En entrevista, la periodista Laura Castellanos hace un diagnóstico de las autodefensas en México después de la cancelación de procesos de diálogo que intentó la Secretaría de Gobernación. Si se cierra ese canal, advierte, crece el riesgo de convulsión social

Texto: Lydiette Carrión

Fotos: Archivo/ Heriberto Paredes y Luis Cortés

La Cuarta Transformación carece de una estrategia política de acercamiento a las comunidades en conflicto o con grupos de autodefensa o policía comunitaria. Y la cancelación de procesos de diálogo aumenta el riesgo de convulsión social. Así lo expresó la periodista Laura Castellanos en entrevista.

“Descalificar o estigmatizar o cerrar la posibilidad de un diálogo con comunidades que han legitimado policías comunitarias o autodefensas me parece muy grave”.

El pasado 23 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, a frenar todo tipo de diálogo con grupos armados.

Frente a la postura gubernamental, Laura Castellanos, experta en grupos armados, enfatiza: “no puedes tratar a todos los grupos igual. Se ve que [en el gobierno] no tienen claridad en distinguirlos. En que algunos grupos son efectivamente autodefensas, pero también estos estados tienen regiones con presencia de grupos de policía comunitaria indígena y autodefensas indígenas.

“Hay autodefensas que tienen una legitimidad comunitaria y hay otras que se crearon de forma coyuntural. Y algunas, sí, fueron infiltradas por el crimen organizado. Es real, pero no puedes tomar decisiones drásticas, sin conocer un mapa real del conflicto. Sin saber qué grupos son legítimos”.

La CNDH, destaca Castellanos, hizo dos reportes completos sobre autodefensas policías comunitarias en Guerrero y Michoacán.

Desencuentro dentro de la 4T

El 21 de agosto pasado, la secretaria de Gobernación declaró que había procesos de diálogo con grupos de autodefensas armados en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.

Fue el pasado 20 de agosto, durante  la construcción del Cuarto Plan de Acción 2019-2021, Alianza para el Gobierno Abierto. Ahí, Sánchez Cordero fue entrevistada por la prensa y reconoció que el gobierno mexicano había estado dialogando con grupos “que se han estado combatiendo unos contra otros y ahora han expresado su intención de desarmarse”.

“Ya no quieren más muerte, quieren avanzar hacia la paz y ya no quieren estar en esta situación que en este momento se encuentran’’, agregó la funcionaria.

Las declaraciones fueron duramente criticadas en la prensa y en redes sociales, sobre todo por miembros de administraciones pasadas. Además, ese mismo día, el subsecretario de Gobernación, Raúl Peralta, asistió a la Huacana en Michoacán, cuna de las autodefensas, a poner la primera piedra de un parque agroindustrial. En el evento asistió también el que fuera líder de aquel movimiento, José Manuel Mireles. Si bien, en aquel momento, Peralta aseguró que no había diálogo con ningún grupo armado, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se quejó públicamente.

Al día siguiente, el presidente López Obrador censuró la participación de Peralta y la política de diálogo de Cordero. En su conferencia mañanera dijo:

“…No puede haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública. Eso no debe permitirse”. Sobre Peralta, agregó: “él tomó esta decisión porque lo invitaron a participar. Ya se habló del asunto en el gabinete de seguridad y se le ha pedido que se ajuste a los que establece la constitución y las leyes”.

Olga Sánchez Cordero dio a conocer que suspendió el diálogo con autodefensas, por órdenes del Presidente.

El diálogo desarticula la violencia

Laura Castellanos ha investigado a los grupos armados y movimientos sociales del país por décadas. Ha dado seguimiento a las diversas expresiones armadas en el país: desde las guerrillas de los años setenta, hasta las autodefensas que surgieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, así como las expresiones urbanas de colectivos anarquistas y feministas. Su más reciente libro, Crónica de un país embozado 1994-2018, narra los procesos de comunidades que han quedado desprotegidas y abandonadas a su suerte por el Estado, y han optado por armarse para defenderse.

Desde esta experiencia alerta que si el diálogo se cierra, “el riesgo que se corre es de mayor convulsión”.

“Estas expresiones que nacieron en los últimos 20 años están teniendo nuevas formas de articulación y nuevos procesos de radicalización. Igual que está ocurriendo con las comunidades en defensa del territorio en general. Están  brotando en distintos espacios. Eso es lo que nos va a tocar ver en este gobierno”.

Se suman movimientos contra despojos

El país en términos generales está saturado de conflictos y grupos que de pronto reivindican la necesidad de hacerse cargo de su propia seguridad. Aunado a eso están comunidades y pueblos que pugnan por la defensa de sus territorios ante megaproyectos y despojos. 

