Una comitiva de habitantes de Arantepacua, Michoacán, viajó a Ciudad de México para solicitar a la Fiscalía General de la República que investigue la orden del ataque a esa comunidad en 2017, en la que decenas de policías estatales acudieron a esa comunidad a reprimir y castigar; el saldo fue de cuatro muertos y decenas de heridos

Texto y fotos: Arturo Contreras Camero

CIUDAD DE MÉXICO.- “Vinimos una comitiva de Arantepacua con la finalidad de dejarle claro al señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, si a lo mejor no lo conoce, para que sepa, que conozca la situación de los hechos lamentables que sufrimos el 5 de abril en la comunidad” dice Marco Antonio Pascual, integrante del Concejo Comunal Indigena de Arantepacua, una comunidad en el municipio de Nahuatzen, Michoacán. 

Detrás de él, cuatro filas de policías, con escudos y protecciones, custodian el ingreso a la Plaza de la Constitución. En unos momentos más, la plancha del zócalo sería testigo de la ceremonia de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán. Pero para los indígenas de Michoacán, hoy no hay cupo en la plaza.

El caso que le llevan al presidente exhibe el uso excesivo de la fuerza que el gobernador de ese estado, Silviano Aureoles, desplegó contra esta comunidad el 5 de abril de 2017. Ese día cientos de policías estatales, con equipo antimotines, llegaron a la comunidad con la única consigna de reprimir. 

Las tropas policiales golpearon a decenas de civiles, entraron en media centena de casas y, entre las agresiones, asesinaron a cuatro personas. Los hechos fueron documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en diciembre de 2020 emitió una recomendación en la que reconoce la responsabilidad del gobernador Aureoles Conejo en los hechos.

“Nuestro objetivo es que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, porque en el estado de Michoacán tenemos un ‘fiscal carnal’, es una persona incondicional al gobierno de Silvano Aureoles”. Marco Antonio se refiere a Adrián López Solís, titular de la Fiscalía de ese estado y quien, de 2015 a 2020, también fungió como secretario de Gobierno de Silvano Aureoles. 

Hasta el momento, la investigación por parte de la fiscalía estatal está detenida, por lo que los pobladores de la comunidad buscan la intercesión de la FGR. 

“Esperemos que la Fiscalía General de la República sí tome en cuenta la solicitud que estamos haciendo para que ellos actúen conforme a Derecho”, dice con ilusión Marco Antonio. 

Una representación de cinco personas de la comitiva fue recibida durante su protesta en las calles del zócalo de la Ciudad de México. Horas más tarde, la gente de Arantepacua acudió a la Fiscalía General de la República, donde presentaron una denuncia formal en contra de Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, y 46 funcionarios más de ese gobierno por los delitos de homicidio, tortura, privación de la libertad y allanamiento de morada, entre otros. 

Arturo Contreras

Periodista en constante búsqueda de la mejor manera de contar cada historia y así dar un servicio a la ciudadanía. Analizo bases de datos y hago gráficas; narro vivencias que dan sentido a nuestra realidad.