Cerca del pueblo guatemalteco El Estor, una empresa rusa-estonia extrae níquel a cielo abierto, contamina al lago Izabal y pone en riesgo la vida de los Q’eqchi`. La lucha del pueblo contra la minería provocó ya muchas respuestas violentas, ya que todo indica que la compañía financió a la policía y manipuló una consulta para seguir explotando el territorio

Texto y fotos: Wolf-Dieter Vogel

GUATEMALA.- Las nubes son bajas, algunas de las montañas verdes alrededor del lago Izabal ya desaparecieron detrás de la niebla. En cualquier momento, una lluvia tropical típica del Caribe guatemalteco podría caer del cielo. Sin embargo, Eduardo Bin Poou estrangula el motor fuera de borda y deja que su barco de pesca se deslice lentamente sobre el agua. Señala un área gris, casi negra, que se puede ver entre varias chimeneas humeantes, pipas industriales y naves de fábrica en la orilla. «Hay metal pesado en este lodo y se le almacena a solo 50 metros del lago», dice el pescador. Si llueve mucho, la suciedad fluye hacia el agua. «La empresa minera no tiene permiso para depositar estos residuos», subraya.

Para Bin Poou, de 57 años, con gorra roja, camisa azul y pantalones de trabajo grises, el barro tóxico es solo uno de los muchos problemas ambientales en su ciudad natal El Estor, en el este del país centroamericano. Con una mirada triste, habla de burbujas en las mojarras y de las manchas rojas que de repente han aparecido en el agua en 2017, lo que provocó protestas fuertes del pueblo y una reacción tremenda del estado y sus fuerzas de seguridad.

Luego, en octubre del año pasado, la policía otra vez actuó de forma bastante violenta contra la resistencia del pueblo. Hasta hoy el pescador es perseguido por la justicia, porque participó en estas protestas y nunca se sabe, si en algún momento, lo van a detener. Ahora, en estos días, tiene sus audiencias por supuestas detenciones ilegales y amenazas. “Inventan cosas que uno nunca ha hecho”, dice Bin Poou. Y todo esto, dice convencido, porque la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) extrae níquel allí. Es una empresa que pertenece al Solway Investment Group, una firma con capital de una familia rusa-estonia con sede en Suiza.

Nunca hubo una consulta previa ni informada

Nunca se ha preguntado a los habitantes si están de acuerdo con la minería, critican los mayas del pueblo Q’eqchi`, que viven en la zona. “Los pueblos indígenas tienen el derecho, garantizado a nivel internacional, a la consulta previa si se va a extraer materias primas en sus tierras”, insiste el pescador. «Por eso el gobierno y Solway están actuando ilegalmente, ignorando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales», dice Bin Poou mientras acelera su bote nuevamente. Así lo vio también la Corte Constitucional de Guatemala. Por eso los jueces obligaron en 2019 al Ministerio de Energía y Minas a detener las operaciones. Más del 90 por ciento de los 73 mil habitantes de El Estor son indígenas. Mientras no se realizó una consulta previa e informada, a la mina no se le permitió continuar extrayendo níquel, dictaminaron los jueces en enero del año pasado.

Sin embargo, los volteos y los camiones largos y cargados de minerales seguían conduciendo incesantemente por el camino sin pavimento y flotante de tierra hacia las instalaciones de Solway. A unos seis kilómetros de El Estor, la compañía opera la mina CGN-Fénix y la fábrica CGN Pronico, que produce de la materia prima extraída del suelo, el níquelhierro para la exportación a Europa. Es una de las minas a cielo abierto más grande de Centroamérica. El portavoz de la compañía, David Orellana, también tiene su oficina allí. Enfatiza que Solway respetó el fallo de la Corte y dejó de extraer níquel en este entonces. «Siempre nos hemos adherido a los requisitos legales», dice Orellana. El 5 de febrero del año pasado, la mina Fénix fue cerrada. Después Pronico solo había procesado tierra que contenía níquel, que había sido comprada de otras compañías, insiste el portavoz. Eso sorprende, ya que Solway según sus propias declaraciones tenía beneficios récord durante este periodo.

Bloqueos y una reacción desmedida de policías y soldados  

Bin Poou y muchos otros de sus vecinos en El Estor no querían creer las afirmaciones de la empresa sobre el cierre temporal de la mina. Ya han sido engañados demasiadas veces por los diversos operadores de la planta, incluso han sido asesinados personas en los conflictos con la minera. Para garantizar el cumplimiento de la orden judicial, varios cientos de indígenas ocuparon la calle en octubre del año pasado. Durante 20 días, no permitieron que un camión pasara transportando material para el CGN. «Todos los demás, es decir, taxis, autobuses o coches particulares, podín continuar», subraya el pescador. 

