La documentación con las familias de periodistas asesinados o desaparecidos en México revela también la problemática económica, social y emocional. Hay esposas, hijas e hijos de estas personas que narraron parte de sus experiencias depresivas, sus carencias y las necesidades afectivas.

Texto: Redacción Revista Espejo

CULIACÁN.-“Cuando un periodista es asesinado o desaparecido, sus familias deben afrontar múltiples obstáculos”, asegura Griselda Triana en el informe “En el Olvido”. Lo dice desde la experiencia personal: a su esposo, Javier Valdez Cárdenas, lo asesinaron el 15 de mayo de 2017. Después de 4 años, el caso del fundador del Semanario Ríodoce sigue impune, con dos personas presas, una condenada y otra más en ese proceso. Son dos pistoleros, pero el autor o autores intelectuales siguen sin ser señalados y, mucho menos, condenados por ese crimen.

Este informe fue auspiciado por el Fondo Resiliencia de Global Initiative. Durante un año Triana aplicó cuestionarios de 150 preguntas a 11 integrantes de las familias de ocho periodistas de los estados Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Veracruz, cinco de ellos asesinados y tres desaparecidos.

Los temas se centraron en las condiciones económicas, de salud, de seguridad y de acceso a la justicia de las víctimas indirectas, así como la atención recibida y redes de apoyo.

El diagnóstico es atroz

“Las posibilidades de obtener justicia por los crímenes de periodistas en México, de que sus familias puedan ejercer sus derechos como víctimas y de contar con los apoyos suficientes y necesarios que les permita dar un nuevo significado a sus vidas, son prácticamente nulas. En su mayoría, quienes ahora están al frente de estas familias y del seguimiento a las investigaciones carecen de redes de apoyo, o las tienen, pero no han logrado identificarlas”, señaló la Periodista y Conductora de Siempre Vivas, programa que forma parte de Violeta Radio.

“La atención psicológica a cargo del Estado hacia las familias víctimas ha sido deficiente e insuficiente; en algunos casos incluso se les ha revictimizado y han renunciado a sus terapias. En otros, se les ha ofrecido solo por un corto periodo y hay familias que han costeado esta atención con sus propios recursos. No se les ha hablado de la disponibilidad de servicios psiquiátricos como opción para su atención, por lo que no los solicitan”.

En todos los casos, los cuestionarios se aplicaron a familiares cuya edad oscila entre los 47 y los 67 años y que están directamente involucrados en el seguimiento de los procesos de investigación judicial. De los 11 familiares que participaron, dos son hombres y nueve son mujeres, la mayoría esposas, ya que son estas las que generalmente asumen las tareas de búsqueda de justicia a favor de los periodistas asesinados o desaparecidos.

En la investigación, Triana documentó distintas vulnerabilidades cotidianas de los periodistas, como la falta de seguridad social y otras prestaciones.

“La esposa de otro periodista asesinado relató que al reclamar el «pago de marcha» (prestación a favor de los sobrevivientes por concepto de gastos funerarios de trabajadores pensionados y jubilados) supo que su esposo no contaba con seguridad social en el medio que trabajaba. Este beneficio, que consiste en el pago de 120 días o cuatro meses de la pensión que él percibía al momento de morir, se reflejó en 16,500 pesos (825 USD) que el medio otorgó a cada hijo tras el asesinato de su padre. Al limitar los derechos laborales a los periodistas, los medios obstaculizan el acceso a otros derechos a sus familias como lo es un apoyo inmediato para enterrarlos o velarlos“, señaló.

Las familias que aceptaron dar su testimonio reconocieron desconocer los derechos que tienen y que parte de ello corresponde a la falta de atención de las autoridades encargadas, así como por recortes presupuestales a dependencias, entre ellas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

“Pese a que el número de víctimas va en aumento, el presupuesto anual de la CEAV se redujo en los últimos dos años: en 2008 fue de 976 329 241 pesos y en 2020 de 855 454 264 pesos (unos 43 000 USD anuales). El recorte ha impactado al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a favor de las víctimas”, señaló Triana.

La organización Reporteros sin Fronteras registró 50 periodistas asesinados en su balance anual de agresiones contra la prensa en el mundo, cifra muy cercana a la presentada en 2019, cuando no había restricciones de movilidad. Hasta el 2016, los asesinatos se concentraban en zonas de conflicto o guerra; hoy se matan a periodistas en países considerados en paz, como México, India, Pakistán, Filipinas y Honduras.

Sin embargo, aunque el contexto violento de México podría asemejarse al de otros países en situaciones de conflicto o guerra, los crímenes se perpetúan al mismo nivel y con la misma impunidad.

En México hay un problema más, la revictimización desde las autoridades y en este informe se da cuenta de ello. Triana vio cómo cuatro de las 11 familias habían sufrido algún tipo de intimidación durante las investigaciones judiciales para que se desistieran. Entre esas intimidaciones hubo desde sobornos a cambio de abandonar su lugar de residencia y obstrucción para el acceso a expedientes.

“En una de las entrevistas, un familiar señaló que un agente del ministerio público entrevistó a la hija menor de edad de la víctima, en su domicilio, el mismo día de los hechos, sin notificar a su madre y en contra de la solicitud de esta de no hacerlo. Su hija fue testigo de los hechos y durante la entrevista fue presionada psicológicamente”, aseguró.

“Otro familiar declaró que Javier Duarte, entonces gobernador del estado de Veracruz (ubicado al sur de México), ofreció 100 mil pesos (unos 4 900 USD) a un integrante de la familia por irse del estado. Le humillaba y criminalizaba”.

La documentación con las familias de periodistas asesinados o desaparecidos en México reveló también la problemática económica, social y emocional. Hay esposas, hijas e hijos de estas personas que narraron parte de sus experiencias depresivas, sus carencias y las necesidades afectivas.

Es decir, la ausencia de una o un periodista no es solo un atentado a la libertad de expresión, sino el mayor atentado a familias enteras que sobrevivían con sueldos miserables, sin prestaciones, con altas demandas de estrés por cubrir la violencia de este país.

La periodista analizó cada uno de los casos y encontró también que la mayoría de los familiares busca apoyarse en expertos de manera particular para encontrar fuerzas. Algunas veces son organizaciones religiosas y otras más de superación personal.

Sin embargo, no hay aún redes de apoyo entre familiares, ni grupos de ayuda en atención a ellas y ellos.

“La ausencia de mecanismos efectivos para atender a las víctimas, incluyendo canales transparentes y accesibles de comunicación con el gobierno, vulnera el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia contemplados en la constitución mexicana y los tratados internacionales de los que México es parte”, señaló.

“Aunque este estudio recoge las experiencias de ocho casos y no representa un universo más amplio de víctimas, es posible afirmar que el Estado mexicano atiende parcialmente los derechos de las familias de los periodistas que han sido asesinados o desaparecidos en el país mientras ejercían su profesión”.

• Este Texto se publicó originalmente en Revista Espejo. Aquí puedes consultar la publicación original.