En el día internacional de los afrodescendientes, Ecuador enfrenta una doble realidad: el abandono estatal y la militarización en Esmeraldas se cruzan con la resistencia comunitaria, mientras el caso de los cuatro niños de Las Malvinas expone el racismo estructural que persiste en el país

Texto: Gabriela Ruiz Aguila

Fotos: Mujeres de Asfalto

ECUADOR. – El 31 de agosto, Día Internacional de los Afrodescendientes, la agenda pública de Ecuador para la población afrodescendiente se vió confrontada por una realidad que oscila entre las políticas de seguridad y la resistencia comunitaria; entre el caso de desaparición forzada de los cuatro niños de las Malvinas y el Decreto Ejecutivo 186 para viabilizar los compromisos del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes.

La brecha estructural sigue marcando los cuerpos y territorios de las poblaciones negras en el país, históricamente con mayor arraigo territorial y ancestral en la provincia de Esmeraldas y en el Valle del Chota, entre las provincias de Imbabura y Carchi.

El abandono es de una crudeza ineludible en la provincia de Esmeraldas, que padece un alarmante deterioro de los derechos económicos y ambientales y, en los últimos años, afianzado por el derrame de más de 25 000 barriles de petróleo en Quinindé en 2025, alertas por recurrentes incendios en la Refinería y la falta de atención en el Hospital General Delfina Torres de Concha, el Hospital del IESS y los centros de salud deteriorados.

El gobierno nacional de Daniel Noboa mantiene el relato de fortalecimiento institucional que defiende la vigencia del Viceministerio de Pueblos y Nacionalidades, instancia que se transformó en Secretaría en junio de 2026 por decreto para «robustecer la inclusión laboral y los derechos colectivos». Dentro de la agenda de la administración del presidente Daniel Noboa, el Ejecutivo destaca la firma del Decreto Ejecutivo 186 y varios desembolsos económicos. No obstante, para las organizaciones de derechos humanos, estas acciones resultan insuficientes ante un racismo estructural que demanda reparaciones de fondo y el fin de la exclusión territorial.

Transformación de la institucionalidad

El Ejecutivo de Ecuador, dentro de su política económica de ajuste, ha implementado lo que denomina una «reestructuración burocrática» orientada a la «optimización de recursos y la unificación institucional». La anterior Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades (SGDPN) fue fusionada y absorbida, integrando sus competencias dentro de un esquema ministerial unificado: el Viceministerio de Pueblos y Nacionalidades.

Esta transformación afectó de forma directa la gestión de las políticas para los pueblos afrodescendientes en cuanto a la asignación de recursos y la pérdida de políticas focalizadas que respondan a las particularidades históricas de la población afrodescendiente.

En el marco de esta transformación, Noboa visitó Esmeraldas el 24 de octubre de 2025, tras lo cual expidió el Decreto Ejecutivo 186 para decretar como política nacional el cumplimiento de las actividades del Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes prorrogados por la Asamblea de las Naciones Unidas en 2024. En la práctica, financió la entrega de 111 motores fuera de borda y 23 proyectos comunitarios de pueblos afroecuatorianos y montubios por un valor de dos millones de dólares.

Sin embargo, las políticas de ajuste y la reducción de ministerios públicos generaron una fuerte tensión en el cumplimiento de este mandato. Por un lado, el Decreto 186 exige que todas las funciones del Estado transversalicen la lucha contra la discriminación y reduzcan las brechas socioeconómicas, y sin una instancia especializada resulta complejo sostener planes de inversión plurianuales a largo plazo que ataquen las causas estructurales de la desigualdad.

El factor más crítico que fractura la efectividad de cualquier política pública son los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2022, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La población que se autoidentifica como afroecuatoriana descendió del 7,2 % en 2010 al 4,8 % en 2022.

Este aparente decrecimiento —que equivale a la «desaparición» de más de 220 000 personas de los registros— ha sido catalogado por diversas organizaciones y plataformas colectivas como un «etnocidio estadístico«. Activistas e investigadores sostienen que el impacto de este subregistro incide en la reducción de asignaciones presupuestarias estatales y el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo de estas comunidades.

El perfilamiento racial llega a la CIDH

Por primera vez en la historia de Ecuador, las denuncias sobre racismo estructural en los operativos de control y seguridad escalaron a instancias internacionales. El 3 de agosto de 2026, durante el 196.º Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D. C., una delegación civil integrada por INREDH, Mujeres de Asfalto y activistas independientes afrodescendientes expuso]{.underline cómo las políticas de seguridad actuales aplican de forma desproporcionada criterios étnico-raciales.

De 3100 denuncias por discriminación y odio en Ecuador (2020-2026), solo 119 casos llegaron a la justicia. Esta alarmante cifra de impunidad estructural fue el eje de la denuncia de organizaciones sociales ante la CIDH en la audiencia 196. Juanita Francis Bone, representante de Mujeres de Asfalto, alertó que el actual contexto de «guerra interna» y militarización estatal corre el riesgo de fabricar «enemigos públicos», criminalizando y perfilando de forma sistemática a las juventudes afrodescendientes.

