1 diciembre, 2020
El primer gobierno considerado de izquierda en México cumple sus primeros dos años. En el balance de los 730 días hay varias definiciones: polémica, debate, crisis, violencia… Y un respaldo inédito, a pesar de la controversia, al presidente Andrés Manuel López Obrador
Texto: Alberto Nájar
Foto: Duilio Rodríguez / Archivo
Polémicos. Es la palabra que define los dos primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se cumplen este martes 1 de diciembre.
Desde el inicio de su mandato prácticamente todas las acciones, planes, estrategias y programas de su administración han sido blanco de controversia.
Los escándalos mediáticos, críticas, intentos de sabotaje y hasta amenazas directas son parte del escenario cotidiano.
Al mismo tiempo AMLO, como se conoce en México al presidente, ha enfrentado problemas para cumplir algunas de las ofertas de campaña que le permitieron obtener la mayor votación en la historia del país.
Un ejemplo es el combate a la inseguridad, que en algunos momentos alcanzó cifras inéditas, como es el caso de los homicidios violentos.
Otro es la estrategia para atender la migración irregular que cruza por México. El país, dicen organizaciones civiles mexicanas e internacionales, se convirtió en el muro que nunca pudo construir Donald Trump.
En todo caso, este primer tercio del período presidencial se puede considerar inédito. Es, de entrada, el primer gobierno que se reivindica como de izquierda en la historia del país.
Pero también el más cuestionado según López Obrador, quien varias veces al mes ha dicho que es el presidente más criticado desde Francisco I. Madero.
Puede que lo sea. Pero los señalamientos no han minado su popularidad. Encuestas como las de Consulta Mitofsky, una empresa de opinión pública, dicen que AMLO tiene el respaldo del 58% de los votantes mexicanos.
La lista nominal de electores, según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), registraba hasta el 31 de octubre pasado a más de 91 millones 500 mil personas.
Es decir, de acuerdo con la estadística de Mitofsky a López Obrador le apoyan 53 millones de mexicanos. En 2018, el entonces candidato ganó los comicios con 30 millones de votos.
¿Cómo explicar ese respaldo? Una respuesta es los programas sociales del actual gobierno, destinados a atender a la población más vulnerable.
Otra puede ser la comunicación permanente de López Obrador en sus conferencias de prensa matutinas, donde no le habla a la élite política y empresarial, sino básicamente a sus electores.
El mensaje es constante: en este primer tercio del sexenio se debieran sentar las bases de la Cuarta Transformación del país. Y en alguna medida se ha logrado:
La mayoría parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso federal aprobó varias reformas legales y a la Constitución que no existían antes.
Es el caso de la cancelación del fuero presidencial, o el derecho universal y gratuito a la salud, por ejemplo.
Pero hay otros temas que explican estos dos primeros años del gobierno de López Obrador. Pie de Página te presenta cinco claves para entender estos inéditos 730 días.
Para 2021, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación recientemente aprobado, el gobierno de López Obrador asignó cerca de 304 mil millones de pesos a 11 programas sociales.
Es la mayor inversión en la historia para atender a la población vulnerable del país, y marca contraste con la asignación presupuestal en otros gobiernos.
Felipe Calderón, por ejemplo, destinó la mayor parte de los recursos públicos a su guerra contra el tráfico de drogas. Y Enrique Peña Nieto utilizó el dinero para supuestamente combatir la pobreza, pero el destino final del dinero se desconoce.
Ahora es distinto. La estrategia del actual gobierno se enfoca en la población más vulnerable, como indígenas, campesinos pobres, jóvenes desempleados, amas de casa, niños, ancianos y personas con discapacidad.
Para ello se establecieron programas de empleo, créditos financieros sin intereses y precios de garantía para la producción de algunos granos y leche.
Los programas más beneficiados con la asignación presupuestal son, entre otros, la pensión para adultos mayores, el apoyo a niñas y niños hijos de madres trabajadoras, el apoyo a personas con discapacidad permanente y microcréditos para el bienestar, las llamadas tandas sociales.
También hay recursos extra para becas a estudiantes, producción de alimentos básicos y el programa Sembrando vida, con el que se pretende reforestar una parte importante de las zonas devastadas por tala en el sureste del país.
Estos programas no están exentos de críticas. Muchos cuestionan que la distribución de dinero público es una estrategia populista.
López Obrador responde: en el ejercicio de su gobierno, como lo anunció en las tres campañas presidenciales donde ha participado, apoyar primero a los pobres es prioridad.
El 1 de diciembre de diciembre de 2018 López Obrador recibió al país con la mayor ola de violencia de su historia reciente.
Cambiar el escenario en corto plazo fue uno de sus compromisos de campaña. Pero apenas al asumir el gobierno fue necesario cambiar la oferta.
Para combatir la violencia AMLO modificó la estrategia de gobiernos anteriores, basada fundamentalmente en operaciones militares contra bandas de delincuencia organizada.
El plan contempla atacar las causas de la delincuencia con programas de empleo y becas a jóvenes, así como un amplio programa contra adicciones.
También se creó la Guardia Nacional, un cuerpo integrado por policías militares y navales que serían el eje del combate a la delincuencia en el terreno.
El objetivo es sustituir paulatinamente al Ejército y la Marina en las tareas de seguridad pública que desempeñan. Hasta ahora, sin embargo, esto no ha sido posible.
De hecho las autoridades promovieron una reforma legal para que las fuerzas armadas puedan cumplir labores policíacas, algo que desde 1997 llevan a cabo pero a partir de decretos o peticiones ex profeso en tareas específicas.