Sin embargo, las fuerzas de seguridad reaccionaron con dureza: después de casi tres semanas de actividades, el 22 de octubre, la policía y los soldados rompieron violentamente el bloqueo. «Eran fuerzas especiales, venían con helicópteros y rociaban gas lacrimógeno», dice Luis Ich Choc. Al igual que Eduardo Bin Poou, el hombre de 35 años participó en las actividades. Familias enteras habrían sufrido por el gas. «Las autoridades afirman que cuatro policías resultaron heridos por disparos, pero no fuimos nosotros», sostuvo. Sí, puede ser que alguien lanzó unas piedras, pero ¿disparos? «No tenemos armas», subraya Ich Choc, quien forma parte del Consejo Ancestral, el órgano de gobierno de la comunidad indígena. Hasta el día de hoy, le molesta que las fuerzas de seguridad actuaran en nombre de la compañía minera: «Como en una procesión, la policía acompañó a cada camión.” El portavoz de la compañía, Orellana, considera que la operación policiaca estaba justificada. «Algunos vehículos resultaron dañados y el carbón necesario para la producción se había agotado», dice. «Necesitaba una respuesta del Estado.”

Datos filtrados confirman lo que dicen los opositores de la minera

Hoy hay una explicación del porqué la policía se metió incondicionalmente al lado de Solway. Una filtración de millones de datos, que recibió el consorcio de medios internacionales “Forbidden Stories”, confirma que la empresa había apoyado a las fuerzas de seguridad con donaciones. Correos y otros documentos descubrieron, que la empresa pagó el arreglo de coches, la gasolina y hasta la comida de la Policía Nacional Civil (PNC), que fue enviada por el gobierno para pacificar las protestas de los habitantes por las manchas que habían aparecido en el lago en 2017. En estas manifestaciones murió un pescador por un disparo de un policía. En total, entre 2014 y 2017, CGN entregó 193.mil dólares a la PNC de esta región.

La empresa negó esta información, pero los datos filtrados confirmaron no solo esta intervención. Según ellos Solway tiene influencia hasta los más altos mandos. Cuando Bin Poou, Ich Choc y sus compañeras y compañeros lucharon para garantizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte de Constitución, CGN escribió una carta al presidente Alejandro Giammattei, que no deja dudas: “Solicitamos la intervención inmediata de las autoridades para que participen activamente en lograr la estabilización de la situación.”     

Eso puede explicar la manera brutal en la que las fuerzas de seguridad terminaron con el bloqueo, por lo cual, Bin Poou todavía se tiene que justificar ante la procuraduría. Después del desalojo, el gobierno impuso un estado de emergencia de 30 días en la región, con soldados y policías patrullando en cada esquina. Una mañana la madre de Choc, Angélica, despertó con las llamadas de uno de sus cuatro hijos, que llamó emocionada a la puerta. «La casa de Luis está rodeada de personal militar», gritó. Ella se asustó, pensó en Luis, pero él no estaba allí. «Su esposa embarazada estaba sola en casa y sufrió un shock severo cuando los soldados entraron en el edificio», dice Angelica Choc, que vive en la casa vecina.

Cateos, detenciones, incriminaciones

Las fuerzas de seguridad realizaron un total de 40 cateos, entre otros, en las casas de los miembros del Consejo Ancestral y la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a. «La compañía nos odia porque apoyamos a la gente en la resistencia», dice el activista radiofónico Robin Macloni. No fue hasta principios de enero de este año que la radio, en cuya pared de madera azul están pintadas las caras de los opositores mineros perseguidos, que volvió a salir al aire. Supuestamente, los funcionarios buscaban las armas con las que se habían disparado en el bloqueo. Pero sin éxito. «Estaban buscando algo con que nos pudieran incriminar», afirma Luis Ich Choc. 60 personas fueron detenidas temporalmente durante estos días.

Eduardo Bin Poou también pasó la noche en prisión y fue revisado al menos diez veces en la calle. Desde entonces, se siente constantemente perseguido. Incluso ahora, mientras navega en su bote a través del lago Izabal, siempre mira para ver si alguien se acerca. «Aquellos que defienden sus derechos en Guatemala son considerados criminales, mientras que CGN ignora nuestros derechos», dice. Por el momento rara vez va a pescar. Por lo tanto, los ingresos son escasos, pero afortunadamente algunos de sus ocho hijos también se dedican a la pesca. «Eso ayuda un poco”.

Para cuidarse, Luis Ich Cho y algunos de sus compañeros se fueron del pueblo cuando se declaró el estado de emergencia. Como miembro del Consejo Ancestral, el joven que esconde su cabello corto debajo de una gorra de béisbol, estaba particularmente en la línea de fuego. Algunos fueron a otras ciudades, otros, como Luis, a los bosques. Durante cuatro semanas se defendieron por allí. «A veces no teníamos nada que comer durante días», dice. Cuatro semanas con el mismo pantalón, la misma camiseta. Sin techo sobre la cabeza.

