Vienen seis meses complejos, en los que todos los incentivos están puestos para la confrontación política, no para el acuerdo. El calendario del primer semestre anticipa mucha estridencia y pocas posibilidades de diálogo
Twitter: @chamanesco
El 2022 no empezará como un año de diálogo y grandes acuerdos políticos.
El calendario del primer semestre anticipa varios episodios de disputa del presidente Andrés Manuel López Obrador, su partido y sus simpatizantes, frente a los partidos de oposición, las autoridades electorales y aquellos a quienes ha colocado como sus adversarios (intelectuales y periodistas críticos, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, universidades, empresarios no alineados…).
Por su propia naturaleza, el proceso de Revocación de Mandato dividirá al país entre simpatizantes y detractores de AMLO, y seguirá generando tensiones entre la 4T y el Instituto Nacional Electoral, con el Poder Judicial como el gran mediador.
El proceso electoral iniciado ya en seis estados tendrá varias fases de confrontación: las precampañas, entre enero y febrero; las campañas, en abril y mayo, y la jornada electoral del domingo 5 de junio. Con una previsible intervención del presidente, al menos a través de declaraciones mañaneras, Morena tratará de mantener su expansión territorial, mientras PRI y PAN lucharán por no seguir perdiendo territorios.
El periodo ordinario de sesiones del Congreso transcurrirá entre el 1º de febrero y el 30 de abril, y en él se prevé la discusión de la propuesta de reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo. Al ser una reforma constitucional, Morena y sus aliados no podrán mayoritear a la oposición. Sin embargo, los acuerdos se antojan difíciles en medio de las contiendas electorales y la consulta de Revocación de Mandato.
El año comienza con un tema candente: la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este mes, el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo la revisión de más de 11 millones de firmas entregadas vía la aplicación electrónica o en formatos físicos por los simpatizantes del presidente, quienes paradójicamente son los (casi únicos) promotores de un ejercicio que tiene como objetivo legal revocarle el mandato a López Obrador.
El INE recibió un millón 382 mil 31 firmas vía la App, de las cuales un millón 117 mil 796 pasaron la primera revisión; es decir, se encuentran efectivamente en la Lista Nominal de Electores y no presentaron inconsistencias.
Además, le fueron entregadas 3 mil 280 cajas con nueve millones 715 mil 929 firmas en formatos físicos, las cuales están siendo verificadas y cuantificadas. Hasta el 30 de diciembre, se habían verificado 2 millones 462 mil, de las cuales 2 millones 456 mil pasaron el primer filtro.
Los datos hacen suponer que sí se alcanzarán las 2 millones 758 mil 227 firmas, con la dispersión requerida de mínimo 17 entidades con más del 3 por ciento de electores, para que el INE pueda convocar formalmente al proceso.
Aunque el plazo de 40 días para llevar a cabo la revisión concluye hasta el 3 de febrero, el INE ha dicho que una vez que se llegue al umbral del 3 por ciento hará la notificación pública respectiva, y emitirá la convocatoria.
Este paso permitirá, a su vez, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el fondo de la controversia que se ha generado entre el INE, la Cámara de Diputados y el Ejecutivo, en torno a los recursos que se requieren para llevar a cabo este proceso.
Así las cosas, en enero seguiremos hablando de este tema que, una vez emitida la convocatoria, podría generar aún más encono, pues en ese momento entrarán en vigor las restricciones constitucionales que impedirán al presidente hablar del tema en sus discursos y conferencias de prensa mañaneras, lo cual se anuncia como una nueva fuente de tensión entre el lopezobradorismo y la autoridad electoral.
El primer día de este mes iniciará el segundo periodo ordinario del primer año de la LXV Legislatura, con cientos de iniciativas pendientes de procesar, pero con un tema ardiente sobre la mesa: la reforma eléctrica promovida por el presidente.
El tema generó una agria discusión entre los partidos políticos, el gobierno y los sectores productivos desde que se presentó la iniciativa el pasado 1 de octubre, y se prevé que generará nuevas tensiones en el Congreso a partir de este mes.
Al tratarse de una reforma constitucional, a Morena y sus aliados les hacen falta decenas de votos para aprobarla, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, por lo que tendrían que negociar -previsiblemente con el PRI- para sacar adelante su reforma.
Esto, a su vez, tensará las cosas dentro de la coalición legislativa Va por México, en donde los dirigentes del PAN, PRI y PRD han dicho que no irán con una reforma “regresiva” en materia energética. La postura de las cúpulas partidistas dependerá de la obediencia de sus legisladores.
En el Senado, donde Morena tiene 61 escaños, más 14 del PVEM, PT y PES, los 13 votos del PRI lo llevarían a alcanzar la mayoría calificada de 85 senadores.
Mientras que, en San Lázaro, Morena y sus liados tienen 278 diputados y requieren 56 más para alcanzar la mayoría calificada de 334. El PRI tiene 70 curules.
Con esta aritmética legislativa, el lopezobradorismo tendrá que lidiar en febrero -y durante todo el año- si pretende que se aprueben sus reformas constitucionales que tiene en mente.
El 11 de este mes se cumplirán dos años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente que la covid-19 era una pandemia.
