Un Tribunal Federal declara la nulidad del proyecto Chemours, en la región de La Laguna. La autoridad argumentó que no se tenía suficiente información para determinar que la planta de cianuro no afectará el medio ambiente

Texto: José Ignacio De Alba

Foto: Fotos: Chemours y Google Street View

Después de tres años de litigios el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó sentencia en la que declaró, por unanimidad, la nulidad del Proyecto Chemours Laguna. Se argumentó que la empresa Chemours Company no presentó suficiente información a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre los posibles daños del proyecto.

La empresa Chemours tendrá que frenar la inversión de 3 mil 200 millones de pesos en el estado de Durango y municipio de Gómez Palacio. Donde pretende instalar una planta para la generación de 65 mil toneladas de cianuro sódico al año, un compuesto utilizado para la recuperación de metales preciosos en la industria minera. 

A pesar de que la empresa prometió 300 puestos de trabajo los pobladores de La Laguna, ubicada entre los estados de Coahuila y Durango, celebraron en conferencia de prensa que se haya puesto el interés de los ciudadanos por arriba que los intereses de la empresa. 

En conferencia presentada por las organizaciones, Frente Unido de Pueblos de la Laguna, Red Mexicana de Afectado por la Minería (REMA) y Acción Colectiva se leyó un comunicado: “el cianuro es uno de los venenos más potentes del mundo y genera daños a la salud y al medio ambiente. Su producción frente a la comunidad de El Siete, en Pueblo Nuevo, en el municipio de Gómez Palacio, Durango, podría afectar los ecosistemas circundantes, poner en riesgo a las comunidades cercanas y a la comarca lagunera en su conjunto”. 

Este es el segundo revés de la empresa –filial de Dupont-  en México. En 2017, pobladores de San Luis de la Paz, en Guanajuato, lograron que la planta no se instalara en su región. Después de eso la empresa ha intentado instalarse en La Laguna.

Gustavo Lozano de la Rema explicó en conferencia: “el proyecto viola el derecho humano a un ambiente sano, consagrado en la Constitución y en diversos tratados a los cuales el Estado Mexicano forma parte”. Además, dijo, no existe información sobre cuál será el manejo de químicos que hará la empresa en el lugar. El activista exigió que se haga público el impacto “real del proyecto”. 

La resolución pone a los pobladores de la región en una mejor posición frente a la empresa y las autoridades locales que han apoyado a la compañía para instalarse en la región.

Uno de los pobladores de la región, Julio Martínez, explicó ante los medios que la instalación de Chemours podría afectar el suministro de agua a los pobladores de la región, en una zona que ya tiene escasez. Martínez dijo “por ningún motivo vamos a aceptar este proyecto en La Laguna, no entiendo por qué las autoridades de la zona no están presentes con nosotros”.

Remigio Soto del Frente Unido de Pueblos de la Laguna relató que desde agosto de 2017 los pobladores de la región se han organizado para que la empresa Chemours no se instale. Explicó que se percataron del proyecto cuando la presidenta municipal de Gómez Palacio Leticia Herrera y el gobernador del estado José Rosas Aispuro colocaron la primera piedra para la construcción de la empresa Chemours Company “todo ello sin tomar en cuenta los daños al ambiente y a la salud que traía esta empresa a la región”.

En marzo de 2018 habitantes de 22 poblaciones del lugar fueron golpeados por policías municipales de Gómez Palacio que se manifestaban en contra de la instalación de la planta. Actualmente varias personas se mantienen en un plantón en las inmediaciones de la construcción para mostrar su inconformidad al proyecto.

Hace unos meses integrantes del Frente unido de Pueblos de la Laguna pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se cancele la construcción de la planta en la región, los manifestantes mostraron pancartas durante una visita oficial al lugar.