Luis Arroyo tardó un año y medio en memorizar el peso exacto del perdón. Este 4 de junio, frente a la estatua de Simón Bolívar y con las medallas de fútbol de sus hijos sobre el pecho, aceptó las disculpas del capitán que comandó la patrulla. Antes había tenido que reconocer a su hijo por los pies, porque la cabeza ya no estaba

Texto: Gabriela Ruiz Agila @gabyruizmx 

Fotos: CDH Guayas

GUAYAQUIL, ECUADOR.- Luis Arroyo ha orado tanto como para hacer que su corazón no incendie. En las fotografías de casi un año y medio, lleva las medallas de fútbol de sus hijos Ismael y Josué sobre su pecho. Ha memorizado versículos de la Biblia donde la palabra verdad es una piedra angular. Este 4 de junio, en el hemiciclo de la Rotonda de Guayaquil, viste un frac celeste con solapas negras. Cuando le toca su turno para intervenir dice: «Acepto su disculpa, capitán… la acepto de todo corazón. Yo los perdono de todo corazón«. Luis tuvo que reconocer a su hijo por sus pies porque la cabeza ya no estaba. 

«Lo único que quiero saber es la verdad. ¿Qué pasó con nuestros hijos? Y también quisiera que no se vuelva a repetir con ningún otro niño ni con nadie” exigió Johana Arboleda, madre de Nehemías Arboleda. Las lágrimas rodaban por sus mejillas en caminos hechos por días de tantas angustias. “Estoy con ustedes”, se dirigió a las madres buscadoras que cargaban carteles con las fotos de sus hijos, víctimas de desaparición en medio de la declaratoria de guerra interna contra el crimen organizado.

Ha pasado un año y medio desde que el 24 de diciembre cuando los padres de cuatro niños del barrio popular Las Malvinas, esperaban noticias. Un silencio espeso se había apoderado de todo. 15 días antes, la noche del 8 de diciembre de 2024, Steven (11), Josué (14), Ismael y Nehemías (15), no regresaron a casa. La víspera de Navidad fue amarga.

El último rastro se registró con los videos de las cámaras de seguridad del Municipio de Guayaquil donde se ve que una patrulla militar los interceptó en la calle cuando salían de jugar fútbol. Finalmente, encontraron sus cuerpos en una zona pantanosa y remota de Taura, a unos 46 kilómetros de Guayaquil. En el sur de Guayaquil, no llegó la Navidad. 

16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) fueron condenados por este crimen con penas de más de 30 años de cárcel. Como parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional por la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y muerte de Ismael, Josué, Steven y Nehemías, la institución militar fue obligada a disculparse de manera pública ante los padres de las víctimas. 

Se realizó el acto oficial de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas por parte del Estado ecuatoriano, en el Hemiciclo de la Rotonda, conforme al pedido de las familias de las víctimas. Las imágenes de los niños y sus nombres estaban decoradas con rosas blancas, amarillas y azules, al pie de la estatua de Simón Bolívar y José de San Martín. 

El Comandante General de la FAE, Mauricio Salazar Machuca, se presentó y leyó la sentencia donde se reconoce que las Fuerzas «incumplieron su principal función: proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos«. Así mismo, “no proporcionó a sus familias información inmediata, completa y veraz sobre la prisión, el paradero y la suerte de los niños”, y que “la respuesta oficial fue tardía, fragmentaria y contradictoria”, agregó. De esta forma, se consumó la vulneración del derecho a la verdad de las familias.

Según Fernando Bastias, abogado y miembro de la Comisión de la Comisión de Derechos Humanos del Guayas, este es el único momento donde el ofensor da la cara a las víctimas. En el acto no se observó la presencia de altos mandos de otras ramas militares y de delegados del Ejecutivo en el evento. 

El martirio de los niños

Los hallaron calcinados y quedaron marcas de las agresiones que sufrieron. Tras un proceso de investigación que tomó un año y medio, los peritos reportaron que los niños presentaban múltiples fracturas óseas y hematomas profundos provocados por culatazos de fusil, puntapiés y azotes con cinturones militares mientras estaban atados e indefensos. Ismael, Steve, Josué y Nehemías fueron desprendidos de su humanidad.

Tres de los menores recibieron impactos de bala directos con trayectoria de atrás hacia adelante en el cráneo (tiro de gracia), lo que determinó que fueron obligados a arrodillarse antes de ser fusilados. 

