La Suprema Corte de Justicia podría decidir este miércoles sobre la libertad de Miguel Peralta, un defensor de las formas de gobierno tradicionales e indígenas en su pueblo, Eloxochitlán de Flores Magón; sobre él pesan 50 años de prisión por un delito que no cometió

Texto: Arturo Contreras Camero
Foto: Cortesía de los familiares

CIUDAD DE MÉXICO.- A Miguel Peralta le acusan de cometer un homicidio cuando el día de los hechos él estaba a cientos de kilómetros de donde sucedió. Este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría decidir sobre un amparo para que se le quite una pena de 50 años de prisión; familiares y amigos aseguran que se trata de una acusación con fines políticos. 

Miguel Ángel Peralta Betanzos es indígena mazateco originario del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, en la Sierra Mazateca de Oaxaca. Miguel como varios en su pueblo, ha dedicado su vida a la defensa de las formas indígenas y tradicionales de gobierno. 

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Miguel Peralta es señalado, junto con 34 personas más, de un homicidio y de la tentativa de otro, a raíz de un conflicto comunitario sucedido en 2014 en la plaza municipal de Eloxochitlán.

Desde hace décadas, cuando los partidos políticos llegaron a este municipio, un grupo los abrazó, mientras otro pugnó por mantenerlos fuera del gobierno de la comunidad; lo que ha desatado un cruento conflicto entre ambos grupos que involucran a familias completas. 

En diciembre de 2014, en medio de la renovación de autoridades locales y la disputa que eso significó al interior del pueblo, una turba desencadenó en una batalla campal en la que falleció una persona. Cuando esto sucedió, Miguel se encontraba en la Ciudad de México, sin embargo, que su nombre se haya encontrado entre la lista de los participantes de esa actividad bastó para que se emitiera una sentencia en su contra. 

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Una petición a la Suprema Corte

La defensa de Miguel asegura que en el caso no se está tomando en cuenta la asimetría que hay entre quienes acusan a Miguel, los Zepeda Lagunas, una familia que defiende el sistema de partidos y que ya ha ocupado puestos de gobierno en Eloxochitlán, lo que los ha dotado de dinero y conexiones políticas. 

“En lo que queremos que se enfoque la Corte, es que los jueces y los tribunales que han tratado el caso no se han enfocado las costumbres y la defensa de los sistemas normativos indígenas, y por tanto, el contexto en el que ocurren los hechos”, explica Araceli Olivos, abogada de Miguel. 

Por eso piden a Loretta Ortiz, ministra ponente del asunto, así como al resto de los ministros de la primera sala de Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Ortiz Mena, consideren las fallas en ese sentido en las decisiones anteriores sobre el caso. 

En defensa del sistema de usos y costumbres

Meses después de los hechos del 2014, en 2015, Miguel ingresó a la cárcel, pero después de cuatro años en los que su defensa demostró diversas irregularidades y violaciones en su proceso, logró salir libre. Sin embargo, quienes lo acusan lograron revertir la sentencia de libertad por lo que se le volvió a imputar una pena de 50 años.

Estas acusaciones, como ya ha reportado Pie de Página, son la punta del iceberg de un conflicto que estopa acabando con el tejido político ancestral de los pueblos indígenas de Oaxaca, lo que podría significar la extinción del sistema comunal conocido como «usos y costumbres».

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Según reconoce la familia de Miguel, el sistema de usos y costumbres empezó a ser cuestionado en 1997, con la llegada de la Reforma política en el país. Con la llegada del presupuesto y de los partidos políticos, los cargos honoríficos de la comunidad, basados en el trabajo comunitario y en el servicio, en los que no se cobraba, fueron convirtiéndose en puestos que conducían a posiciones de dinero y poder. 

El caso de Nahuatzen

La defensa de Miguel pide a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que tome, como un precedente similar el caso de Nahuatzen, en la Meseta Purépecha de Michoacán. En 2022 la Suprema Corte entregó un amparo a tres personas, que tenían cargos comunitarios en esa comunidad purépecha, encarceladas en una disputa por el poder político similar a la de Eloxochitlán. 

“Ahí por primera vez, la Corte dice que se debe tomar en cuenta el contexto sociopolítico, sociocultural que tenían que ver con la criminalización del derecho a la autonomía que ejercían algunas personas dentro de ese municipio y a las que se les acusaba injustamente de sabotaje”, señala la abogada Araceli Olivos.

Además de esto, la excarcelación de otros acusados en el caso Eloxochitlán parece dar razón a los argumentos de la defensa de Miguel Peralta. La última palabra la tendrá a Suprema Corte.