Este viernes, más de cien policías del estado de Querétaro detuvieron a tres manifestantes que protestaban en contra de Ley de Aguas que aprobó el gobierno de esa entidad; los hechos, acusan activistas y defensores del territorio, ocurrieron de forma arbitraria y atentando contra su derecho a la libre manifestación. Después de horas detenidos, fueron puestos en libertad.

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: César Gómez / Cuartoscuro

Video: Especial 

CIUDAD DE MÉXICO. – Alrededor de las 11 de la mañana de este viernes 10 de junio integrantes de la Red por la Defensa del Agua y la Vida, en Querétaro, se manifestaban en las inmediaciones de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) de esa entidad.

Esta red está conformada por comunidades indígenas del estado, como Santiago Mexquititlán y el barrio de San Francisquito, así como por activistas y organizaciones en defensa del agua en la ciudad. Buscaban entablar mesas de diálogo con el gobierno del estado para discutir la reciente aprobación de una Ley de Aguas que, acusan, privatiza este recurso en la entidad.

La movilización fue parte de una jornada de acciones que fue anunciada desde el pasado 25 de mayo. No eran muchos. Se calcula que asistió un centenar de personas.

La protesta ocurría de forma pacífica, y en un momento los manifestantes decidieron bloquear un tramo de la carretera federal No. 57, conocida en la capital del estado como la Avenida 5 de febrero.

Pero alrededor de la 1 de la tarde., cerca de 100 elementos de la policía estatal arribaron a la protesta. Llevaban escudos anti motines y toletes. Su intención era disolver la manifestación.

La presencia de los policías generó tensión entre los manifestantes; estos acusaron de represión a su protesta. Minutos después, el cuerpo de policías avanzó hacia el contingente.

Como se aprecia en videos publicados en redes sociales, los policías arrastraron y golpearon a algunos manifestantes, realizando detenciones a media carretera. Algunos alcanzaron a brincar de las patrullas, otros, después de la intervención de sus compañeros, pudieron librar el cerco policial.

El saldo de esta acción fue la detención de tres activistas: Pawo Wróbel, ciudadano de la capital; Roberto Garrido, estudiante de la Universidad Autónoma de Querétaro; y José Armando Isidro Eduardo, originario de Santiago Mexquititlán y actualmente residente de la Ciudad de México.

Esto movilizó a amplios sectores de la sociedad queretana. Después de horas, los detenidos fueron puestos en libertad.

No obstante, pese a existir evidencia de las irregularidades cometidas en las detenciones, la secretaria de gobierno del estado de Querétaro, Guadalupe Murgía, informó en un comunicado que:

“Se tiene todo un protocolo para atender estas circunstancias, es decir, no uso excesivo de la fuerza, llegar y con estricto apego a todo el entrenamiento que tienen, hacen una especie de encapsulada en los manifestantes, en un primer momento hubo confrontación, resistencia, empujones por parte de las personas que estaban ahí… Gracias a la presencia de la Policía se libera la vía, están y pueden tener su manifestación sin bloquear la vialidad”.

Guadalupe Murgía, secretaria de gobernación de Querétaro

La versión de las organizaciones, sin embargo, es otra.

Detenciones irregulares

Anticipadamente, las organizaciones que integran la Red en Defensa de la Vida y el Agua solicitaron la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante esta protesta. Temían represión.

De acuerdo con el titular de esta comisión, Javier Rascado Pérez, sí hubo presencia del organismo autónomo durante la protesta. Sin embargo, al momento de las detenciones, activistas acusan que no estaban los funcionarios.

En entrevista con Edith Andrade, asesora legal de las personas detenidas, declara que de manera evidente, los funcionarios de la Comisión “no estuvieron 24/7 en el momento”; pero añade que, posterior a los hechos, “sí han estado en comunicación con las familias”.

