Un tribunal colegiado federal determino que la policía de la Ciudad de México y la del Estado de México son responsables de la desaparición forzada de Marco Antonio Sánchez Flores, quien debe recibir reparación del daño; sin embargo, la justicia aún está pendiente

Texto por Arturo Contreras

Fotos: Fernando Santillana/ Archivo Pie de Pagina

Marco Antonio Sánchez fue víctima de desaparición forzada por parte de policías de la Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo con la sentencia de amparo 53/2019 (ahora en revisión) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Ésta es la primera vez en la historia de México en que un amparo por desaparición llega a una instancia final, en este caso que se haya señalado la responsabilidad de las policías.

El 23 de enero de 2018, Marco Antonio, en ese entonces estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM, fue detenido ilegalmente por policías del sector Hormiga en la Ciudad de México, en las alcaldía de Azcapotzalco. Los policías lo subieron a la patrulla y en los siguientes cinco días no se supo nada del joven, hasta que el domingo 28 –tras una fuerte movilización social– una cámara de seguridad en el Estado de México lo localizó desorientado, golpeado y sin orientación.

Ese mismo día, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad y actual senador de la República, Miguel Ángel Mancera, convocó a una conferencia de prensa nocturna en la que deslindó de responsabilidades a los policías capitalinos y descartó que se tratara de una desaparición forzada.

Tuvieron que pasar 476 días para que, el pasado 9 de mayo, la sentencia del tribunal diera un giro a la versión de las autoridades capitalinas que “decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro ‘adolescente problemático’”, de acuerdo con un comunicado emitido por el Instituto de Justicia Procesal Penal, la Red por los Derechos de la Infancia y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, organizaciones que desde hace más de un año acompañan el caso.

De acuerdo con estas organizaciones, la omisión de las autoridades contra Marco Antonio y su familia los revictimizó y privó de manera reiterada sus derechos a la justicia y la verdad, negándoseles siquiera una investigación seria y efectiva.

Si bien esta decisión del Tribunal Colegiado señala la responsabilidad de las autoridades policiacas y de justicia de ambas entidades como violatorias a los derechos humanos, no dictamina una sentencia o una pena a los responsables de los delitos, sí interpone medidas para la reparación integral del daño a las víctimas.

Esta reparación del daño aún está por determinarse, e incluirá un curso de capacitación en derechos humanos para ambos cuerpos policiales así como otras que aún deberá determinar la Comisión de Atención a Víctimas. Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana local aseguró que se planea una disculpa pública por los hechos.

“Aquí el tema es que la desaparición es tanto violación de derechos humanos como un delito”, explica Simón Hernández León, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal, y que lleva el caso.

“Cuando la persona desaparecida era localizada habían dos interpretaciones, una de ellas es que éste no deja de ser un juicio de derechos humanos, por lo que se entiende que de todas maneras puede haber una decisión judicial por violación de derechos humanos”.

En otras palabras, que se haya lograda la reaparición de Marco, gracias a la intensa movilización social que generó, no desaparece el hecho delictivo de la desaparición, y en consecuencia, su investigación, que está en curso, y la persecución de los presuntos responsables.

De acuerdo con el abogado, esta decisión del Tribunal tiene un impacto significativo, pues establece la violación de derechos por parte de las autoridades como una verdad jurídica establecida y firme. Sin embargo, la tarea de ejercer acción penal en este caso no corresponde al poder judicial federal.

“Sobre la investigación (de la Procuraduría de Justicia la Ciudad de México), de la que hay una carpeta desde hace meses, tendrá que haber una determinación pronto y puede que haya otras sanciones administrativas”, explicó el abogado.

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