Las víctimas testificaron cómo los cuerpos de jóvenes negros son asumidos sistemáticamente como sospechosos por el simple hecho de su condición étnica. El caso de Carlos Méndez, cuya agresión y detención arbitraria por parte de uniformados metropolitanos es un antecedente que originó el Protocolo Institucional para la Prevención y Actuación frente a Casos de Racismo y Discriminación Étnico-Racial cometidos por Agentes de Control Metropolitano.

Durante la audiencia, Lady Cedeño, directora de la Dirección de Prevención, Eliminación y Erradicación de Discriminación Étnico-Cultural, intervino en la audiencia en representación del Estado ecuatoriano. La transformación institucional responde al fortalecimiento del Viceministerio de Pueblos y Nacionalidades. Cedeño explicó que existe un Plan para el cumplimiento de las actividades del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes. El Plan fue construido en articulación con la Agenda Nacional para la Igualdad de pueblos y nacionalidades, y con la participación directa y vinculante de organizaciones del pueblo afroecuatoriano. «Porque tenemos claro que los instrumentos que no se construyen con los pueblos no sirven para los pueblos», aseguró Lady Cedeño. Entonces se hace necesario preguntar: ¿con quiénes?

Cedeño explicó que el Plan aborda tres ejes de trabajo: acceso a la justicia para combatir el perfilamiento racial; visibilidad estadística, reparación y memoria; acceso equitativo a salud, educación y empleo digno para resolver brechas históricas.

Usando como fondo para su intervención la imagen de Alonso de Illescas, considerado el máximo héroe nacional del pueblo afroecuatoriano, la comitiva gubernamental anunció el proyecto de Ley Orgánica para la Promoción, Protección, Justicia y Reparación del pueblo afroecuatoriano. Un instrumento que se dice recibió la ayuda de la Defensoría del Pueblo y que ha sido sometido a observaciones de expertos de la UNESCO, la OEA y organizaciones de la sociedad civil como la INRRNNA, entre otros, cuyos comentarios están siendo integrados.

El 20 de agosto de 2025, el equipo del colectivo Mujeres de Asfalto en Esmeraldas, del que forma parte Juanita Francis Bone, fue agredido en Esmeraldas. Mientras viajaban en carretera, un vehículo de alta gama se les emparejó en el camino e intentó embestirlos. A pesar de la denuncia, no hay al momento resultados. Este ataque no solo atenta contra activistas históricas, sino que expone la vulnerabilidad de quienes defienden la vida y el territorio en contextos de exclusión. Recientemente la activista dio declaraciones en prensa nacional.

Esmeraldas: entre la militarización y el «territorio de sacrificio»

El análisis de la provincia de Esmeraldas es ineludible al evaluar la situación del pueblo afroecuatoriano. Marcada históricamente por el abandono estatal, la denominada «Provincia Verde» se convirtió en uno de los centros de la crisis de seguridad que azota al país. Aunque las cifras de criminalidad en 2026 muestran una leve contención en comparación con los picos históricos de años anteriores, la violencia sigue latente, registrando centenares de homicidios intencionales vinculados a las dinámicas del crimen organizado transnacional.

Bajo el régimen de continuos estados de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno, el Ejecutivo ha priorizado la militarización de la provincia como principal eje de control. No obstante, desde los movimientos sociales locales se levantan voces sumamente críticas. La activista afrodescendiente Juanita Francis Bone, representante del colectivo Mujeres de Asfalto, describe la situación de la provincia como una «permacrisis«.

«Hay que reconocer que la administración de los gobiernos se refleja en la vida digna o no de la gente y, desgraciadamente, en estos momentos la militarización, la declaratoria del conflicto armado interno y no tener una estrategia real de seguridad ha impedido que Esmeraldas crezca», apunta Francis Bone.

Voces comunitarias rechazan que las políticas públicas aborden Esmeraldas bajo la lógica de un «territorio de sacrificio», donde la respuesta armada estatal desplaza las inversiones urgentes en salud, educación y desarrollo económico, estigmatizando a su población.

Legado ancestral y un cierre de esperanza

El escenario político y social está plasmado de manera brutal en el caso de los cuatro niños de las Malvinas en Guayaquil, el episodio más sombrío y emblemático sobre las violaciones a los derechos humanos en el marco de la militarización y la declaración de guerra interna. Las voces de condena social se alzaron con firmeza frente al abuso y la discriminación racial que sufrieron las familias en redes sociales, donde se pretendió etiquetar a las víctimas como «delincuentes».

En diciembre de 2025, un Tribunal de Garantías Penales dictó un fallo histórico: once militares fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión tras ser hallados culpables del delito de desaparición forzada. Adicionalmente, el fallo obligó a la reparación integral y a disculpas públicas, ratificando la condición de absoluta inocencia de los niños futbolistas.

La esperanza se teje dentro de las comunidades y la organización comunitaria. Frente a la ausencia del Estado ecuatoriano, el colectivo Mujeres de Asfalto impulsa proyectos y talleres: Miradas Negras y Cimarroneando la Juventud, así como el anuncio de creación de la primera escuela de partería ancestral en Esmeraldas.

Este espacio busca blindar los conocimientos tradicionales de las sabias y parteras tradicionales, protegiendo el nacimiento, cuidando la vida y curando los tejidos sociales desde el territorio. En el Día de los Afrodescendientes, el Ecuador profundo recuerda que, frente al olvido, la memoria viva de sus ancestros sigue pariendo libertad.