23 mayo, 2026
2026 en Ecuador muestra una profundización de los conflictos socioambientales alrededor de territorios colectivos, campesinos e indígenas donde el Estado impulsa concesiones mineras con inversión extranjera. El caso de Tzawata-Ila Chukapi en Napo, reflejan un patrón común: expansión de la frontera extractiva, militarización, judicialización de la protesta y debilitamiento de mecanismos de consulta comunitaria
Texto: Gabriela Ruiz Agila @GabyRuizMex
Fotos: Frente Nacional Antiminero
ECUADOR.- La madrugada del 7 de mayo de 2026 se reportó la detención de Kambak Wayra Alvarado, presidente de la comunidades de Tzawata-Ila-Chukapi, tierras ancestrales de los kichwas Anzus que habitan las riberas del Napo. ¿Cuál es el motivo? Sus tierras ricas en oro. Según las denuncias difundidas por la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN), medios comunitarios, en el operativo participaron policías, militares y personal vinculado a la empresa Terraturismo S.A., señalada históricamente en la disputa territorial que lleva más de 15 años.
En mayo de 2023, la Corte Provincial de Napo negó a las comunidades de Tzawata-Ila-Chukapi la acción de protección con la que buscaban el reconocimiento formal de su posesión ancestral sobre las 627 hectáreas. La justicia ordinaria en Ecuador intenta separar los derechos sobre el suelo y el subsuelo que se pueden analizar a través de tres puntos clave:
Primero, la suspensión de actividades en concesiones mineras: En mayo de 2025, el Ministerio de Energía y Minas ordenó la suspensión inmediata de Talag, Confluencia, Anzu Norte y El Icho, que integran el proyecto minero Tena en la provincia de Napo mediante Resolución Nro. MEM-CZN-2025-0027-RM. Un año después, se suspendieron todas las concesiones mineras a nivel nacional.
Segundo, la empresa Terraturismo S.A. (antes Terraearth) activa demandas por invasión u ocupación ilegal de tierras de propiedad privada para expulsar a los comuneros. Este es el argumento judicial para perseguir a la dirigencia de Tzawata.
Tercero, el Ministerio de Gobierno actúa como brazo ejecutor de las órdenes judiciales de desalojo forzoso, como si se tratara de una disputa ordinaria de propiedad y eludiendo el litigio minero de fondo.
Al no estar blindados jurídicamente por un título comunitario ancestral reconocido por el Estado, la presencia de los comuneros en sus propias tierras es catalogado por la justicia como un delito común, lo que faculta la detención de sus dirigentes bajo cargos de invasión.

“Fui puesto una trampa por Terraturismo” explicó en rueda de prensa Kampak Alvarado después de recobrar su libertad. Cinco días atrás recibió amenazas de denuncia. Kampak también se acercó a la Fiscalía antes de la detención y verificó que la acusación era de invasión de tierras, por armar grupos para invadir propiedad privada, por tal ilegal de madera, y por explotación ilegal de oro.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y la CONAIE denunciaron que el operativo militar de la madrugada del 7 de mayo para capturar a Kampak Alvarado justo un día después de su reelección comunitaria. Alvarado narra que en la noche pasadas las 22h00, autos desconocidos estuvieron merodeando la vivienda familiar. La detención arbitraria se hizo frente a su esposa y su hija de un año y sin la lectura de sus derechos como dio a conocer en la rueda de prensa.
“Somos una comunidad ancestral organizada porque aquí vivían mis abuelos y nuestros padres” explicó Alvarado. Ante las instituciones del Estado, existen estudios antropológicos y del patrimonio cultural. El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidad y Pueblos del Ecuador (CODENPE, que desde 2014 pasaría a ser el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades) dio el registro legal y reconocimiento institucional de las comunas y comunidades que otorgó el estatus de sujetos de derechos colectivos bajo el amparo de la Constitución de 2008.
Por el contrario, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) en 2010 reconoció como legítimo propietario del área (conocido originalmente como Hacienda Ila) a empresas privadas, en ese entonces bajo la firma Merendon del Ecuador S.A. (que posteriormente cambió de nombre a Terraturismo S.A. y mantiene vínculos con la minera Terra Earth Resources). La fuerza pública intentó ejecutar desalojos violentos contra la comunidad el 27 de mayo y el 6 de julio de 2010.
Hoy bajo las competencias del Ministerio de Agricultura, los registros legales muestran que, administrativamente, la apelación a la resolución del INDA jamás fue resuelta por la Subsecretaría de Tierras, dejando a la comunidad en una situación de grave indefensión jurídica.
Tras años de derrotas en juzgados locales de Tena, el caso escaló mediante una Acción de Protección admitida a trámite por la Corte Constitucional del Ecuador, la cual evalúa si el Estado vulneró los derechos de posesión ancestral.
Las resoluciones de la asamblea extraordinaria realizada el 22 de enero de 2026 se concentran en “mantener la defensa del territorio” (Kuñanchi Sachay Manta).