Los cuerpos fueron apilados en una fosa del manglar de Taura, rociados con combustible militar y quemados de forma prolongada. El fuego destruyó los tejidos al punto de fragmentar las extremidades, lo que obligó a los peritos a recurrir a cotejos de ADN y pericias odontológicas para identificarlos. 

Pero quizá la agresión más grave fue contra sus nombres y el de su familia. En redes sociales y medios de comunicación, se detectaron campañas de desprestigio para intentar vincular a las víctimas con organizaciones criminales, e intentar justificar la saña contra los chicos.

La disputa por la Verdad

La retórica oficial chocó de frente con los hallazgos forenses y las órdenes judiciales. Las declaraciones iniciales del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, señalaron que la retención de los adolescentes se debió a una denuncia de robo, una versión que la Fiscalía General del Estado desestimó. La tensiones aumentaron aún más al emitirse pronunciamientos oficiales que cuestionaban las motivaciones de los colectivos que impulsaban la  desaparición forzada.

Para las organizaciones de derechos humanos, este discurso constituyó una estrategia de estigmatización y revictimización contra niños pobres y afrodescendientes de barrios populares como Las Malvinas en el sur de Guayaquil. Pero lejos de lograr que la trágica historia de estos chicos desapareciera, factores humanos permitieron que la comunidad se active en colectivo por la verdad y justicia en ese caso. 

Juanita Francis Bone, activista y afromefeminista ecuatoriana, directora del Colectivo Mujeres de Asfalto, cuenta que la noticia de la desaparición de los cuatro de Las Malvinas, la recibieron durante una actividad en una pequeña biblioteca comunitaria que inauguraron para los niños en ese barrio. Ese día ya no pudieron dormir. Buscaron ayuda. Recurrieron a políticos y al Municipio de Guayaquil.  

En entrevista, Juanita evalúa: “El caso de los niños de Las Malvinas representa una herida abierta del gobierno a la ciudadanía. Es doloroso pensar que en Ecuador las infancias negras son criminalizadas, no tienen oportunidades y son asesinadas”. Señala un perfilamiento racial en Ecuador que resulta en la configuración de “población  afrodescendiente como seres descartables». “Las disculpas públicas se dan en un contexto de extrema crueldad porque en las Malvinas continúan muriendo adolescentes y jóvenes a diario” concluyó recordando la muerte de Adriana Arroyo de 21 años, hermana de Steven Medina. 

En esos días, Juanita escribió un rezo negro: “que termine con la agenda de muerte

sobre nuestras comunidades. / Un rezo tejido con la oración de la abuela, / con la fuerza de una madre, / la rebeldía de un padre / y la pasión de les hijes.” Juanita calificó como un «tour de la miseria» las visitas de funcionarios al barrio que sucedieron después porque no venían acompañadas de reparaciones reales o protección para la infancia del sector.  

El valor de acompañar

En el barrio de Las Malvinas y sus sectores aledaños (como el Guasmo y la Isla Trinitaria), la espiritualidad y los rituales no católicos desempeñan un rol crucial de supervivencia, sanación del tejido social y resistencia frente a la violencia. El Festival Cachimbalero que se celebra en la Iglesia San Luis Gonzaga en noviembre es una de las expresiones culturales y religiosas más importantes para mantener viva la identidad y reconstruir el tejido social. 

Música con fuerte percusión y amplificación se utiliza para instalar un ambiente de catarsis en las iglesias domésticas en viviendas sencillas, y en salas de hogares. Al Espíritu Santo se lo convoca y se manifiesta hasta lograr el desahogo emocional masivo. La memoria ancestral resuena con el uso de la marimba, el cununo y el guasá. Hay un canto responsorial, una voz en alto lanza un verso y la comunidad responde en coro. 

El entierro de Ismael, Josué, Nehemías y Steven el 1 de enero de 2025 fue masivo y doloroso. Durante el traslado de los cuatro ataúdes hacia el cementerio Ángel María Canals, la multitud entonó arrullos y chigualos por la muerte de los niños, cantos tradicionales. Los altoparlantes que cargaban se mezclaban con oraciones y discursos. 

La entrega de los cuerpos de los niños en cada una de las casas fue devastador, cuenta Linda Bravo, activista social y política afrofeminista guayaquileña: “Regresarlos muertos y quemados, y que no podíamos ver sus rostros, cuando sus padres tenían que verlos fue el momento más difícil”. Linda nació y creció en el barrio Las Malvinas, ubicado en el sur de Guayaquil donde según registros públicos se calculan 30 mil habitantes, de los cuales el 35% al 40% son jóvenes. Las familias suelen ser numerosas y de bajos ingresos. 

