea comunitaria
Texto y fotos: Alejandro Ruiz
CIUDAD MÉXICO. – Gelacio tenía 15 años hasta hace unas semanas, cuando agentes de la policía local de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, le quitaron la vida.
Su muerte, vino después de que los policías usaran la fuerza pública de manera desproporcionada, cuando Gelacio intentaba evitar que se llevaran a su padre.
El padre de Gelacio es una de las cientos de personas acusadas de homicidios, lesiones e intento de feminicidio en este pueblo de la sierra mazateca que, desde 2014, ha visto trastocada su paz y tranquilidad.
Ahora, ante la muerte de Gelacio, un grupo de mujeres de Eloxochitlán, amparadas en las autoridades comunitarias, se han constituido como un grupo de autodefensa para evitar que estos actos sigan ocurriendo en su comunidad.
Las mujeres no portan armas, pero sí tienen capacidad de convocatoria en su pueblo, el cual está atrapado en una disputa de poderes.
“Las detenciones arbitrarias, la prisión injusta, la prisión política no son asuntos desconocidos para las infancias de Eloxochitlán; han generado en ellas, el vivir con miedo y terror ante la posibilidad de que algún día las fuerzas armadas irrumpan su hogar”, dice el manifiesto de la autodefensa.
¿Cuándo se rompió la paz en el pueblo? La historia ya casi cumple una década
2014: el año del quiebre
En diciembre de 2014, una asamblea comunitaria en Eloxochitlán terminó en un pleito que dejó a dos personas muertas.
La asamblea era para elegir a su nuevo alcalde, y estaba regida por usos y costumbres.
El puesto era peleado por dos bandos: uno, encabezado por Manuel Zepeda, ex alcalde de Eloxochitlán; el otro, por Jaime Betanzos, quien también había ocupado ese carago.
Tras la trifulca, el hijo de Manuel fue asesinado, así como un colaborador de la familia Zepeda. También, presuntamente se intentó asesinar a la hija de Manuel, Eliza, quien ahora es diputada local por Morena.
Después de eso, se acusó a más de 200 personas del asesinato de los dos hombres, así como de originar el conflicto. Años más tarde se agregó una carpeta de investigación por intento de feminicidio.
Dese ese momento, se han encarcelado a varios pobladores de Eloxochitlán, y a los que no, es porque se han ocultado o huido del pueblo. Actualmente hay 7 presos sin sentencia por estos hechos, aunque han pasado casi 9 años.
La artífice de las acusaciones es la diputada de Morena, Elisa Zepeda Lagunes, hija del ex alcalde Manuel Zepeda que, en 2014, disputaba la elección en contra de otro grupo de pobladores dirigido por Jaime Betanzos, hoy preso en el penal de Villa de Etla, Oaxaca.
Eliza, según las familiares de los presos, ha usado sus influencias en el poder judicial de Oaxaca para impedir que el caso avance, y se ha encargado de “perseguir” al resto de los habitantes de Eloxochitlán, e intimidarlos. Esto, aunque la defensa legal de los presos y desplazados ha ganao juicios de amparo que comprueban la irregularidad de las acusaciones.
En el fondo, acusan las mujeres que ahora integran la autodefensa, están beneficios políticos que impiden que la justicia llegue a ellas y sus familiares.
“El Sistema de Justicia en verdad está descompuesto. Nosotras también fuimos acusadas con los mismos delitos falsos que los presos y que nuestros compañeros y familiares perseguidos. Los mismos amparos que ganamos y que produjeron nuestra libertad son los mismos que ganaron nuestros compañeros actualmente perseguidos, pero a ellos, se les sigue negando la Libertad. Por nuestra exigencia justa, a unas se nos dejó libres, pero a otros no, así, al capricho del Poder. Se nos considera objetos que se pueden ir dosificando para que no se acaben los presos políticos. Para que no se acaben las ganancias de quienes se benefician con nuestra prisión política”.
Ante esto, piden la intervención de la Suprema Corte y del gobierno federal en el caso. A los primeros, para que revisen las sentencias de amparo y sanen las irregularidades que han existido en el proceso jurídico. A los segundos, para que haga vale su promesa de libertad, cuando en 2018 el presidente López Obrador se refirió al caso como uno más de las decenas de presos políticos que existen en el país.
Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.
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