Para este mes, México tendría que estar alcanzando la cobertura de vacunación en toda su población adulta, que hasta el 21 de diciembre pasado alanzaba el 88 por ciento (88.9 millones de personas mayores de 18 años).
Al mismo tiempo, ha iniciado la vacunación a jóvenes de 15 a 17 años y el registro para personas de 12 a 15 años con comorbilidades.
Para el mes de marzo, de acuerdo con las tendencias de la Secretaría de Salud, México habrá rebasado los 4 millones de casos y las 300 mil muertes a causa de esta enfermedad. (Al 31 de diciembre, se contabilizaban 3 millones 979 mil 723 casos y 299 mil 428 decesos).
La vacunación en menores de edad y la aplicación de dosis de refuerzo en población adulta seguirán siendo grande retos para el gobierno, no sólo desde el punto de vista logístico sino económico, pues el país seguirá gastando miles de millones de pesos en vacunas para proteger a la población.
La evaluación sobre el manejo de la pandemia, las cifras de contagios y fallecimientos, y el alcance del plan nacional de vacunación también serán motivo de diferendos políticos, un tema central de la calificación al presidente y de las campañas electorales.
El domingo 10 de abril es la fecha marcada en el calendario para que se celebre la consulta de Revocación de Mandato.
Si la SCJN y/o la Secretaría de Hacienda resuelven el tema presupuestal, el INE estará instalando 162 mil casillas en todo el país, para que más de 92 millones de personas puedan acudir a emitir su voto en una papeleta que dirá:
“¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”
Con dos respuestas posibles: “Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza”. / “Que siga en la Presidencia de la República”.
Para que la revocación fuese efectiva, tendrían que cumplirse dos supuestos: que participe al menos el 40 por ciento de la Lista Nominal de Electores, y que más del 50 por ciento de quienes participaron votaran porque se le revocara el mandato.
Cualquier otro resultado carecerá de efectos legales.
En lo político, el presidente y sus simpatizantes quieren convertir el proceso en un “ejercicio de pedagogía pública”, y en una demostración de fuerza a sus opositores, por lo que tratarán de que acudan a las urnas la mayor cantidad de simpatizantes a “ratificarle” el mandato.
La duda es si la 4T consigue que participen los más de 17 millones de electores que votaron por Morena y sus aliados en 2021; los 11 millones de personas que supuestamente firmaron para que este proceso se lleve a cabo, o a menos los 7 millones que participaron en agosto de 2021 en la consulta de “juicio a expresidentes”.
En este mes de abril, además, iniciarán las campañas en los seis estados que renovarán sus gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Las campañas en seis estados marcarán el mes.
Se prevé que Morena haga campaña con sus aliados, PVEM y PT, y en algunos estados con el partido Nueva Alianza.
Si resuelve sus diferencias internas, sus candidatos serán: la ex delegada de Programas del Bienestar, Nora Ruvalcaba Gómez, en Aguascalientes; la ex alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela Rodríguez, en Durango; el senador Julio Menchaca Salazar, en Hidalgo; el senador Salomón Jara, en Oaxaca; la ex alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama Espinoza, en Quintana Roo, y el senador Américo Villarreal Anaya, en Tamaulipas.
La coalición PAN-PRI y PRD irá en alianza en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas.
Como ha ocurrido en los últimos tres años, el periodo de campañas estatales también generará tensiones entre el presidente, la oposición y la autoridad electoral, pues ha sido una constante la interferencia de López Obrador en los comicios con pronunciamientos en favor de los candidatos de Morena.
Pronunciamientos que se convierten en quejas que, al ser resueltas en el órgano electoral, provocan diferendos públicos entre dirigentes de Morena y los consejeros electorales.
El 5 de junio será la jornada electoral en la que Morena tratará de ampliar su presencia territorial.
Los estados en juego son gobernados actualmente por la oposición: Aguascalientes y Tamaulipas, por el PAN; Durango y Quintana Roo por la alianza PAN-PRD; Hidalgo y Oaxaca, por el PRI.
Un nuevo descalabro electoral de la oposición -como el ocurrido en 2021- dejaría al PRI con sólo dos gubernaturas (Coahuila y Estado de México), y al PAN con sólo cuatro bastiones (Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Yucatán).
Las posibilidades de Morena son mínimas en Aguascalientes, y se prevén contiendas cerradas en Durango y Tamaulipas. Sin embargo, el avance de la 4T sería significativo aunque sólo ganara tres estados, pues con ellos estaría llegando a 21 gubernaturas, lo que le daría una base territorial importante de cara al 2024.
Después de las elecciones, según ha anunciado el presidente López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se promoverá una reforma en materia político-electoral; la gran reforma que ha pretendido Morena desde que se instaló en el poder, supuestamente para “consolidar” la democracia y “purificar” el sistema electoral.
De concretarse la iniciativa presidencial en la materia, esa discusión marcará la segunda mitad del año. De eso hablaremos en una siguiente entrega.
Feliz año a todas y todos.
Periodista desde 1993. Estudió Comunicación en la UNAM y Periodismo en el Máster de El País. Trabajó en Reforma 25 años como reportero y editor de Enfoque y Revista R. Es maestro en la UNAM y la Ibero. Iba a fundar una banda de rock progresivo, pero el periodismo y la política se interpusieron en el camino. Analista político. Subdirector de información en el medio Animal Político.
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