“Una expresión que puede coincidir con el perfil de autodefensa tiene que ver con la multiplicidad de conflictos en defensa del territorio. Entonces es agregar otra expresión armada, distinta a la que específicamente se alzó contra una mafia regional o caciquil contra la comunidad.

“En Aquila (Michoacán) por ejemplo, hubo expresiones alzadas contra la mafia y por la defensa del territorio. Es un asunto bastante complejo, que merece ser tratado con muchísimo cuidado. Para separar, para conocer cuáles son los conflictos comunitarios que han generado estas expresiones, y donde hay un proceso de organización y expresión comunitaria. Y también cuáles son los grupos criminales que han usado un discurso justiciero”.

Por ejemplo, explica la periodista, el actual secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, antes de tomar el cargo, había hecho un mapa con la localización de cerca de 500 conflictos comunitarios en todo el país.

“Y pues, ahora,  le toca laborar para un gobierno que está echando a andar megaproyectos de carácter público y empresarial, pero sin que se respeten los derechos a la  consulta e información de las comunidades. Si se sigue actuando de esta manera será motivo también para más convulsión”.

Cada vez hay más inconformidad en algunas comunidades, y “lo preocupante es que sean además estigmatizados y criminalizados”. 

Michoacán complejo y doloroso

Laura Castellanos pone énfasis en Michoacán. ¿Cómo detener el diálogo con grupos armados en Michoacán, sin siquiera evaluar las consecuencias que las políticas de los sexenios anteriores ocasionaron ahí?

Michoacán ha padecido las expresiones más violentas del crimen organizado: desde décadas atrás sufrió la incursión de los Zetas, primero. Y luego, a partir de grupos que expulsaron a aquellos, conocieron el crimen organizado local. La violencia de la Familia Michoacana, que después transmutó al delirio de los Caballeros Templarios.

Posteriormente, para febrero de 2013, los municipios más ricos en agroindustria y recursos naturales, como Tancítaro, Tepalcatepec y la Tierra Caliente, se levantaron en armas. Aunado a ello, en la sierra purépecha, grupos indígenas optaron por hacerse cargo de su seguridad y expulsar a los talamontes y criminales.

De pronto, en buena parte de Michoacán, alrededor de 35 municipios tenían algún proceso de autodefensa o policía comunitaria, recuerda Castellanos. Procesos todos complejos y diversos, como narra en su libro Crónica de un país embozado. 

Para inicios de 2014, Alfredo Castillo, quien fuera procurador del Estado de México, fue designado por Peña Nieto como comisionado federal de seguridad para Michoacán. Y éste, en mayo de 2014, declaró que no habría más autodefensas y que todos los alzados se sumarían a la fuerza rural, una agrupación añeja y arcaica que había quedado en desuso desde tiempo de la Revolución Mexicana.

Esa decisión trajo más convulsión e incertidumbre a las comunidades con genuinos reclamos de seguridad. Castellanos documentó cómo en 2015, varios civiles desarmados fueron ejecutados extrajudicialmente  por policías federales en estos procesos de desarmes forzosos y sin diálogo llevados por Alfredo Castillo. Recientemente, seis policías fueron detenidos.

López Obrador, señala Castellanos, no toma en cuenta el alto costo que Michoacán ha pagado. Éste fue “el único estado en el que hubo un comisionado federal de seguridad [Alfredo Castillo], lo que agudizó la convulsión social […]. Y que ahora, sin evaluar las consecuencias de todas las administraciones anteriores, que López Obrador diga ‘no hay diálogo’… cuando en esas mismas regiones, yo tengo registrados [en mi libro] 35 municipios con autodefensas».

Por ello, Castellanos afirma: “López Obrador lo que ha declarado es: la seguridad corresponde a la Guardia Nacional. [Con ello] lo que está haciendo es replicar lo que hicieron Calderón y Peña Nieto. Particularmente estos dos expresidentes arrancaron su estrategia de seguridad en Michoacán y ésta fue un fracaso”.

Municipios inconmensurables

En el caso de estos territorios tan vastos e inextricables, la Guardia Nacional no sólo presenta problemas de  legitimidad, sino también de índole práctica y técnica.

“Cuando fui a Coalcomán, ya habían sido desarticuladas las autodefensas con Castillo, y sumadas a la Fuerza Rural. Me tocó ver la reunión de madereros de autodefensas de las montañas. Ellos calculaban que había como mil 500 autodefensas. Coalcomán es más grande que Colima, y ellos se quejaban que sólo en la fuerza rural de Castillo habían sido institucionalizados, si mal no recuerdo 45 personas.