En el mapa de las grandes concesiones mineras en Ecuador, la más de 600 hectáreas de Tzawata-Ila-Chukapi, quedan atrapadas estratégicamente en medio del Proyecto Aluvial Tena, un macrocomplejo minero: “ubicadas y rodeadas por el bloque Confluencia (Código 400408) y los márgenes limítrofes del bloque Anzu Norte (Código 400443)” según la Resolución Nro. MEM-CZN-2025-0027-RM del Ministerio de Energía y Minas emitida el 27 de mayo de 2025.
Geográficamente, el área de interés se localiza en la cuenca alta del río Amazonas, específicamente sobre los cauces y llanuras de inundación de los ríos Anzu, Jatunyacu, Puni e Icho. El sector clave de Tzawata se ubica cerca de la localidad de El Capricho (Cantón Arosemena Tola), un punto neurálgico donde los ríos arrastran sedimentos desde la cordillera de Los Andes hacia la llanura amazónica.

El «Estudio de Impacto Ambiental Expost para las Fases de Exploración y Explotación Simultánea de Minerales Metálicos», es el instrumento aprobado bajo el régimen de pequeña minería para los cuatro bloques: Anzu Norte, Confluencia, El Icho, y Talag. Se puede consultar el informe geográfico sobre la situación en Napo de marzo 2021 elaborado por Geografía Crítica.
Las coordenadas oficiales que rigen el macroproyecto para las fases de exploración y explotación simultánea de minerales metálicos (oro aluvial) están delimitadas bajo el sistema de proyección PSAD56 (o WGS84 según la actualización de la cartografía minera nacional) y constan en las fichas técnicas del Ministerio de Energía y Minas.
Los estudios técnicos específicos que calcularon las reservas probadas, probables y posibles de oro aluvial utilizaron estudio de prospección en terrazas profundas, muestreo por excavación (trincheras y pozos profundos a cielo abierto) y pruebas de recuperación mediante plantas de lavado tipo trommel y tipo zeta en terrazas aluviales de los ríos Anzu, Piatúa y afluentes secundarios que contiene oro libre como pepitas y chispas).
A nivel cartográfico, colectivos como el Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador han denunciado que, aunque las viviendas comunitarias están formalmente en los márgenes exteriores de los títulos mineros de papel, la presión y los impactos directos de la explotación de lechos de ríos e infraestructura minera «atrapan» y fragmentan su territorio de vida.

El subsuelo donde habita Tzawata no contiene «vetas» de oro profundas que requieran túneles, sino oro aluvial. Los estudios geológicos y los Planes de Manejo Ambiental (como el Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post presentado por la empresa) justifican la codicia corporativa basándose en tres factores técnicos: la alta concentración de oro libre en terrazas superficiales, bajos costos operativos por minería a cielo abierto y la abundancia hídrica ideal para la separación del mineral por gravedad.
Esta combinación maximiza la rentabilidad al eliminar la necesidad de perforación profunda y facilitar la remoción masiva de tierras como se ha documentado por los informes Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador y reportes del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
Kampak Alvarado reveló a los medios que la empresa Terraturismo no sacó ni un permiso para abrir desbanques en el área de reserva y conservación destinadas para las comunidades ancestrales. (Las tierras ) Han sido macheteadas, y se encuentran ahora “ahí no hay animales, no hay aves, ni boas, ahí simplemente está muerto. ¿Cuánta cantidad de árboles van a tumbar? Ya superan más de las 100 hectáreas. ¿Dónde están las autoridades?” continuó el reclamo del presidente de las comunas hacia el Ministerio de Ambiente y la Agencia de Control Minero.
A mayo de 2026, los datos sobre la calidad del agua confirman una crisis de contaminación extrema en la cuenca alta del río Napo. Los informes técnicos emitidos por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), laboratorios universitarios como los de la Universidad Regional Amazónica Ikiam y los monitoreos satelitales de la Fundación EcoCiencia (vía el programa MAAP) arrojan las siguientes cifras y alarmas: las concentraciones de níquel, cadmio, plomo, cobre, arsénico y cianuro superan con creces los Límites Máximos Permitidos (LMP) fijados por la legislación ecuatoriana (TULSMA) para la preservación de la vida acuática y el consumo humano.
En los lechos alterados por la remoción de tierras aluviales, las concentraciones de níquel y cadmio se han disparado hasta 500 veces por encima de lo permitido. Estos metales son altamente bioacumulables en los peces que consumen las comunidades de la zona.
La contaminación química corre en paralelo al desastre geográfico de la remoción de tierras. El último reporte consolidado de EcoCiencia de abril de 2026 detalla la superficie devastada por el oro aluvial en los afluentes del Napo. Específicamente, el Río Anzu, egistra 635 hectáreas afectadas, de las cuales un 15% operan completamente fuera del catastro legal.
A la par de los metales pesados, en mayo de 2026 se presentaron los resultados del Plan Piloto de Monitoreo de Calidad de Agua en la Cuenca Alta del Río Napo, que lidera la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y ejecuta Fundación EcoCiencia en el Ecuador. Este estudio detectó altas concentraciones de microplásticos invisibles al ojo humano, introducidos por los desechos industriales de los campamentos mineros, lo que suma un nuevo factor de riesgo epidemiológico para las poblaciones Kichwas que beben directamente del río.

