El Instituto Politécnico Nacional enfrenta una crisis por presunta corrupción de autoridades, lo que ha provocado protestas estudiantiles que exigen transparencia y destituciones

Texto y fotos: Camilo Ocampo

CIUDAD DE MÉXICO. – ¿Cómo un catedrático de la Universidad de Oxford puede pasar a ser acusado penalmente? Arturo Reyes Sandoval, científico mexicano con trayectoria en investigación biomédica y participación en el desarrollo de vacunas, llegó a la dirección del Instituto Politécnico Nacional en 2020 tras ser designado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, su perfil académico contrasta con las acusaciones que lo colocan en el centro de una de las mayores crisis en la institución.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) atraviesa una de las problemáticas más profundas de su historia reciente, marcada por denuncias de corrupción, decisiones institucionales controvertidas y un creciente descontento dentro de su comunidad, que asegura nunca haber estado en una situación igual de insostenible.

En el centro de la polémica se encuentra el director general, Arturo Reyes Sandoval, quien ha sido acusado por la Fundación Politécnico de presunto uso ilícito de atribuciones. Las denuncias señalan el posible desvío de recursos públicos hacia una asociación civil denominada “Corazón Guinda y Blanco”. Ante estos hechos, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para esclarecer responsabilidades.

De manera paralela, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno suspendió a funcionarios clave del IPN, entre ellos Javier Tapia Santoyo, titular del área administrativa, quien ya enfrentaba investigaciones por presuntos desvíos de fondos durante su gestión en el ISSSTE, por otorgar tres contratos por 11 millones de pesos a una empresa facturera cuando era tesorero del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. También se aplicaron sanciones a otros funcionarios, en un intento por evitar interferencias en las indagatorias.

Red de señalamientos y presunta corrupción

De acuerdo con denuncias difundidas por sectores de la comunidad politécnica, Tapia Santoyo estaría vinculado a redes de corrupción en el sector salud, incluyendo empresas fantasma y contratos irregulares. Asimismo, se le relaciona con figuras como José Juan Reyes Domínguez, conocido como “el Rey de la Limpieza”, señalado por incumplimientos laborales.

Dentro de estos señalamientos también aparece Ana María Arrona, actual secretaria de Administración, quien habría participado en la creación del patronato cuestionado. En conjunto, estas acusaciones apuntan a la existencia de una red de intereses que involucra a funcionarios, familiares y aliados estratégicamente posicionados.

Por otro lado, el ex secretario general Igor Jasso Zaranda ha sido acusado de operar contra la comunidad estudiantil mediante prácticas como la desmovilización, el acoso laboral y la represión mediante el uso de porros. También se cuestiona el papel de la Coordinación Politécnica para la Seguridad (COPS), señalada por presuntamente vigilar e intimidar a estudiantes.

La COPS estuvo a cargo de Margarito Mendoza, un expolicía señalado por su presunta implicación en los hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Descontento y movilización estudiantil

La crisis ha trascendido el ámbito administrativo y ha impactado directamente en la vida académica. Estudiantes, docentes y trabajadores denuncian un deterioro en la calidad educativa, falta de recursos y condiciones precarias en los planteles.

En este contexto, la comunidad estudiantil ha retomado la organización como herramienta de protesta. Movilizaciones, asambleas y campañas informativas en redes sociales han surgido para exigir transparencia, rendición de cuentas y la destitución de autoridades señaladas.

Como parte de las acciones, el 23 de abril un grupo de estudiantes marchó desde el Plantel de Zacatenco hasta el Casco de Santo Tomás, el máximo circuito educativo del politécnico, desde donde hicieron un llamado a las demás escuelas para sumarse a la exigencia de destitución y esclarecimiento de los hechos.

Los estudiantes recuerdan que en movimientos anteriores, como los de 2022 y 2024, lograron avances en demandas inmediatas. Sin embargo, consideran que los problemas estructurales persisten, permitiendo que continúen prácticas de corrupción y control institucional.

Exigencias y panorama futuro

Entre las principales demandas destaca la democratización del proceso de elección del director general, considerada por muchos como una deuda histórica dentro del IPN. La comunidad también exige auditorías exhaustivas y una revisión integral del manejo de recursos públicos.

Académicos han advertido que la situación actual pone en riesgo la estabilidad institucional y el prestigio del Politécnico a nivel nacional e internacional. La falta de transparencia y comunicación por parte de las autoridades ha profundizado la desconfianza interna.

El IPN enfrenta así un momento decisivo. Las investigaciones en curso, junto con la presión de la comunidad y el escrutinio público, definirán el rumbo de la institución en los próximos meses. Para muchos estudiantes, la actual movilización no es solo una protesta, sino un intento por recuperar el control de una institución que consideran les pertenece y ha sido pisoteada.