Las autoridades decían: “ya les pusimos una base militar en Coalcomán”. Sí, pero en la cabecera. El municipio es enorme, con puros caminos de terracería. La gente sabía que un batallón se daría la vuelta a sus comunidades una vez a la semana. Y no sabrían quiénes son miembros de la comunidad y quienes los criminales.

Los autodefensas que se adhirieron a la fuerza rural se quejaban: “Nosotros nos institucionalizamos para cuidar nuestra comunidad y ahora resulta que debemos recorrer todo el municipio”.

“Hay un punto muy importante: las autodefensas no se alzaron contra el gobierno, sino para que el gobierno los oyera. Y en mi experiencia, la mayoría tiene la intención de colaborar con las instituciones… ellos quisieran estar sembrando y atendiendo sus negocios madereros, de aguacate… si se arman es por una cuestión de supervivencia”.

Radiografía michoacana

—¿Qué pueblos tienen una expresión comunitaria?

—Organización y expresión comunitaria… las comunidades que están en la costa. Por ejemplo, una expresión de policía comunitaria, Santa María Ostula. Y que también ha actuado en momentos simultáneos con otros grupos de autodefensas.

“Un caso excepcional es el de Coahuayana, donde está el comandante Teto. Un mecánico al que le asesinaron al hermano, la mafia local. Él se alza, se insurrecciona en febrero de 2014, y sigue funcionando ese grupo. En algún momento fue institucionalizado y formó parte de la fuerza rural, y luego después desapareció la fuerza rural. Ellos tienen un gran respaldo de la comunidad.

Hay otras expresiones comunitarias genuinas, como en Chinicuila. Como también los grupos madereros de Coalcoman.

Y en otros grupos donde yo veo que hubo una verdadera descomposición, por la complejidad del territorio es, por ejemplo, Apatzingán y Buenavista, que eran utilizados como bastiones de las mafias locales. En un momento de expansión de las autoedefensas, empiezan a integrar a los mentados perdonados, excriminales. Ello con el fin de obtener  información de casas de seguridad, etc. Después no hubo la posibilidad de detener ese proceso de filtración.

Por otro lado está Tepalcatepec. Es un proceso interesante, a pesar del Abuelo [líder que la prensa ha vinculado a grupos de la delincuencia]. El abuelo es un personaje controvertido, y  tiene todas estas acusaciones en contra. Él las niega… y su comunidad las niega también. 

—Es decir lo respaldan.

—Sí. Es uno de los grupos más organizados y más sólidos.

“Pero donde no veo muy claro es precisamente la Huacana. Se ve turbia. No dudo que haya gente que sea honesta y legítima. Pero es una de las regiones más revueltas. Es que cuando entró silvano, éste deja a gente que trabajó con Castillo. La estructura, la cadena de complicidades sigue funcionando.  No hubo una desarticulación de esa estructura corrompida.

“Mientras no se desarticulen estas estructuras, lo que se haga desde el gobierno federal, va a ser del  mínimo impacto”. 

Apuesta errónea

Estos problemas tan severos no se resolverán sólo con proyectos productivos únicamente. Volviendo al caso que generó la polémica pública, el del subsecretario de Gobernación asistiendo a la Huacana, narra.

“Sí me asombró a mí que Ramón Peralta.. Dice una primera piedra para agroindustria. Pero mientras no se desarticulen las cadenas de complicidades (a todos los niveles), las que por omisión, colusión, no va a servir de nada. Que se reparta dinero no va a servir de nada”.

¿Qué podemos hacer?

“Yo creo que en defensa del territorio, las comunidades cada vez están más organizadas para exigir el cumplimiento de sus derechos y eso es muy importante. Como sociedad organizada, no atinaría a recomendar qué hacer. Más bien como periodista, nos corresponde poner luz en estos conflictos y en estas expresiones de defensa popular, para que haya comprensión de sus detonantes. Para no criminalizar y estigmatizar. Sobre todo en un momento en el que se ve como única opción de seguridad el de la Guardia Nacional”.

Finalmente, Castellanos precisa: “No estoy de acuerdo en ese término de pacificación, porque estás responsabilizando a estos grupos de la violencia organizada de la zona. Y no es así. La responsabilidad es de los gobiernos federal, estatal y municipal, para desarticular estas cadenas de complicidades con las mafias.

Por tanto, el término pacificación es incorrecto. “Lo sabemos, no hay una guerra, hay colusión que genera violencia”. 

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