El pasado 17 de octubre el abogado Juan Carlos Flores Solís sufrió un nuevo atentado que puso en peligro su vida. Detrás de estas agresiones, acusa, hay una estrategia para menguar la defensa de los pueblos y territorios que él representa jurídicamente.

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. – Era 17 de octubre, y Juan Carlos Flores Solís salía de una reunión en la delegación de Semarnat en Morelos. Al subirse a su automóvil él sintió algo raro en el vehículo. Se bajó y revisó los neumáticos, percatándose que los birlos que sostienen las llantas delanteras estaban aflojados y a punto de zafarse.

“Los cuatro birlos no se zafan solos, alguien los tuvo que zafar. Y algo me queda claro: no fue un robo, porque no se los llevaron, y tampoco fue un accidente, alguien lo hizo a propósito”, cuenta.

Este hecho lo puso en alerta, pues no era la primera vez que le sucedía algo similar. Al menos, desde abril de este año, Juan Carlos ha sido el blanco de algunos ataques que no parecen ser aislados. Para él está claro: son motivados por su ejercicio profesional.

Juan Carlos es abogado. Su nombre es bastante reconocido entre diversos movimientos sociales y en defensa del territorio, pues es asesor jurídico de muchos de ellos.

“La mayoría de los procesos que llevamos tienen implicaciones. Llevamos más de 50 juicios de amparo, y 15 casos, y en estos se llevan más de un amparo”.

Entre los casos que Juan Carlos asesora están los que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTMPT) impulsa contra el Proyecto Integral Morelos. Pero también acompaña a otros procesos en contra de minería a cielo abierto en Tecámac, Morelos; contra termoeléctricas e inmobiliarias en Jalisco; y en defensa del agua en Querétaro. A su vez, acompaña al Congreso Nacional Indígena (CNI) en los amparos contra el acuerdo presidencial de megaproyectos que impulsó Andrés Manuel López Obrador.

“Todos ellos trastocan intereses fuertes”, dice Juan Carlos, concluyendo que tal vez sea esta actividad la que ha puesto en peligro su vida.

Las amenazas no son nuevas, asegura, sino que datan de años atrás. Y aunque no tiene las herramientas para determinar a algún culpable, el abogado no titubea al decir que estas agresiones son parte de una estrategia para disuadir su trabajo.

“Parte de la guerra de exterminio que existe contra los pueblos indígenas también consiste en acabar a quienes les ayudan en la defensa jurídica, como en mi caso”.

No es la primera vez

La historia de las agresiones contra Juan Carlos se remonta a 2019, cuando hombres armados asesinaron al defensor del territorio, y uno de los rostros más visibles contra el Proyecto Integral Morelos, Samir Flores Soberanes. Años después las investigaciones arrojarían como principales sospechosos al superdelegado del gobierno federal, Erik Flores, así como a funcionarios del gobierno de Morelos y del municipio de Tecámac como autores intelectuales del crímen.

Juan Carlos cuenta que en ese entonces “se empezó a correr el rumor de que iban a seguir asesinando a una lista de personas junto a Samir, entre ellos yo implicado. En ese momento solicitamos que nos incorporaran al mecanismo de protección del gobierno federal, pero las personas del mecanismo me dijeron que mi caso era especial, que corría más riesgos, por lo que tenían que hacer un análisis más exhaustivo para incorporarme”.

Sin embargo, los años pasaron y Juan Carlos nunca accedió a los beneficios del mecanismo. Tampoco le mostraron el análisis de riesgo. Fue hasta noviembre de 2020, cuando después de un desalojo de campesinos que se oponían a un acueducto en Apaltaco, el mecanismo volvió a contactar al abogado.

“Esa vez tuvimos una reunión con el mecanismo y se acordó mi ingreso, pero después se me dijo que ya estaba dentro del mecanismo, pero no me entregaron mi análisis de riesgo ni medidas cautelares”.

De nuevo, su protección quedó en el aire, y fue hasta 2022 que el abogado volvió a saber de su situación ante el mecanismo de protección. Esto, después de que en el mes de abril personas no identificadas allanaran su domicilio, dejando una serie de mensajes que presuponen una amenaza, pues dejaron un cuchillo en su cama junto a algunos gafetes de eventos políticos a los que Juan Carlos había asistido.

“De nuevo nos reunimos con el mecanismo, y ahí se me informa que en realidad no estaba dentro del mecanismo”, narra.

Tras esto, los funcionarios encargados de la protección del abogado le pidieron redactar una carta donde denunciara las anomalías en su incorporación. Después, finalmente lo dieron de alta, sin que esto implicara que dejara de estar en riesgo.

Por ejemplo, después de que allanaron su casa, el mecanismo de protección le brindó cámaras de seguridad. Sin embargo, el 4 de octubre se registró otro suceso irregular en su domicilio. Ese día, cuenta Juan Carlos, él no estaba en su casa, por lo que después quiso revisar los videos de las cámaras de seguridad. Posteriormente se percató que una de estas no funcionaba.

Después, cuenta, “el mecanismo sustrajo el equipo donde estaban mis grabaciones, sin mi consentimiento. Ahí también estaba el Respaldo de los videos de los incidentes que habían pasado. El equipo lo retiraron el 20 de octubre, y yo no estaba cuando hicieron ese servicio. Ya después pedí los respaldos y la empresa que realiza el servicio me dijo que sí me lo iban a devolver. Después el nuevo personal del mecanismo se contacta conmigo, y me dice que no se habían llevado ningún equipo”.

Una estrategia contra defensores del territorio

Esto, acusa el abogado, parece ser un sabotaje que personas del mecanismo, o que operan en nombre de este, han hecho para ocultar a los responsables de las amenazas en su contra.

Por eso, cuando se percató de que sus llantas estaban aflojadas, Juan Carlos no duda en pensar que es parte de una estrategia del mismo Estado para eliminarlo.

“No identifico algún responsable. No sé de algún autor material e intelectual que opere estas agresiones, esos ya son temas del gobierno federal en investigar lo que está sucediendo. Pero estas practicas irregulares por parte del mecanismo muestran una complicidad de esta dependencia que pertenece al gobierno federal”.

Y añade que “lo que sí identifico es que los allanamientos tuvieron el objetivo de mandar un aviso. Y en esta ocasión no sé si fue un aviso, o un intento para matarme”.

Pero también, reflexiona que estos intentos de atentar contra su vida no son específicos para su persona. Son motivados por lo que él representa, que es, en síntesis, la defensa del territorio y de comunidades y pueblos indígenas.

“Es un ataque hacia los pueblos, y es parte de la estrategia de exterminio a los pueblos”, afirma.

A la vez, concluye que así como pasó en el asesinato de Samir Flores Soberanes, hay una operación de todos los niveles de gobierno para ejecutar estas acciones.

“Afirmamos que existe en nuestro país un narcoestado más consolidado. Y en este contexto que hemos vivido y estamos constatando estamos sufriendo estos ataques, pues las dependencias del Estado están haciendo actos omisos y desapareciendo pruebas. Estoy teniendo ataques de sujetos desconocidos y el Estado desaparece pruebas”.

Hasta el momento no se han identificado a los responsables de los ataques hacia Juan Carlos, y tampoco se ha determinado una línea de investigación.