El común denominador: sus hijos eran estudiantes de la UNAM y fueron víctimas de la violencia. Padres de estudiantes de la Universidad Nacional desaparecidos o asesinados exigieron justicia en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México

Texto y fotografías: Ximena Natera

Lo que sería una jornada de exigencia de justicia en el caso de Aideé se convirtió en un mosaico de indignación y dolor por la presencia de media docena de padres de jóvenes estudiantes de la UNAM víctimas de la violencia.

A diez días del asesinato de Aidee Mendoza, que recibió una herida de bala mientras tomaba clases en el CCH Oriente, la comunidad estudiantil de la UNAM convocó a una protesta frente a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México para exigir a las autoridades que se esclarezca su muerte.

Además de familiares de Aideé, otros padres de estudiante de la UNAM, víctimas de la violencia acudieron a la protesta. Entre ellos, Araceli Osorio, mamá de Lesby Berlín asesinada dentro de Ciudad Universitaria; Sacrisanta Mosso, madre de Karen, estudiante del CCH Vallejo, y Jesús Benítez, papá de Verónica, estudiante de Bioquímica de la UNAM; ambas víctimas de feminicidio en el Estado de México.

También demandó justicia Gerardo Margarito, papá de Gertrudi, estudiante de secundaria con 16 años de edad, desaparecida desde abril.

La protesta fue encabezada por Gilberta Mendoza, tía de Aideé, para agradecer el apoyo de la comunidad estudiantil y exigir a las autoridades que se haga justicia en el caso de su sobrina, quien debía graduarse del CCH Oriente en poco menos de un mes.

“Abandonamos nuestras comunidades para darles mejor educación a nuestros niños, Pensábamos que estaban seguros en la escuela y esto pasó (…) hago un llamado a los líderes indígenas para que nos ayuden a exigir justicia, que no seamos sólo folclor de la sociedad”, dijo la mujer.

Gilberta, proveniente de una comunidad náhuatl en Puebla, informó también que el miércoles por la tarde la familia Mendoza se reunió con autoridades de la PGJ donde revisaron por primera vez la carpeta de investigación y contó que también estuvieron presentes los abogados de la UNAM. Por el momento la familia decidió no dar más detalles del encuentro.

Para Diana Esbri, egresada de la UNAM y miembro del Colectivo Nos Hacen Falta, el aumento de ataques contra los estudiantes de la Universidad Nacional va de la mano de la violencia en el país pero denuncia que la institución no ha estado a la altura para proteger a la comunidad:

“La universidad tiene una responsabilidad grandísima con la seguridad de sus estudiantes y no la está asumiendo. No busca a sus desaparecidos, no colabora para encontrar justicia y ha quedado muy claro que no puede siquiera salvaguardar la vida de quienes estudian en sus espacios”, dice la joven egresada de la UNAM mientras acompaña a los familiares de Aidee en la protesta frente a la Procuraduría.

Además, dice Esbri, la UNAM carga a cuestas un mal historial de actuaciones en este tipo de casos:

“Aun cuando la UNAM es descentralizada, sigue siendo una institución pública, por lo tanto puede violar derechos humanos y esa violación es que no hay un debido proceso, que no hay un interés por colaborar con las autoridades para resolver los casos y que en muchas ocasiones  se ha humillado, hostigado y violentado a las víctimas y sus familias”, advierte.

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¿Cuáles son los derechos que garantizan que un niño siga vivo?, cuestiona Víctor Martínez una y otra vez. Le pregunta a los reporteros que lo entrevistan pero también a sí mismo.

Hace cuatro años, su hijo José Víctor, estudiante del segundo año en el CCH Sur, fue atropellado mientras esperaba el autobús para ir a la escuela en el oriente de la ciudad. El conductor, supo mucho después, estaba alcoholizado y perdió el control del automóvil. Se estampó contra la parada y mató al instante a José, de 16 años.

La búsqueda de respuestas sobre lo que sucedió ese día ha transformado el duelo de la familia Martínez en un infierno que lo mancilla todo. A través investigaciones propias, la familia ha podido confirmar que la policía de la Ciudad de México cometió irregularidades en la investigación del caso tanto para encubrir al conductor como para complicar la identificación del cuerpo de José por sus familiares.

“A mi niño lo reportaron en calidad de desconocido, aún cuando en su mochila traía libros con su nombre y la escuela, el perito lo registró como un hombre de 30 años”, dice Víctor con la voz entrecortada del coraje y la tristeza.

El padre cuenta también que sospechan que los policías robaron las pertenencias de José, como su computadora, memorias, cartera y credencial de estudiante.

Armar todas las piezas de este rompecabezas sin sentido le ha costado a la familia cuatro años de desgaste emocional y económico, y un hostigamiento constante por parte de la policía. En este tiempo Víctor ha acudido a instancias públicas de todos los niveles, entre ellos el antiguo jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y su procurador Rodolfo Ríos, incapaces de darle una solución. Ha sido un camino solitario.

La semana pasada, Víctor Martínez recibió una llamada de los amigos de su hijo, que lo invitaban a una protesta en CU por el segundo aniversario del feminicidio de Lesvy Berlin.

“Nos gustaría que fuera, don Víctor, porque queremos que se resuelva lo de José y sabemos que usted está solo”, le dijeron.

La familia Martínez fue a la conmemoración de los dos años del crimen contra la estudiante de la UNAM,  donde conocieron a Araceli Osorio, mamá de Lesvy, y entendieron que el caso de su hijo no era aislado y que la imposibilidad de acceder a la justicia es un fenómeno que plaga los casos de violencia contra los jóvenes.

Víctor Caballero, director de la organización de Derechos Humanos Aequus, acompaña los procesos legales de una veintena de casos de violencia contra estudiantes de la UNAM entre 2002 y 2019. Aunque el más reciente es el de Aideé, tienen el registro de 83 casos de asesinato, feminicidio y desaparición forzada de estudiantes de la UNAM, seis de ellos sólo en lo que va del año.

“Estamos exigiendo a la Procuraduría que se ponga a investigar para esclarecer este hecho, y a la UNAM asuma su responsabilidad en el caso”, dijo el abogado y denunció que la  institución constantemente busca “administrar la información para que no trascienda y no genere movilizaciones”.

“Están matando a nuestros niños, en la calle, en la escuela, en sus propias casas”,  dijo durante la protesta Sacrisanta Mosso, madre de Karen estudiante del CCH Vallejo asesinada 2016. “No deberíamos estar hoy aquí pero estamos, porque aun después del crimen, las autoridades no hacen su trabajo”.

Víctor Martínez concuerda: lidiar con las autoridades tras de la muerte de su hijo parece una batalla imposible y recuenta cómo un fiscal le preguntó cuánto dinero buscaba para abandonar el caso.

“Esos seres son los encargados de traernos justicia, ¿cómo lo vamos a lograr?”, pregunta.

El padre de José relata que ya se acercó a la dirección del CCH Sur, donde su hijo era estudiante de honor, para pedirles que lo apoyaran con recursos para un abogado y la escuela rechazó cualquier tipo de apoyo.

“En el momento que más importaba las autoridades e instituciones que tenían que velar por su seguridad, defenderlo, no lo hicieron… mi niño era parte de una comunidad y lo dejaron solo”.

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