Los informes de organizaciones científicas, de derechos humanos y colectivos territoriales alertan sobre un escenario crítico para la comunidad Kichwa de Tzawata-Ila-Chukapi y la cuenca del río Anzu.
Informes recientes de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (2026) advierten que la reactivación de las órdenes administrativas de desalojo ejecutadas por el Ministerio de Gobierno, sumadas a la criminalización de líderes como Kambak Alvarado, configuran un escenario inminente de despojo violento de tierras ancestrales.
El «Escenario Esmeraldas» (Ecocidio y Control Territorial): Análisis del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador y la Red de Acción No Violenta de FLACSO equiparan el futuro de Napo con la crisis del norte de Esmeraldas. Advierten que, si el avance de los bloques del Proyecto Aluvial Tena no se detiene, el territorio sufrirá una fractura social irreversible, donde las comunidades terminan convertidas en «invasoras» de su propio suelo ancestral.
Expansión Minera Descontrolada: Los reportes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) y la Fundación EcoCiencia (2026) evidencian que en la cuenca del río Anzu ya se han afectado más de 635 hectáreas por minería aurífera aluvial, alertando que un 15% de esta actividad se expande de forma ilegal e imprevista fuera del catastro permitido, cercando directamente los espacios de subsistencia de Tzawata.
Desde la cosmovisión Kichwa, el impacto no es considerado únicamente ambiental o económico, sino espiritual y existencial: Para los ancianos y defensores de Tzawata, los ríos no son depósitos de sedimentos con oro, sino entes vivos que albergan a los Yaku Runas (seres del agua) y a los ancestros. Perforar el lecho del río equivale a mutilar el cuerpo de su propia historia.
En ese contexto, la frase «Napu Runakuna Mushkuy» que significa literalmente «El Sueño de los Pueblos del Napo» o «La Visión de la Gente del Napo», expresa la lucha de la comunidad Tzawata-Ila-Chukapi como la más drástica resistencia en defensa de sus territorios ancestrales frente al extractivismo minero. El oro debe permanecer en la arena porque es el guardián de la estabilidad del bosque; extraerlo rompe la armonía espiritual, trayendo enfermedades, división social y muerte a la selva.
El paralelismo entre Tzawata (Napo), Palo Quemado (Cotopaxi) y Las Naves (Bolívar) responde a un patrón sistémico en Ecuador. El conflicto se origina cuando el Estado prioriza la inversión de capitales extranjeros sobre los derechos territoriales locales, lo que genera una transición hacia dinámicas de control territorial ejercidas por poderes paraestatales y fuerzas por fuera del Estado. Las comunidades denuncian que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional operan de forma coordinada para resguardar los intereses de las corporaciones internacionales y no de los pueblos ancestrales.

Gabriela Ruiz Agila @GabyRuizMx Investigadora en prensa, migración y derechos humanos. Cronista. Es conocida como Madame Ho en poesía. Premios: Primer lugar en Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo [Ecuador, 2017]; segundo lugar en el Concurso Nacional de Poesía Ismael Pérez Pazmiño con Escrituras de Viaje [Ecuador, 2016]; primer lugar en Crónica del Cincuentenario organizado por la UABC con Relato de una foránea [México, 2007].
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