Semarnat haría bien en usar toda la fuerza de Conabio para una nueva institucionalidad ambiental, en la que se dote de cierta autonomía y fuerza institucional a sus organismos y se garantice la continuidad de ciertos esfuerzos sin color político

Twitter: @eugeniofv

La primera transición de México a la democracia, la de los años noventa del siglo pasado y los primeros dos o tres años de este siglo, quedó dramáticamente trunca por la decisión de la clase política en su conjunto -aunque en particular de quienes integraron los gabinetes de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto- de entregarse de lleno al sistema de captura de los puestos y presupuestos públicos para usarlos con fines partidarios y privados vigente en el país desde hace un siglo, como ha explicado Mauricio Merino. Durante esos tres sexenios, los ciudadanos descubrimos que los nuevos funcionarios eran tan corruptos y mezquinos como los anteriores y vimos cómo hacían suya una de las máximas de Carlos Hank según la cuál “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.

Al mismo tiempo, los tres gobiernos anteriores asumieron el consenso neoliberal como su matriz ideológica fundamental. Esto los llevó a hacer de la austeridad la regla de oro en la planeación del gasto público. Sin embargo, como todo en ese tiempo, ese compromiso con la austeridad fue solamente una pantomima, porque la austeridad verdadera implica que hay menos botín para repartir y menos puestos por capturar.

En línea con esto, con una mano se limitó enormemente la capacidad de acción de varias dependencias del Estado –en forma muy marcada, del sector ambiental– al no otorgarles las plazas de estructura que necesitaban, mientras que con la otra se autorizaron decenas o cientos de plazas eventuales. En paralelo, se multiplicaron los fideicomisos privados que permitieron usar fondos públicos sin ninguna supervisión. Esto les permitió mantener el saqueo durante un largo rato.

En este contexto, surgieron algunas burbujas al interior del Estado que usaron los mecanismos disponibles para construir cuerpos técnicos muy sólidos y para blindar sus presupuestos y patrimonios. Un ejemplo de ello es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Conabio es una comisión intersecretarial en la que en los hechos sólo participa una secretaría –la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)-, y que obtiene sus recursos de un fideicomiso privado, el Fondo para la Biodiversidad. En ese fideicomiso el grueso de las aportaciones son públicas, pero una ONG como Pronatura tiene el mismo peso que un organismo público como el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y no está sujeto a los mecanismos de control que uno pensaría que estarían en pie. Este andamiaje institucional tan anómalo le permitió, durante el último cuarto de siglo, construir un patrimonio muy importante para el país, convertirse en un referente a nivel mundial y construir un cuerpo técnico de vanguardia al que pudo proteger de los esfuerzos de captura de puestos tan en boga en México durante ese periodo.

Ahora, sin embargo, las cosas deben cambiar. Enfrentado con lo que algunos han llamado la “institucionalidad neoliberal” –esa que, como señalaba antes, tantos desfalcos ha permitido-, el gobierno actual ha decidido acabar con las comisiones intersecretariales –en su conjunto solo gastan dinero y no sirven para gran cosa- y con los fideicomisos, que han servido muy bien para el saqueo.

Aunque Conabio sí sirve, y mucho, y a través de su fideicomiso no se ha saqueado ni un peso, su institucionalidad debe ajustarse mejor a la norma. La pregunta es cómo hacerlo. Se ha hablado de dos posibilidades: formar un organismo desconcentrado, que cedería todo su patrimonio a Semarnat, porque la ley establece que ese tipo de dependencias no tienen ni autonomía jurídica ni patrimonio propios, o formar un organismo descentralizado, que podría conservar su patrimonio y su autonomía. En los hechos, esto supone la disyuntiva entre diluir la Conabio y hacer que constituya un organismo de Semarnat integrado en su estructura como desconcentrado, o mantenerla con toda su fuerza como descentralizado.

La semana pasada, Conabio estuvo en el ojo del huracán porque se hizo muy estridentemente pública esa discusión. En el marco de ella, más allá del tono bravucón que adoptaron tanto el titular de Semarnat, Víctor Toledo, como uno de los defensores de Conabio, su exsecretario ejecutivo Jorge Soberón, lo que se discutía de fondo era hasta dónde vale la pena mantener la institucionalidad neoliberal y hasta dónde desmontarla. 

El caso de Conabio es uno de los que mejor ilustra los problemas de hacer recortes a machetazos –cuando había que hacerlos con bisturí- y de golpear a mazazos lo que había antes. Aunque Conabio reproduce muchos de los esquemas que permitieron la corrupción en tiempos anteriores, su desempeño y sus logros hablan por sí mismos, y muestran que es un caso radicalmente aparte. 

Más que estar combatiendo a gritos contra quienes la defienden –como se hizo hasta ahora-, Semarnat haría bien en mantener toda la fuerza de Conabio y usarla como piedra de toque para una nueva institucionalidad ambiental, en la que se dote de cierta autonomía y fuerza institucional a sus organismos y con ello se garantice la continuidad de ciertos esfuerzos que no tienen color político. Hacer lo contrario pondría a quienes hoy están en Semarnat en la misma ralea que los funcionarios de los tres servicios anteriores.

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