19 mayo, 2020
La principal preocupación de los pobladores de La Montaña de Guerrero no es el nuevo coronavirus que se expande por todo el planeta, sino la falta de alimento que lo acompañará y que amenaza seriamente la seguridad alimentaria de la región
Texto: Irene Álvarez y Rodrigo Caballero
Fotografía: Lenin Mosso
LA MONTAÑA, GUERRERO.- Esta región indígena, una de las más pobres del país, lleva siete años de una emergencia a la otra: huracanes, inundaciones, la roya, la caída en el precio de la amapola y la escasez de fertilizante. El nuevo coronavirus podría ser la estocada final que arrase con la seguridad alimentaria que abruma a los pobladores.
En 2013, con la entrada simultánea de las tormentas Ingrid y Manuel a territorio mexicano una ola de destrucción afectó el estado y dejó a su paso 106 personas muertas y más de 10 mil viviendas, 540 escuelas y 35 unidades de salud destruidas.
Los fuertes vientos y lluvias destrozaron cultivos indispensables para La Montaña, como el maíz, arroz, frijol y la flor de amapola. Desde entonces la economía local empeora año con año y cada vez es más difícil sobrevivir, sobre todo en una región que no tiene grandes hectáreas planas para el cultivo de maíz y que todavía depende del sistema tradicional de milpa conocido como tlacolol (que consiste en sembrar en las laderas de los cerros siguiendo las curvas del terreno).
Los desastres naturales seguidos de una serie de eventos desafortunados, que van desde la exportación masiva de fentanilo de China hasta la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, aumentaron la presión en la zona.
Ahora, sus pobladores ven casi impotentes como la pandemia del SARS-COV-2 se acerca cada vez más a sus puertas, en una zona que además de problemas de desnutrición endémicos cuenta con niveles elevados de hipertensión y diabetes mellitus.
El acceso a una buena alimentación nunca ha sido una característica de esta región de casi 7 mil kilómetros cuadrados; una de las ocho que conforman el estado de Guerrero y que limita al oeste con el estado de Oaxaca, al norte con Puebla y al oriente y sur con otros municipios guerrerenses.
Pero uno de los eventos más recientes que encareció los productos de la canasta básica en la zona fueron los huracanes Ingrid y Manuel; que entraron desde el Océano Pacífico y desde el Golfo de México la noche del 15 de septiembre de 2013, en plena celebración del Día de la Independencia.
Los pobladores de la zona no tienen que mencionar el evento completo y se refieren a él únicamente como “los huracanes”, basta mencionar dos palabras para que todos entiendan a qué se refieren y las afectaciones que trajeron.
“Las ayudas gubernamentales nunca llegaron y desde entonces la región no se recuperó, seguimos de alguna u otra manera viendo los estragos de los huracanes y eso es sólo una parte del problema de La Montaña”, cuenta el periodista guerrerense Lenin Mosso.
El acceso a productos como maíz, frijol, trigo, jitomate, cebolla, carne, pollo y pescado no es imposible, pero con el tiempo se encareció y los precios altos que provocaron los huracanes nunca bajaron lo suficiente para que fueran accesibles a una población históricamente marginada.
Por si fuera poco, entre 2013 y 2016 una plaga conocida como la roya atacó los cafetales de los municipios de Iliatenco, Malinaltepec, Metlatonoc, Tlacoapa y Acatepec, afectando el principal producto que ofrecen estas localidades de la montaña.
De acuerdo con el Programa Regional de la Montaña (2016-2021), uno de los principales retos es garantizar la seguridad alimentaria en esta región que ha sido abandonada durante décadas.
En el documento se pide que los planes de desarrollo a nivel municipio, región, entidad y nacional se alineen para lograr la reducción de los indicadores de la pobreza extrema en La Montaña, una región que cuenta con municipios como Cochoapa el Grande, uno de los más pobres del país, con 87.7 por ciento de su población viviendo en pobreza extrema, de acuerdo con la Medición de la Pobreza Municipal 2015.
Pero la falta de una buena alimentación en una región que ha visto mermada su economía local, no sólo por huracanes y por plagas sino también por la intervención humana, pone en riesgo a sus pobladores ante la llegada del coronavirus.
El fentanilo fue desarrollado como un antiinflamatorio para pacientes con cáncer por el doctor Paul Janssen en 1959, año en que fue patentado por su compañía Janssen Pharmaceutica.
A partir de entonces su desarrollo fue expandiéndose hasta convertirse en uno de los productos que afecta a los Estados Unidos en la llamada Crisis de los Opioides que provoca que cientos de miles de personas se conviertan en adictas año con año.
