Un grupo de ejidatarios de El Bajío, en Sonora, encaró a accionistas de la minera Fresnillo PLC durante su junta anual en Londres, Inglaterra. Desde hace 8 años, la empresa de Alejandro Baillères se niega a acatar una orden judicial a favor de los ejidatarios, que ordena la la reparación del daño y la expulsión de la minera de su territorio . Los ejidatarios lograron reuniones con el parlamento inglés y la embajada de Inglaterra en México

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: Cortesía Ejido el Bajío 

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 17 de mayo, un grupo de ejidatarios de El Bajío llegó a Londres, Inglaterra. Desde hace más de una década pelean contra la minera Penmont (filial del grupo Fresnillo PLC), en el municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

Los campesinos cruzaron el océano Atlántico para acudir a la reunión anual de accionistas de la empresa Fresnillo PLC; la cual celebran en Londres, Inglaterra. 

Desde hace algún tiempo a los ejidatarios sonorenses los acompañan la London Mining Network y London Mexico Solidarity, organizaciones basadas en el país europeo. Esta alianza posibilitó que los ejidatarios pudieran agendar un par de reuniones con el parlamento inglés, así como con la embajada de Inglaterra en México. También lograron entrar a la reunión de accionistas de Fresnillo PLC. 

Su presencia, relata el ejidatario y representante legal del Bajío Jesús Thomas González, no fue bien recibida. Los campesinos sonorenses iban con una misión: poner sobre la mesa que la empresa minera no ha acatado las 64 sentencias en su contra. 

“Tuvimos que comprar acciones nosotros para poder tener derecho a entrar. Lo hicimos faltando unos días. Hicimos el registro; y entonces no pudieron (Grupo Fresnillo PLC) conocer los nombres de qué personas eran las que iban a entrar. En el momento que llegamos, y que nos vieron, obviamente se les vio la cara de frustración, se veían muy molestos”. 

Jesús Thomas González, ejidatario.

Thomas lo dice claro:

“Año con año, en la asamblea, ellos generan un informe para sus accionistas; pero no estaban informando que hay un litigio que perdieron y que les puede costar más de 450 millones de dólares. No informan que están mintiendo al decir que tienen una parcela de 571 hectáreas dentro del ejido nuestro, lo cual es falso (…) Más que nada nosotros acudimos para eso, para que los accionistas por lo menos tuvieran información real, y no la fabricada que les da la minera”.

Las mentiras de Fresnillo PLC

Fresnillo PLC era propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo: Alberto Baillères. Hasta antes de su muerte, en febrero de 2022, el magnate amasó una fortuna estimada en más de 8 mil millones de dólares. Ahora, el dueño del grupo minero es su hijo: Alejandro Baillères.

Él, al ser el principal accionista de Fresnillo PLC, presidió la reunión a la que arribaron los ejidatarios de El Bajío. De forma protocolaria la asamblea tiene que permitir la entrada y la palabra a todos los accionistas; esto, debido a que la empresa se rige bajo las leyes mercantiles de Inglaterra, pues cotizan en la bolsa de valores de aquel país. 

Por eso, explica Thomas, los ejidatarios tuvieron que comprar acciones. 

“No nos podían negar la palabra, estaban obligados a dárnosla”, dice. 

Inició la reunión, y prontamente los ejidatarios alzaron su mano para pedir la palabra. 

“Nosotros éramos seis; éramos tres miembros del ejido y tres miembros de unas organizaciones basadas en Londres, que nos están apoyando. (…) Empezamos a levantar la mano, uno por uno. Ahí es donde cuestionamos por qué no se les está informando a los accionistas este litigio que tienen; la importancia que tiene; que están obligados a la devolución del oro que extrajeron de manera ilegal todos esos años; y por qué se les miente a los accionistas diciendo que tienen una propiedad dentro del ejido, cuando no es así”, recuerda Thomas. 

En noviembre de 2011, un tribunal falló a favor de los ejidatarios de El Bajío. Habían vencido en tribunales a una de las empresas más poderosas de México. La sentencia ordenó el cese de operaciones de la minera en el territorio de los ejidatarios; también la condenó a resarcir el daño ambiental que provocaron durante el tiempo que operaron ahí, así como a la devolución del oro que extrajeron de forma ilegal en el ejido.

La empresa, sin embargo, tardó 20 meses en abandonar el territorio del ejido El Bajío. Fue hasta julio de 2013 que, acompañados de la fuerza pública, los ejidatarios sonorenses pudieron expulsar a Penmont de su territorio. 

Thomas narra que cuando comenzaron a cuestionar a Baillères sobre por qué la empresa no acata los fallos judiciales, éste respondió: “siempre nos movemos bajo el marco de la ley”. 

“Alejandro Baillères dijo que, ellos en cuanto tuvieron el fallo en contra, en 2011, se habían salido. Dijo que de manera voluntaria habían entregado la propiedad y que jamás habían regresado. Entonces yo le dije que eso no era verdad, que el fallo lo tuvimos en noviembre de 2011 y por 20 meses siguieron saqueando, trabajando de manera normal, hasta que el desalojo se da 20 meses después usando la fuerza pública. Eso es obvio de que no respetas la ley, cuando la fuerza pública fue y te sacó”. 

Jesús Thomas González, ejidatario.