Desde la guerra civil hasta hoy: una lucha de muchos años

Ya está de vuelta en El Estor desde hace meses, montando con su motocicleta de una cita a otra. Choc es maestro, pero si tiene tiempo libre, trabaja en la comunidad. Al igual que sus padres, lucha por los derechos de los Q’eqchi’, a pesar de que le costó la vida a su padre. En 2009, un grupo de seguridad de CGN atacó a Adolfo Ich y otros cerca de la planta, que en ese entonces era propiedad de una empresa canadiense. Adolfo murió de un disparo, otros resultaron gravemente heridos. En enero de 2021, un tribunal guatemalteco condenó al exjefe de seguridad del GNC por este asesinato.

La madre de Luis, Angélica Choc, inmediatamente pensó en este horrible crimen, cuando en esa mañana de octubre, los militares y los policías rodearon la casa de su hijo. «Lo mutilaron con un machete y luego le dispararon», recuerda entre lágrimas, echando su cabello largo negro por atrás. El conflicto por la mina de níquel ha acompañado a la mujer de 54 años desde su infancia. El metal se extrae desde la década de 1970. En ese momento, Guatemala estaba en una guerra civil, que mató a más de 200 mil personas entre 1960 y 1996. Los ataques también estaban dirigidos a los opositores mineros indígenas. En 1978, el personal de seguridad de la entonces empresa canadiense llevó a cabo una masacre a los Qéqchi`, que resistió al robo de sus tierras. Solway se hizo cargo de CGN en 2011, y en 2014 los rusos comenzaron a extraer níquel nuevamente. Anteriormente, la compañía había estado paralizada durante varios años.

Para Angélica Choc, sin embargo, poco ha cambiado a lo largo de los años. «Siempre hemos estado en contra de la mina, CGN está haciendo todo lo posible para acabar con nosotros», dice mientras se sienta en la amplia terraza de su casa en el barrio de La Unión en El Estor. Una y otra vez unos vecinos y unas vecinas vienen y saludan amablemente. Pero no todos están de su lado, admite ella. «Muchos están empleados por CGN y no quieren perder sus empleos», explica. Si uno pregunta a los comerciantes o a los pescadores en la orilla, la opinión está dividida. Algunos están a favor, otros en contra de la empresa.

Donaciones, sobornos y un consejo cuestionable

Alrededor de dos mil personas trabajan en CGN, el 70 por ciento de ellas provienen de El Estor, explica David Orellana y destaca que su empresa coopera estrechamente con los ciudadanos. El portavoz de la compañía está contento. Desde principios de enero, Fénix está extrayendo nuevamente el níquel, ya que la consulta solicitada por la Corte Constitucional fue realizada por el Ministerio de Energía y Minas.

De hecho, el ministerio organizó una consulta durante el estado de emergencia, es decir en un territorio militarizado. Para Luis Choc, esa consulta es una farsa. «Tuvo lugar bajo restricciones a la libertad de reunión y otros derechos y la presencia masiva de policías y militares», critica. Además, la representación tradicional de los Q ́eqchi`, el Concejo Ancestral, no estuvo involucrado en el proceso. «La consulta se realizó deliberadamente a través de grupos y personas que fueron corrompidas por la CGN», está convencido. 

Los datos filtrados en manos de “Forbidden Stories” confirman lo que está diciendo Choc. La empresa no solamente apoyó abiertamente a escuelas y otros proyectos, sino también pagó sobornos a miembros de un consejo, que implementó la consulta. Extractos de cuentas muestran que una fundación cercana Solway transfirió dinero a miembros de este consejo y a otros participantes de la consulta. Según el fallo de la Corte Constitucional, estos consejeros no son representantes legítimos de la comunidad indígena para realizar la encuesta. En abril de este año los jueces decidieron no reconocer la consulta que fue realizada en tiempos de estado de excepción. Entonces la minera otra vez actúa en una manera ilegal.

“¿Qué van hacer nuestros nietos?”

Eduardo Bin Poou parece pensativo. “La pesca es muy escasa ahora, el agua apesta y la contaminación por la empresa es fuerte”, cuenta de las ampollas que tienen la mojarras. “No sabemos qué enfermedad es, ya lo dijimos a las instituciones, pero hacen caso omiso.” Según información filtrada, sí han entrado materiales tóxicos de Fénix y Pronico al lago, lo que las empresas siempre han negado. «La mayoría de la gente aquí vive de la pesca, ¿qué se supone que deben hacer nuestros nietos cuando el lago está envenenado?», pregunta  Bin Poou. La minería no trae ningún progreso, Solway paga a los trabajadores 100 quetzales al día, unos 250 Pesos. «Eso no es suficiente para sobrevivir», dice. Luego se dirige a la orilla, que está a solo unos metros de su casa de bambú. Espera que al menos pronto pueda volver a pescar desde allí sin miedo.