Un hecho que respalda la versión de los manifestantes es que, al momento en que arribaron los policías a la protesta, varios de ellos comenzaron a llamar a las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos. Javier Rascado, titular de la comisión, confirma las llamadas durante una entrevista:

“Hemos recibido llamadas desde que inciaron los hechos; se han recibido llamadas a la defensoría, a la gente que estaba de guardia (…) La mayoría son para manifestar los hechos, señalar que estaban los hechos, que se estaban dando”, precisa.

No obstante, Rascado confirma que hasta el momento no hay quejas por las agresiones a los manifestantes; pero sí sobre las tres personas detenidas.

Edith Andrade confirma esta afirmación.

“Lo que tengo es que se entrevistaron con los detenidos, y cada uno decidió hacer el respectivo procedimiento de queja”.

Edith Andrade, abogada

Asimismo, la abogada sostiene que las detenciones se realizaron de forma irregular; con uso excesivo de la fuerza y sin resguardar la seguridad de las personas que fueron arrestadas.

Son irregulares, arbitrarias, atentan contra el derecho a la protesta, libertad de reunión, derechos de comunidades originarias, uso excesivo de la fuerza pública”, añade.

Como ejemplo, sostiene, está la detención del joven Francisco Garrido. En los videos que se difundieron por redes sociales se aprecia como los policías lo arrastran sobre el piso; después, lo avientan a la cajuela de una patrulla; y, posteriormente, sin resguardar su integridad, la unidad avanza sin cerrar la puerta, lo que pudo haber provocado que el joven callera al asfalto.

De igual forma, Edith Andrade afirma que, durante las primeras horas, los detenidos estuvieron incomunicados. Fue la presión social, resalta, la que logró que la Fiscalía accediera a comunicarse con sus familiares y representantes legales.

“Costó trabajo que nos dijeran dónde estaban; fue después de insistir que supimos que estaban en la unidad número cinco de la fiscalía. Esto, obviamente, es una violación a sus derechos y afecta, psicológicamente, a las familias”, precisa.

Por otra parte, a los detenidos y sus representantes legales, no se les ha informado los delitos que se les imputan.

“Tan solo el caso de un joven sabemos que le están imputando delitos relacionados a la desobediencia y resistencia a particulares, así como obstrucción de la vía pública” precisa la abogada.

Estos hechos, reflexiona Edith, son parte de una estretegia de criminalización de la protesta social que el gobierno del estado ha implementado en contra de quienes contravengan sus intereses.

Lamentablemente, dice, “no es la primera vez que sucede”.

 El fantasma de la represión en Querétaro

Un año atrás, en marzo de 2021, los habitantes de Santiago Mexquititlán comenzaron a denunciar el robo del agua en su comunidad por pipas privadas. En ese entonces la policía respondió con disparos al aire.

Posteriormente, habitantes de la comunidad sufrieron detenciones irregulares, con detonaciones de armas de fuego, y, en otros casos, con fabricación de delitos por parte de la fiscalía estatal.

Meses atrás, durante la protesta feminista del 8 de marzo, la misma Fiscalía abrió carpetas de investigación en contra de algunas mujeres que, aseguraban, habían participado en la marcha.

Aunque estos hechos ocurrieron bajo la administración del ex gobernador de extracción panista, Francisco Domínguez Servién; su sucesor (tambiñen panista), Mauricio Kuri González, no ha dudado en prolongar esta política.

Edith recuerda que, semanas atrás, cuando la contorvertida ley fue anunciada por el gobernador, éste emitió una serie de declaraciones que tendían a criminalizar las eminentes protestas que se desatarían desde la ciudadanía.

“Estas detenciones materializan las amenazas que había dado e gobierno del estado sobre la criminalización de las protestas por la aprobación por la ley de concesiones. Es una acción que denota bastante los verdaderos intereses de quienes detentan el poder”, acusa la abogada.

Este clima de criminalización fue alimentado por diputados panistas y funcionarios del gobierno. Argumentaban que la oposición a la ley estaba influenciada por los intereses del partido Morena.