Las respuestas, dice Thomas, fueron ausentes, “solo respondían con mentiras”. 

Y añade que otra de las mentiras del empresario fue afirmar que jamás habían regresado al territorio de los ejidatarios. 

“Les recordé que era mentira que ya no habían entrado a saquear las tierras después del fallo; cuando el 25 de noviembre de 2018, cinco días antes de que entrara este presidente, ellos entran de nuevo al ejido con el uso y el apoyo de la policía federal. Se volvieron a postrar ahí hasta marzo del 2020, que es cuando los volvemos a sacar. Todo eso se le dijo, a nada tuvieron respuesta”.

Asimismo, durante sus intervenciones, los ejidatarios denunciaron la criminalización y agresiones que han sufrido desde que comenzaron a luchar en contra de la empresa minera. El saldo de esta pelea han sido el asesinato de 4 integrantes del ejido, entre ellos el excomisariado ejidal en mayo de 2021, José de Jesús Robledo Cruz; quien previamente había denunciado amenazas, tortura y hostigamiento por parte del gobierno de Sonora tras oponerse a la mina en su territorio.

“Ahorita ya llevamos cuatro compañeros que han sido asesinados; doce que han sido encarcelados y otros doce que han sido secuestrados y torturados; bueno, no secuestrados, porque secuestrado es cuando te piden dinero, fueron ‘levantados’ y torturados, amenazados”, agrega Thomas. 

Y agrega que “los cuestionamos y los culpamos de los asesinatos y los encarcelamientos. Solo decían que lamentaba mucho la situación, que el crimen organizado en la zona estaba muy difícil y que también a ellos les afectaba… De la misma manera le volvimos a decir: los muertos están del lado de nosotros, de los que estamos en resistencia contra ustedes. Ningún directivo, ningún ejecutivo, ningún trabajador de la mina jamás ha sufrido un atentado y conviven en la misma zona”.

El silencio en la junta de accionistas reinó; y después de los cuestionamientos que hicieron los ejidatarios, la junta finalizó sin completar su orden del día. 

Pese a esto, la comisión del ejido que viajó a Londres aprovechó su visita para reunirse, a invitación expresa, con miembros del parlamento inglés, quienes “a diferencia del gobierno de México, sí están interesados en nuestra lucha”, expresó Thomas. 

La justicia ausente para El Bajío

No han sido pocas las veces en las que los ejidatarios de El Bajío se han acercado a la actual administración federal para que atienda su caso. Su demanda es simple: que obligue a Fresnillo PLC a acatar, por completo, la sentencia que existe en su contra. 

La respuesta de las autoridades mexicanas, sin embargo, no ha llegado. 

“Jurídicamente ya no hay nada que hacer. Las sentencias son ya cosa juzgada, son inmodificables, no pueden ser combatidas por la minera que ya tuvo todos sus recursos y los agotó; entonces, lo único que resta es la ejecución de las mismas, de las sentencias que estamos hablando”, explica Thomas. 

Pese a esto, denuncia el representante legal del ejido, una de las tácticas que la empresa minera ha operado para evitar la ejecución de las sentencias es la dilación del proceso. 

“Una táctica que usaron mucho fue cambiar de magistrado; cada tres meses cambiaban de magistrado; yo creo que han cambiado como diez u once veces de magistrados en estos ocho años. Esa fue una primera táctica, pero realmente ahorita no están usando ninguna; simplemente no hacen absolutamente nada. Nosotros estamos insistiendo porque, pues es lo que nos toca hacer, y además para que no caduquen los expedientes”, agrega. 

Ante esta inacción del gobierno mexicano, los ejidatarios han buscado otros canales para agilizar el proceso; uno de ellos fue esta visita a Londres. Ahí, los parlamentarios Dean Carden, miembro del partido laboralista, y Nicole Piche, coordinadora del área de violaciones a los derechos humanos del parlamento británico, los recibieron. 

“Ellos están muy interesados y preocupados por la violación sistemática que también se ha documentado y que han seguido a través de los medios. De hecho la embajada británica está en contacto con nosotros”, añade Thomas. 

En la reunión, expresa Thomas, los ejidatarios expusieron los actos de criminalización de los que han sido parte.

Estos actos, señala, han sido ejecutados mediante una narrativa que la empresa minera ha insertado en algunos medios de comunicación; quienes han acusado a los campesinos de ser integrantes de grupos del crimen organizado; lo que ha provocado detenciones, agresiones y amenazas en su contra. 

“La embajada británica en México ya agendó una visita al ejido para constatar estas violaciones a los derechos, para verificar que la minera sigue sin cumplir la sentencia”, asegura Thomas. 

No obstante, y aunque la opinión de la embajada no sea vinculante, este es “otro camino para visibilizar nuestra lucha y que el gobierno federal tome cartas en el asunto; pues la procuraduría agraria (donde se desahogó el caso de los ejidatarios de El Bajío) depende del ejecutivo federal, es decir, de Andrés Manuel López Obrador, y el presidente, entonces, tiene la facultad para instruir que se atienda el asunto”, explica el ejidatario. 

Y concluye en que, tras más de una década que ha costado vidas, desplazamientos, tortura y encarcelamientos, espera que ahora “sí se haga justicia para nosotros, y de una vez por todas se vaya la minera de nuestro territorio; que nos devuelvan lo que nos robaron”.