La estrategia no ha rendido los frutos esperados. El presidente López Obrador reconoce que es una de sus tareas pendientes, llevar la seguridad a las calles de pueblos y ciudades.
Las cifras son contundentes. Entre diciembre de 2018 y mediados de noviembre pasado, más de 60 mil personas han sido asesinadas en el país.
La frase se repite casi a diario en las conferencias de prensa matutinas del presidente: el principal objetivo de su gobierno es erradicar la corrupción.
El primer paso fue modificar el código penal del país para clasificar al delito como grave, algo que no existía desde 1994. Los acusados por esa práctica deberán, desde ahora, enfrentar sus procesos judiciales en prisión.
La siguiente medida fue revisar los programas y contratos del gobierno. El resultado fue la cancelación de cientos de convenios irregulares.
Los más conocidos se refieren a la compra de medicinas para el sector público de salud. Una área donde se invertían más de 70 mil millones de pesos anuales y que beneficiaban a cinco empresas proveedoras.
No fue la única medida. La cruzada anticorrupción implicó además la investigación por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
El dinero, según las autoridades, se utilizó para financiar campañas políticas y comprar el voto de legisladores en favor de la Reforma Energética.
El escándalo involucra a políticos de todos los partidos políticos, inclusive el del oficialista Morena.
No ha sido el único caso. En el saldo de la batalla se incluyen exsecretarios como Rosario Robles, encarcelada por el caso llamado Estafa Maestra.
La pesquisa incluye, recientemente, al expoderoso secretario de Hacienda y canciller Luis Videgaray.
Las consecuencias del programa central de la 4T aún no terminan. Hasta ahora han sido vinculados políticos, empresarios, intelectuales, académicos, universidades, organizaciones civiles y periodistas.
El impacto de la cruzada se siente a diario en las críticas y campañas de desprestigio y ataques en redes sociales contra el presidente, familia y colaboradores.
López Obrador dice que es una muestra de que el camino seguido en su proyecto político es el correcto.
“Si me piden que exprese en una frase cuál es el plan del gobierno, es acabar con la corrupción y la impunidad”, insiste.
Hace dos años fue uno de los primeros decretos del nuevo gobierno: ningún servidor público podría obtener un sueldo mayor al del presidente.
El salario de López Obrador es de 108 mil pesos mensuales, unos 5 mil 400 dólares.
La orden presidencial se convirtió después en la Ley federal de austeridad republicana, que fundamentalmente prohíbe gastos innecesarios o compras lujosas por parte del gobierno.
También contempla reducir los contratos de servicios y obra pública, cancelar los contratos de asesores y personal con honorarios y la venta de activos oficiales, como el lujoso avión presidencial que compró Felipe Calderón.
La determinación presidencial implicó una reducción en el gasto público que afectó a algunos sectores que ya padecían una severa crisis, como el de la construcción.
Una de las consecuencias de la política de austeridad fue la desaceleración de una parte de la economía, afectada de por sí por un entorno internacional complicado por la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China.
A este proceso se sumó el impacto por la pandemia de covid-19, que en el caso de México provocó una histórica caída en el Producto Interno Bruto de 18.9 % en julio pasado.
La tendencia negativa empezó a revertirse paulatinamente, aunque de acuerdo con especialistas la recuperación económica a niveles anteriores a 2018 se podrá obtener en varios años.
El mayor desafío, y que más consecuencias tendrá en los dos primeros años del gobierno de López Obrador, es la pandemia de covid-19.
Hasta el pasado 30 de noviembre el reporte oficial de muertos por la enfermedad supera las 105 mil personas, y más de un millón de casos confirmados.
La cantidad de víctimas, en términos porcentuales con base en la población, es menor a la de otros países.
Pero las estadísticas que diariamente se publican han servido para alimentar la estrategia en contra de López Obrador.
El gobierno enfrentó la emergencia sanitaria con un sistema de salud virtualmente en ruinas, con hospitales abandonados y un déficit importante de médicos para combatir la pandemia.
La decisión fue reconvertir hospitales y comprar equipo especializado en mercados internacionales.
Pero la estrategia, como otras del actual gobierno, ha sido severamente cuestionada, e inclusive una decena de gobernadores se declararon en rebeldía y amenazaron con adoptar un plan distinto al federal para combatir la pandemia.
A ello se suma una permanente campaña de desinformación, alimentada inclusive por exsecretarios de salud, académicos, intelectuales y periodistas.
Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y el gobierno mexicano muestran una evolución de la pandemia más positiva que en otros lugares del mundo, como Europa y Estados Unidos.
Pero la percepción que se pretende crear en México camina en sentido contrario.
Al final lo que queda son los datos duros: a las personas fallecidas y contagiadas por la covid-19 se suma un millón de empleos perdidos y miles de negocios cerrados por la crisis económica.
La tendencia empezó a revertirse a partir de septiembre, pero con el cambio de estación climática –ya casi es invierno- y el inicio de la epidemia anual de influenza, es previsible que la emergencia sanitaria se intensifique.
Ya se nota en estados como Chihuahua, donde las autoridades restringieron la movilidad de las personas y su sistema de salud está rebasado.
La Secretaría de Salud advierte de un repunte en la pandemia, con escenarios muy parecidos a los peores momentos de contagio y fallecimientos.
Es el escenario de este 1 de diciembre, la bienvenida a los primeros dos años del gobierno de López Obrador.
Ayúdanos a sostener un periodismo ético y responsable, que sirva para construir mejores sociedades. Patrocina una historia y forma parte de nuestra comunidad.
Dona