No obstante, además de la facción legislativa de Morena en el congreso local, la ley fue duramente criticada por órganismos como el Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro (OCPAQ); la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); y organizaciones comunitarias apartidistas como el Consejo Autónomo de Gobierno de Santiago Mexquititlán y la Asamblea en Defensa del Barrio de San Francisquito.

Desde ese entonces se anunciaron protestas. Asimismo se exigieron vetos a la ley y se promovieron acciones de inconstitucionalidad.

El gobernador, sin embargo, reparó en declarar que “¡Si ya está privatizada! Lo único que queremos hacer es regularizar lo que ya está privatizado”. Luego, cuando se anunciaron las protestas, dijo, en tono irónico, que “Dios nos da el agua, pero no la entuba”.

Para Edith, estas declaraciones son “un reflejo de las verdaderas intenciones y el alcance que tiene el gobierno para reprimir la protesta social. Va a seguir criminalizando a los diferentes grupos y sectores sociales que han hecho frente a las arbitrariedades de esta administración”.

Aunado a esto, la abogada, así como organizaciones y activistas de la entidad, han denunciado que el gobernador ha usado, arbitrariamente, el aparato estatal para reprimir a las disidencias.

Uso selectivo del aparato para reprimir: acusan activistas

Como ejemplo, recuerdan, esta la falta de voluntad política para esclarecer los casos de personas desaparecidas en la entidad, así como la violencia que se genera en los espectáculos donde el gobierno tiene negocios, como lo ocurrido en el estadio Corregidora.

“En Facebook simpatizantes del Partido Acción Nacional han celebrado los actos de la policía estatal, cuando en otros escenarios catastróficos, como el del estadio corregidora, en ningún momento se hizo uso de la policía estatal y los antimotines (…) Esto demuestra que los intereses políticos para aprobar la ley hacen que se muevan el aparato, no en favor de la ciudadanía, sino de los intereses privados”, sostiene Edith Andrade.

Un hecho que refuerza esta narrativa es la declaración de la secretaria de gobierno respecto a las detenciones de este viernes. Murgía, a través de un comunicado, sostuvo que “como resultado de la intervención policial, se logró la detención de tres personas, las cuales fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades”.

Y añadió que “se tiene conocimiento que varios de los integrantes eran provenientes de diferentes estados de la república, principalmente del Estado de México, además de tener filias partidistas”.

Los detenidos, sin embargo, no militaban en algún partido. Eran un ciudadano; un estudiante de la Universidad; y, en el caso de José Armando Isidro, una persona originaria de Santiago Mexquititlán que vive en la Ciudad de México.

La presencia de “las personas provenientes de otros estados” se explica por las redes organizativas que la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán ha tejido con organizaciones como el CNI y el Congreso Nacional Indígena. Nunca han ocultado su afinidad al zapatismo, y en muchas acciones, inclusive, han acuerpado acciones en la toma del INPI. La solidaridad ha sido recíproca.

Hasta el momento, y después de que este reportero insistiera en una declaración de la Fiscalía Estatal, el órgano judicial de la entidad se ha deslindado de su proceder. Argumentan que fue una acción por parte de la Secretaría de Gobernación.

Asimismo, en el comunicado de Guadalupe Murgía, afirma que el despliegue policial contó con el visto bueno del gobernador del estado.

Los detenidos fueron liberados. Sin embargo, los cargo en su contra siguen vigentes, por lo que enfrentaran su proceso en libertad condicional. Por un momento se desconoció su paradero; pero después se informó que estaban en la Unidad número 5 de la Fiscalía Estatal.

Diversas organizaciones nacionales, y locales, emitieron pronunciamientos y acciones urgentes para exigir que los tres detenidos fueran puestos en libertad. Asimismo, se promovió un amparo que argumentó la violación a sus derechos procesales.

Por su parte, el gobernador, a diferencia de diputados y funcionarios que han aplaudido el proceder de la policía estatal, no ha emitido alguna declaración.

Mientras, la ley de suministro de aguas del estado de Querétaro sigue vigente. Se esperan protestas en los próximos días.