Esta droga es entre 80 y 100 veces más potente que la morfina y se ha constituido como uno de los sustitutos más fuertes de la heroína en las calles de los Estados Unidos debido a que su origen es sintético y no deriva de la flor de amapola.
Entre 2018 y 2019 un aumento de producción de fentanilo puso en vilo los sembradíos de amapola de la región de La Montaña de Guerrero, bajando el precio que tenía de 10 pesos hasta 2 pesos el gramo de goma de opio. La expansión de esta droga sintética colapsó otra de las fuentes económicas de la zona.
A finales de 2019, durante un recorrido por la región, el panorama de la siembra de amapola había cambiado, los terrenos que antes estaban plagados de flores ahora eran tierras inutilizadas o parcelas dedicadas al cultivo de maíz.
De todos los posibles campos de amapola sólo apareció uno con unas cuantas flores rojas y moradas que se escondían en una ladera a orillas del camino. Se trataba de un cultivo prácticamente abandonado con flores dispersas entre hierbas silvestres que habían crecido alrededor.
Los campesinos y habitantes de la zona entrevistados afirmaron que sus condiciones de vida habían empeorado recientemente. La crisis económica se describía entre los afectados como un proceso multifactorial que empeoraba poco a poco.
Cuando el fentanilo atacó La Montaña, sus habitantes voltearon al gobierno por ayuda, pero una nueva administración, la del presidente Andrés Manuel López Obrador estaba a cargo y las reglas del asistencialismo habían cambiado.
En el municipio de Acatepec, uno de los 19 que conforman La Montaña, sus pobladores explicaron que la nueva política social del presidente dejaba a la mayoría de los habitantes sin acceso a salud, educación, despensas y apoyos en especie, pero sobre todo, de programas del campo para el reparto de fertilizantes y agroquímicos.
Los fertilizantes se distribuyen a gratuitamente a pequeños productores de maíz, frijol o arroz a través del Programa Estratégico de Fertilizantes de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Sin embargo, como parte de la estrategia anticorrupción, desde 2019 el Gobierno federal dejó de depender de intermediarios locales –como el Movimiento Antorcha Campesina— para asumir el control total de la operación de reparto de agroquímicos con resultados cuestionables.
En localidades de Acatepec como Zilacayota el fertilizante de 2019 nunca llegó o fue entregado tarde. La falta de coordinación entre el calendario agrícola y la dotación de fertilizante provocó que se perdieran cosechas enteras de maíz y afectó los pocos cultivos de amapola existentes.
“Aparte nos quitaron el programa que Prospera”, lamentaba un campesino a finales de 2019, “aparte de eso de que no hay mercado de la droga ya no hay… ya no tiene mercado. Así estamos hoy”.
El Programa de Inclusión Social (Prospera) que había nacido en 1997 como Progresa y luego se convirtió en Oportunidades, fue transferido al programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez en los primeros meses de gobierno de López Obrador; el problema, para muchos, es que las becas solamente llegaron una vez y quienes no tienen hijos nunca las recibieron.
Aun así, los primeros dos meses de 2020 parecían darles un respiro a los productores de amapola: el precio salió del bache y llegó a los 5 pesos el gramo de goma de opio debido a que las exportaciones de fentanilo de China se detuvieron de la noche a la mañana.
En la ciudad de Wuhan, en China, el brote de un nuevo virus denominado SARS-COV-2 provocó que el país asiático se pusiera en cuarentena afectando la exportación de millones de productos, legales e ilegales. Decenas de guerrerenses de La Montaña esperaban que esa fuera su salida del hoyo.
Para abril de 2020, sin embargo, no habían salido del bache. A México no solamente empezaron a llegar los contenedores con fentanilo de una China recuperada de la cuarentena, también llegaron los primeros casos de covid-19 y una cuarentena que apenas comienza a mostrar sus estragos económicos.
En diciembre de 2016, en medio de la crisis por los huracanes, la llegada de la roya y los primeros estragos del fentanilo, una nueva administración llegó a la Casa Blanca en los Estados Unidos de América con el presidente Donald Trump.
El discurso de campaña del nuevo mandatario estadounidense se basaba en culpar a los migrantes mexicanos por llegar a su país y robarle a sus ciudadanos sus trabajos. El discurso de los “hombres malos” caló entre sus electores.