En las intervenciones de los padres de los niños de Las Malvinas en el acto de disculpas públicas se repitió una frase: “Gracias Linda”. En el contexto del caso «Los Niños de Las Malvinas», Bravo asumió un papel fundamental como soporte comunitario, defensora territorial y puente de acompañamiento.

El día de su cumpleaños, hacemos un repaso por el difícil proceso. Linda Bravo trabajó como directora de la Fundación Karisma enfocada en apoyar a sectores vulnerables y actualmente es asambleísta alterna de la Revolución Ciudadana. Fue blanco de una agresiva campaña de ataques digitales, difamación mediática y estigmatización política debido a su militancia activa. Lo mismo ocurrió contra los asambleístas Paola Cabezas y Ricardo Patiño, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, actualmente en prisión, a quienes los padres de los niños también agradecieron el apoyo en sus discursos.

Al estigmatizar la lucha por los derechos humanos como una simple «estrategia política del correísmo», el debate público se desvía de lo urgente: brindar protección efectiva y urgente a las familias de las víctimas. Mucho más grave, se inscribe dentro de una estrategia de judicialización y persecución política (lawfare) y mediática contra cualquier figura asociada al correísmo y el intento de proscripción del partido. ¿Se intenta frenar todo intento de esclarecimiento en las denuncias de desaparición y vulneración de derechos?

Para Linda Bravo el caso de los cuatro niños de Las Malvinas debe convertirse en un llamado a la memoria la verdad y la justicia. Su significado para el país debería traducirse en reparación para las familias, garantías de no repetición y compromiso real con la dignidad y los derechos de la población afroecuatoriana, históricamente marginada y discriminada. “El caso de los niños de Las Malvinas es un antecedente de que se hizo justicia y de que se limpió el nombre de estos menores que se quisieron dañar”, concluyó. 

Un hito en los derechos humanos

Las políticas de «mano dura» presentan un patrón trágico y recurrente en Latinoamérica, y en especial en Ecuador donde el caso de los hermanos Restrepo, es un referente doloroso. El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) reporta al menos 51 desapariciones forzadas presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado en Ecuador. Este balance comprende operativos ejecutados bajo las políticas de militarización y estados de excepción en Ecuador. 

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha tenido un papel clave en el caso de los cuatro niños de Las Malvinas. Como organización no gubernamental con base en Guayaquil, el CDH asumió la representación integral de las familias desde el día uno de la tragedia. 

Tras sufrir reveses en la justicia local, el CDH escaló el caso mediante una Acción Extraordinaria de Protección, logrando el fallo hito de la Corte Constitucional en marzo de 2026, el cual ordenó al Estado reformas legales estructurales y medidas de reparación integral. 

EL CDH articuló agendas directas con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) donde la CDH alertó que en gran parte de los casos documentados, las investigaciones no están siendo tratadas como desapariciones forzadas, sino como desapariciones involuntarias. 

Hay que destacar que el CDH no limitó su trabajo a los juzgados; sostuvo activamente a la comunidad en territorio. Convocó, organizó y lideró las marchas, ruedas de prensa y plantones pacíficos frente a la Fiscalía del Guayas junto a los padres. Unos días antes del evento de disculpas públicas levantó un mural en memoria de los niños de Las Malvinas junto a la comunidad. 

El CDH coordinó y vigiló de cerca la ejecución del acto formal de disculpas públicas del 4 de junio de 2026 en el Hemiciclo de la Rotonda. En su representación, Billy Navarrete, dijo: “Aquí hay la manifestación clara del perdón que las familias han estado pidiendo, reclamando al Estado ecuatoriano y particularmente al Gobierno nacional”. 

El caso de Las Malvinas representa un hito sin precedentes en la historia de los Derechos Humanos en Ecuador, al constituir la primera ocasión en que el mando de las Fuerzas Armadas se ve obligado a reconocer de forma pública la desaparición forzada de menores de edad a manos de agentes estatales. Sin embargo, la solemnidad del acto contrasta de forma alarmante con la realidad del país, donde decenas de familias aún aguardan respuestas e investigaciones transparentes sobre presuntos abusos cometidos bajo el prolongado régimen de excepción. 

El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 424, el cual ratifica el conflicto armado interno y abre las puertas a la “injerencia extranjera y riesgo de paramilitarización e impunidad en Ecuador” alertó la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Esta disposición no solo habilita la intervención de fuerzas extranjeras y personal cooperante bajo un manto de inmunidad, sino que además faculta la entrega de indultos y reducciones de penas para policías, militares y civiles que participen activamente en las misiones de seguridad.