30 diciembre, 2023
Jóvenes, pueblos indígenas, mujeres y jubilados. Desde sus pequeños lugares del sur global dirigieron las resistencias del planeta. Unos ganaron batallas importantes, otros apenas alcanzaron a ponerle una piedra a los embates regresivos de la ultraderecha. En la selección de Pie de Página fueron los protagonistas del 2023
Texto: Daniela Pastrana
Fotos: AFP y Daniela Pastrana
CIUDAD DE MÉXICO.- Las protestas estallaron el 20 de octubre, cuando el Congreso de Panamá aprobó, de forma irregular, el contrato minero firmado por el gobierno Laurentino Cortizo y la Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.
El centro de la polémica es un yacimiento de cobre ubicado en una reserva natural en el norte del país, que era explotado desde 1997 y que es el proyecto minero más grande de América Latina.
En 2017, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la concesión entregada pero la mina nunca cerró. Seguía operando a la vista de todos. Pero el contrato terminaba en marzo.
Y cuando el gobierno renovó la concesión, con la posibilidad de extender las operaciones hasta 40 años, provocó lo que parecía increíble: la revuelta social en Panamá, ese pequeño país centroamericano que fue elegido por Estados Unidos para partir en dos el continente, el de los paraísos fiscales y los grandes rascacielos (entre ellos el edificio Trump). Una revuelta que no ocurría desde 1988, cuando fue derrocado el expresidente Antonio Noriega.
«Fueron los jóvenes los que empezaron, porque tienen más conciencia ecológica. Y se empezaron a organizar en redes sociales. Luego se sumaron maestros, médicos, campesinos, obreros, transportistas, todos los que estamos hartos de la corrupción», me dijo un taxista de la ciudad de Panamá, el día del paro nacional.
Las protestas y bloqueos duraron más de un mes, las pérdidas económicas se calculaban en mil 700 millones de dólares. Y finalmente, el 28 de noviembre, la Corte Suprema volvió a declarar inconstitucional el contrato, que finalmente fue cancelado.
Mientras estuvo el bloqueo, en distintas calles del Casco Viejo se miraban los letreros: «No a la gentrificación». «Sin habitantes no hay patrimonio»
El 20 de agosto, el socialdemócrata Bernardo Arévalo arrasó en las elecciones de Guatemala. Nadie lo podía creer. Hijo del expresidente Juan José Arévalo, quien llegó al poder tras la revolución de 1944 e impulsó reformas en favor de la clase más pobre de Guatemala, Bernardo se había colado sorpresivamente al segundo lugar en la primera vuelta electoral.
Eso impulsó a mucho grupos que creían imposible enfrentar lo que en Guatemala llaman el Pacto de Corruptos a volcarse en la defensa del voto.
Arévalo fue el candidato de Semilla, un partido nuevo que está integrado por jóvenes que se forjaron en el movimiento estudiantil universitario de 2015 y cuya oferta central es la anticorrupción. En la jornada electoral del 20 de agosto, ganó por más de 58 por ciento de los votos, contra el 37 por ciento de su oponente, Sandra Torres,. Pero en los meses siguientes ha tenido que enfrentar los embates de la oligarquía guatemalteca encabezados pro la fiscal Consuelo Porras.
La defensa en las calles ha tenido por delante a los pueblos indígenas, que ni siquiera eran parte de sus planes de gobierno.
El 20 de agosto, junto con las elecciones presidenciales y legislativas de Ecuador, se realizó una consulta popular que no tiene precedente en la región: los ecuatorianos votaron por mantener bajo tierra el petróleo del bloque 43, ubicado en el Yasuní, así como para prohibir la actividad minería en el Chocó Andino.
En el primer caso se trataba de una consulta nacional
“¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?”
La opción por el ‘Sí’ ganó mayoritariamente.
La consulta del Chocó Andino sólo se hizo dentro de la circunscripción de Quito, la capital. Los quiteños debían decidir si querían prohibir la minería en una reserva de alta biodiversidad del país.
Nuevamente el ‘Sí’ ganó por amplio margen.
El domingo 11 de septiembre fue una jornada de marchas y recuerdos en Santiago, la capital de Chile.
Fue una jornada de tres tiempos. El presente, con una marcha fragmentada que mostró las debilidades de una sociedad altamente dividida. El pasado, con el reencuentro de dos naciones – México y Chile- que se han ayudado de todas las formas posibles. Y el futuro, con miles de mujeres y velas encendidas para lanzar un mensaje largo y fuerte: Nunca más una dictadura.
Por segundo día consecutivo, Salvador Allende, el nombre proscrito por la dictadura, recorrió las calles de Santiago.
El 50 aniversario del golpe encabezado por Augusto Pinochet fue un buen momento para volver a nombrar a los mártires que quedaron sepultados la dictadura, de la que el Estado chileno reconoce 40 mil 175 víctimas, entre ellas mil 700 personas ejecutadas y mil 469 desaparecidas.
El sábado 18 de febrero, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador firmó en Sonora el decreto para nacionalizar el litio, lo que consolida al mineral como propiedad de la nación para su exploración y explotación responsable. Un mes después, entre protestas y en una sede alterna, el Senado de la República aprobó una serie de reformas a la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Aunque las reformas aprobadas eran distintas de la propuesta original, conservaron elementos importantes como quitar el carácter de actividad prioritaria.
La Ley Minera vigente hasta ahora fue aprobada en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y forma parte de un extenso marco jurídico que incluye la Ley de Aguas Nacionales y la reforma al artículo 27 de la Constitución. Esa reforma permitió la venta de tierras ejidales y comunales y tuvo como objetivo facilitar la entrada de las empresas extranjeras a los territorios para la explotación y extracción de los bienes naturales del país.
Durante años, las organizaciones de sociedad civil intentaron modificarla pero los intereses de la industria minera había logrado bloquear todos los intentos.
El domingo 19 de noviembre, con el triunfo de Javier Milei en la bolsa, la violencia de sus seguidores contra los militantes de izquierda recrudeció a la par de los temores de una ciudadanía que no salía del pasmo antes los resultados electorales.
Milei surgió en los medios, escribió la periodistas Cecilia González. «Fue financiado por empresarios, promovido por la prensa antiperonista y cooptado por el expresidente Mauricio Macri. Prometió que venía a terminar con la casta política corrupta, y terminó convirtiéndose en parte de ese selecto grupo».
Desde el minuto uno de su gobierno comenzó a mostrar su peor cara, modificando la ley para convertir a su hermana en su secretaria y desapareciendo de un plumazo nueve ministerios.
Días después, Milei anunció medidas para desregularizar la economía y cambios en los gastos de Estado. El “plan de estabilización de shock”, prevé cambios en las leyes de Alquileres, de Abastecimiento; de Góndolas; el Observatorio de precios; desregulaciones de internet, de medicina prepaga, de turismo; y reforma laboral.
El gobierno argentino dio a conocer un Protocolo de actuación, para mantener el orden público. La excandidata de derecha, convertida en ministra de seguridad, Patricia Bullrich, advirtió “si se toman las calles va a haber consecuencias”.
La amenaza no funcionó. Miles de personas en Buenos Aires y otras ciudades han salido a las calles con sus cacerolas para prograce
Quería ser exploradora y conocer el mundo, pero conoció el periodismo y prefirió tratar de entender a las sociedades humanas. Dirigió seis años la Red de Periodistas de a Pie, y fundó Pie de Página, un medio digital que busca cambiar la narrativa del terror instalada en la prensa mexicana. Siempre tiene más dudas que respuestas.
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