“Nosotros vemos cómo ha cambiado mucho la hostilidad en contra nuestros compatriotas y muchos migrantes ya de por sí eran tratados mal, ahora les está yendo peor”, asegura Abel Barrera Hernández, fundador del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
La región de La Montaña se beneficia económicamente de los migrantes, tanto los jornaleros internos que viajan a los estados de Baja California, Sinaloa y Michoacán durante las temporadas de cosecha de maíz, frutilla, limón y aguacate, como de quienes viajan a los Estados Unidos a trabajar, sobre todo, en las ciudades de Chicago y Nueva York.
Pero en marzo de este año, las remesas de los migrantes en el extranjero cayeron de un mes para otro con el cierre de Nueva York, luego de que esta ciudad se convirtiera en el nuevo epicentro de la pandemia.
Antes de eso, una familia promedio recibía alrededor de 300 dólares (unos 5 mil 700 pesos) por parte de sus familiares en el extranjero, pero en la emergencia sanitaria muy pocos han podido mandar dinero.
Los guerrerenses en Nueva York trabajan en mercados, restaurantes y en la industria de los servicios, muchos de esos negocios no fueron considerados esenciales al momento de la cuarentena y decenas de trabajadores se vieron sin empleo de la noche a la mañana.
Sin poder trabajar y con los gastos de luz, renta, servicios y comida acumulándose en las ciudades norteamericanas, los migrantes están recurriendo a sus familiares en México para que les regresen las remesas y así poder seguir viviendo en Estados Unidos.
“Estamos viendo ese fenómeno, muchos mandaban 300 dólares para el gasto corriente de su familia y otros 200 dólares para ahorro, para surtir una tienda, poner un negocio o construir una casita, esos que mandaban ahorros ahora los están pidiendo de vuelta”, dice Abel Barrera.
Lo peor son los migrantes guerrerenses que han muerto en Estados Unidos; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, tiene documentados, hasta el momento, 32 fallecimientos.
Barrera dice que sus familiares en México se tienen que hacer cargo de la cremación, que llega a costar hasta 4 mil dólares, y están a la espera de que haya condiciones para repatriar sus cenizas.
El Centro de Derechos Humanos ayudó en la gestión de 2 millones de pesos para apoyar a la cremación de migrantes guerrerenses que murieron a causa de covid-19 y hasta ahora 19 familias han sido apoyadas con esos recursos.
Pero los pobladores de La Montaña con familiares en el extranjero no contarán con las remesas de abril ni de mayo.
El presidente municipal de Malinaltepec, Abel Bruno Arriaga, asegura que no existe un plan para evitar que la pandemia arrase con los municipios de La Montaña, ya que ni siquiera hay coordinación entre los tres niveles de gobierno.
En entrevista, el alcalde cuenta que en la región sólo hay dos hospitales que pueden atender a los 361 mil habitantes de la Montaña de Guerrero y uno se ubica en Chilapa, un municipio que queda a tres horas de Tlapa, la capital comercial de la región.
El problema es que Tlapa de Comonfort queda a su vez a tres horas de otros municipios de La Montaña, lo que significa que hay habitantes que tendrán que recorrer seis horas de camino –en un vehículo particular- para poder recibir atención médica si se enferman.
Por eso, pobladores de Malinaltepec decidieron instalar filtros con el apoyo de sus autoridades comunales basadas en sus costumbres de pueblos indígenas -en La Montaña conviven pueblos ñuu savi (mixtecos), me’phaa (tlapanecos), ñom’daa (amuzgos) y nahuas, quienes han tomado la iniciativa de blindarse ante la llegada del virus.
En las poblaciones determinaron a través de asambleas comunales no permitir la entrada de personas externas a las comunidades y establecieron días específicos para salir a comprar provisiones, así como periodos de cuarentena obligatorios para quienes llegaron del extranjero.
“Son principalmente medidas de autocuidado que cada quien está tomando con base en decisiones de asambleas, son regiones en las que no hay pruebas para saber quién tiene coronavirus… ni siquiera hay termómetros”, dice Abel Barrera.
Apenas el 10 de mayo de 2020, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y el secretario de Salud, Carlos De la Peña Pintos, informaron que La Montaña contaría con otro hospital para recibir pacientes de covid-19 en el municipio de Tlapa.
Astudillo dijo que el Hospital General de Tlapa de Comonfort tiene listas 17 camas con monitores y seis ventiladores mecánicos para iniciar el tratamiento de enfermos por covid-19, con lo que el Gobierno del estado busca mitigar la pandemia en la región.
El presidente municipal de Malinaltepec asegura que el virus es apenas uno de sus problemas. Para los pobladores de ese municipio, que año con año está en la lista d ellos más pobres del país, lo más importante ahora es tener suficientes granos y comida para afrontar los impactos económicos de la pandemia y que no queden atrapados entre el coronavirus y el hambre.
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