Los ejidatarios de Carrizalillo denunciaron la irrupción del fiscal de Guerrero y unos 40 policías en la mina de oro resguarda la comunidad, quienes exigen que la minera canadiense Equinox Gold cumpla sus acuerdos. Los pobladores pidieron a las autoridades no intervenir

Texto: Vania Pigeonutt

Foto: Especial

El ejido de Carrizalillo, una comunidad ubicada en el municipio de Eduardo Neri, , en Guerrero, lamentó que el gobierno de Guerrero haya irrumpido a la comunidad con un helicóptero a 21 días de que iniciaron un plantón para exigir mejores condiciones a Equinox Gold, a quien actualmente arrendan sus tierras.

Ubicado a 30 minutos de Chilpancingo, el ejido lleva 13 años rentando sus tierras a la minería a cielo abierto.

Mediante un comunicado, los ejidatarios, apoyados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), denunciaron que el gobierno de Héctor Astudillo Flores irrumpió en las negociaciones que llevan desde el 3 de septiembre, cuando instalaron un plantón a las afueras de la empresa minera, y aclararon que ese no es un asunto político.

El pueblo, de donde está desplazada la tercera parte de la población, se ubica a sólo 600 metros del primer depósito de residuos tóxicos de la mina Bermejal. Donde hasta hace unos 15 años había encinos, pinos y mucha vegetación, animales pastando, y donde ahora está contaminado hasta el aire.

Desde el 3 de septiembre, en este último proceso de negociación de la población con la minera, ahora Equinox Gold, sus habitantes del El ejido de Carrizalillo terminaron su convenio hasta 2025, el cual consideraba un sistema de agua potable para las familias que viven en Carrizalillo.

Actualmente el agua con la que cuentan tiene altos niveles de arsénico y hay evidencias médicas que ésta provoca enfermedades cutáneas permanentes.

Este martes, el fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos, arribó al lugar del conflicto, donde los pobladores mantienen el plantón con sus casas de campaña, alrededor de las 10 de la mañana. El funcionario llegó con alrededor de 40 elementos pioliciacos además de cinco guardias personales y dos funcionarios de la minera EquixGold.

Los pobladores denunciaron que no pudieron entablar comunicación ni con el vicepresidente para México de EquixGold, Peter Burger, ni con su vicepresidenta de sustentabilidad, Georgina Blanco Mancilla.

Desde semanas atrás, los pobladores explicaron que se trata de un conflicto entre particulares y pidieron a los distintos niveles de gobierno que no intervinieran.

Equinox Gold, de capital canadiense, es una empresa que ha incumplido las cláusulas que protegían, de algún modo, la atención de salud de los ejidatarios y familias, como las relacionadas con el medio ambiente.

En este ejido Los Filos-El Bermejal se explota uno de los yacimientos más importantes de oro en América Latina a cielo abierto, y aunque esta forma de minería está prohibida en varios países, porque se remueve el terreno con explosivos y para extraer el metal de las piedras se utilizan y generan químicos como cianuro, arsénico, ácido sulfúrico, plomo, así como otros metales pesados, en 13 años no ha parado la explotación.

En 2014, organizaciones como Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos A.C. (PIAP) realizaban un recuento de los daños desde que en 2007 GoldCorp inició la explotación de minerales en la comunidad, pero tuvieron que dejar de documentar por la pelea de grupos del crimen organizado en la zona. A la fecha, Rema considera que las agrupaciones criminales eran usadas para ampliar la operación minera.

En ese año, también en un contexto de negociación, la organización alertó que 27% de la población padecía náuseas, diarreas y parasitosis; dolor de cabeza, agotamiento, somnolencia, irritabilidad, desánimo, 39%; dolor, irritación, ronquera, inflamación o anginas, 45%.

Más de la mitad de la población, 57%, padecía enfermedades respiratorias, desde adultos hasta niños, la mayoría a causa del polvo que contiene metales pesados, del cianuro de sodio y del drenaje ácido utilizado para extraer los minerales. A la fecha, sostiene Rema, todas las familias cuentan con uno o dos integrantes enfermos por operaciones mineras. 

Los pobladores exigieron al gobierno de Guerrero no emplear medidas intimidatorias.